Las dos primeras sesiones del último juicio del caso Montecarlo se han suspendido. Con motivo de la huelga de letrados de la administración de justicia, la vista arrancará el próximo martes 7 de febrero en Arrecife y no este 31 de enero como estaba previsto.
El juicio arrancará con las cuestiones previas y la declaración de los testigos. Además, las sesiones se distribuirán entre Arrecife (7, 9, 10 y 13 de febrero) y Las Palmas de Gran Canaria (8, 14 y 15 de febrero).
Esta última pieza del caso Montecarlo investiga pagos presuntamente ilegales por servicios no prestados a la empresa Tunera Producciones. En el banquillo de los acusados se sentarán once personas, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración, prevaricación administrativa y falsedad documental.
Para todos ellos la Fiscalía pide, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este periódico, entre tres y seis años de prisión, el pago de multas y la posible devolución al Ayuntamiento del dinero supuestamente saqueado de las arcas públicas de la capital.
Entre los acusados está José Montelongo (PSOE), ex alcalde de Arrecife y concejal de Hacienda en el momento de los hechos. Junto a él se sentará en el banquillo el ex interventor de Arrecife, Carlos Sáenz.
El resto de acusados son los exconcejales Eduardo Lasso (PIL), Isabel Martinón (PNL), Víctor Sanginés (PSOE) y el ex concejal Lorenzo Lemaur (PP), el empresario y propietario de Tunera Producciones Eduardo Ferrer y varios trabajadores del Ayuntamiento: José Nieves Caraballo, Miguel Ángel Leal, Blas Antonio Cedrés y Francisco Hernández Betancort.
En el escrito de la Fiscalía se recoge que entre 2009 y 2012, el entonces interventor Carlos Sáenz, valiéndose de su puesto en la corporación municipal, “se concertó” con el propietario de Tunera Producciones para la “obtención ilegal de fondos públicos” del consultorio. En algunos casos, a través del abono de fondos públicos por servicios “que nunca se prestaron”.
Uno de los ejemplos de este supuesto modus operandi descrito por la Fiscalía data de 2010, cuando la empresa recibió 63.000 euros para realizar un estudio de conclusiones del Proyecto de Apoyo al desarrollo de las acciones y programas de los centros socioculturales de la ciudad. Un trabajo que, según el escrito de acusación, Tunera nunca prestó.
En los casos en los que la empresa sí prestó el servicio, la Fiscalía detectó que el Ayuntamiento vulneró la normativa de contratación pública. La corporación municipal adjudicó de manera “directa y arbitraria" los contratos cuando debía sacarlos a concurso público. Mediante este mecanismo, la compañía obtuvo en 2009 más de 320.000 eurosde dinero público a través de diferentes facturas en el marco del Festival Malpaís de 2009.