El ex interventor Carlos Sáenz volverá a sentarse en el banquillo la próxima semana con una nueva petición de seis años de cárcel por otro presunto desfalco en el Ayuntamiento de San Bartolomé con el pago fraudulento de casi 600.000 euros entre los años 2004 y 2007. En la causa están también acusados el ex concejal del PP Pedro Reyes y el empresario José Daniel Hernández, que ya fue condenado junto a Sáenz en una pieza del caso Unión, por cobrar facturas por servicios no prestados del Ayuntamiento de Arrecife.
En esta nueva causa iniciada hace años y que llegará ahora a juicio, la Fiscalía pide que los tres sean condenados por delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil, fraude y malversación de caudales públicos. Tanto para Sáenz como para Pedro Reyes pide seis años de cárcel y diez de inhabilitación, mientras que para el empresario solicita cinco años y seis meses de prisión y nueve años de inhabilitación.
En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que los tres acusados se pusieron de acuerdo e "idearon un plan que tenía por objeto la arbitraria expoliación de fondos del Ayuntamiento de San Bartolomé", para que José Daniel Hernández "obtuviera un enriquecimiento patrimonial ilícito". Para ello, "crearon la apariencia de que se iban a prestar determinados servicios de iluminación y otros de electricidad en el municipio de San Bartolomé, a sabiendas de que en muchas ocasiones, tales servicios no iban a ejecutarse".
"Múltiples expedientes" para crear "la ficción de adjudicación directa"
Los hechos son casi idénticos a los que ya se juzgaron en la pieza número 13 del caso Unión, pero en ese caso centrados en Arrecife. En esa pieza fueron condenados tanto Sáenz como José Daniel Hernández, además del ex concejal de Hacienda José Miguel Rodríguez y el jefe de la Oficina Técnica de la capital, Rafael Arrocha, por la malversación de un cuarto de millón de euros.
En San Bartolomé, donde Carlos Sáenz también era interventor, Hernández llegó a cobrar 582.813 euros a través de una de sus empresas, Proyectos y Servicios de Lanzarote, "prescindiendo total y absolutamente de las normas que regulaban el procedimiento de contratación pública" y "bajo la ficción de múltiples expedientes". En ellos, según la Fiscalía, "se creaba la ficción de adjudicación directa por contrato menor", cuando lo cierto es que la cuantía impedía recurrir a ese procedimiento y obligaba a sacarlo a concurso.
Además, de los 36 expedientes que se tramitaron, la Fiscalía sostiene que "al menos en 13 de ellos no se llegó a realizar la obra o a prestar el servicio objeto del contrato". De esta forma, considera acreditado que como mínimo 155.061 euros se abonaron sin que el Ayuntamiento obtuviera contraprestación alguna, por lo que ésa es la cantidad que reclama que los tres acusados devuelvan de forma solidaria al Consistorio.
Pagos "simulando que el servicio o la obra se habían desempeñado"
"El acusado José Daniel Hernández Arráez presentaba en la intervención municipal las facturas correspondientes a los supuestos servicios prestados, describiendo en cada una de ellas el servicio prestado o la obra realizada y el importe que debía serle abonado, pese a saber que dichas facturas no obedecían a contrato alguno y que en determinados casos no se había ejecutado la obra descrita en ningún momento", sostiene el escrito de acusación.
En cuanto a Pedro Reyes, señala que firmó la conformidad de 17 de esas facturas en calidad de concejal de Servicios Públicos, "pese a tener conocimiento de su mendacidad, asumiendo el gasto y simulando que el expediente de contratación era válido y que el servicio o la obra se habían desempeñado en las condiciones pactadas".
Por último, como interventor, Carlos Sáenz "procedía a autorizar arbitrariamente el gasto consignado en cada una de las facturas, reconociendo la obligación de pago por parte del Ayuntamiento, a sabiendas de que, en muchas ocasiones, no se habían prestado los servicios descritos y de que su proceder era totalmente incompatible con la normativa administrativa de contratación pública aplicable".
Otro saqueo ya condenado y con confesiones
Además de las condenas y de los juicios que aún tiene pendientes en el caso Unión por malversar fondos públicos de Arrecife, Carlos Sáenz ya había sido condenado también por otro saqueo en San Bartolomé, dentro de la primera pieza que ha ido a juicio del caso Montecarlo. En esa pieza, tanto él como el resto de acusados reconocieron los hechos y aceptaron las penas que solicitaba para ellos la Fiscalía, tras alcanzar un acuerdo de conformidad.
Ese fallo que ya es firme condenó al ex interventor tres años de prisión; a dos años y medio al empresario José Vicente Montesinos y a un año de cárcel al tesorero, Luis Manuel Rodríguez, al ex alcalde de CC, Miguel Martín, y al ex concejal de Hacienda por el PP, Javier Betancort, por autorizar pagos por servicios no prestados a las empresas de Montesinos.
En sus hechos probados, que fueron reconocidos por los acusados, la sentencia señala que entre los cinco contribuyeron a malversar en total más de 470.000 euros entre los años 2002 y 2012, cada uno desde el cargo que ocupaba en el Consistorio. En esa causa también estaba acusado otro ex concejal del PP, Cándido Reguera, que no llegó a juicio ya que falleció durante la instrucción. Reguera fue edil de Hacienda en San Bartolomé y después alcalde de Arrecife, en un periodo por el que también estaba acusado en otras piezas de Montecarlo junto a Carlos Sáenz y Javier Betancort.