La Fiscalía solicita nueve años de prisión para un joven que será juzgado el próximo martes 30 abril por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, acusado de agredir sexualmente a otra joven en Arrecife en 2017. Asimismo, el Ministerio Público reclama que indemnice a la víctima con 30.000 euros.
Según se recoge en el escrito de acusación, los hechos tuvieron lugar el 25 de diciembre de 2017, cuando el Ángel Esmil Camilo, que entonces tenía 18 años, se encontraba en compañía de la víctima y de un conocido en el interior del domicilio de la joven, "hallándose también en el lugar la madre de esta última".
En un momento dado, según el Ministerio Fiscal, el procesado acompañó a la joven a su habitación y, "una vez ésta se hubo tumbado en la cama, aprovechando que la misma se hallaba en un estado de adormercimiento como consecuencia de la previa ingesta de alcohol", se situó "encima" de ella "y la penetró vaginalmente".
Al despertar, añade el escrito de acusación, la joven "se opuso activamente a la relación sexual, tratando de empujar al acusado a fin de apartarlo de encima suyo" pero éste "le tapo la boca con la mano, presionando, para impedir que gritara, mientras que con la otra mano la sujetaba el cuerpo", al tiempo que continuaba con la agresión sexual.
Finalmente, según Fiscalía, la joven "logró gritar" y, como consecuencia de ello, "acudieron a la habitación su madre y el conocido que allí se encontraba, quienes lograron apartar al procesado y empujarle al suelo, huyendo éste a continuación del domicilio".
Libertad vigilada durante otros nueve años tras el cumplimiento de la pena
El Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual y, por ello, pide para Ángel Esmil Camilo una pena de nueve años de prisión, así como la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, de su domicilio, lugar de trabajo y cualquier otro sitio frecuentado ella, así como comunicarse con la joven, durante un periodo de 20 años.
De ser condenado, Fiscalía también solicita que se le imponga al acusado la medida de libertad vigilada durante nueve años una vez cumpla la pena de prisión, con la prohibición de acercarse a la víctima o comunicarse con ella y con la obligación de participar en cursos de educación sexual.