La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará el próximo miércoles 22 de enero en Arrecife a un hombre acusado de violar a la sobrina de su pareja, menor de edad, en Lanzarote.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos comenzaron en mayo de 2016, cuando el procesado D.J.L.S., "con ánimo de calmar sus deseos libidinosos", aprovechó que estaba solo en la vivienda de Arrecife con la menor de 13 años. El hombre, que estaba tumbado en una cama viendo la televisión con la niña, aprovechó para "aproximar sus genitales contra ella", mientras "simulaba estar dormido".
A la semana siguiente, el Ministerio Público le acusa de presuntamente empezar a tocar las partes íntimas de la niña, "meterle mano por debajo de la ropa para acariciarle la vagina" y asegura que empezó a agredirla sexualmente "casi a diario".
La Fiscalía expone que en junio de 2016, D.J.L.S. le dijo a la menor que había tenido un sueño en el que "le quitaba la virginidad y que quería cumplirlo". Dos semanas después, el acusado presuntamente comenzó a besarla, a tocarle los pechos, la vagina, así como a desnudarse, le quitó el pijama y la penetró. Tras ello, el Ministerio la acusa de penetrarla analmente y continuar haciéndolo "con regularidad".
El Ministerio Fiscal expone que estos hechos "comenzaron a reproducirse de manera cada vez más habitual". Tras ello, el hombre forzó a la menor a hacerle una felación, "moviendo la voluntad de la menor ante el miedo" de que "pudiera hacerle daño o contárselo a su hermana".
Según la acusación, los hechos fueron "reiterados" y se prolongaron durante dos años, desde mayo de 2016 hasta finales de 2018. La menor presentó la denuncia en 2020, cuando "afectada por lo sucedido y por miedo a que pudiera repetir tales conductas con su prima menor", decidió denunciar.
El Ministerio Público califica los hechos como un delito continuado de abuso sexual a menor de dieciséis años con penetración, por ser anterior a la reforma operada por la Ley Orgánica 10/2022, conocida como la Ley del Solo Sí es Sí, que sería calificado como agresión sexual.
Por estos hechos, solicita para el acusado 12 años de prisión, accesoria inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, además de la prohibición de acercarse a la víctima, su vivienda, su lugar de trabajo, estudio o cualquier otro lugar donde se encuentre a una distancia de 500 metros, al igual que comunicarse con ella por un periodo de 15 años.
Así pues, también solicita una medida de libertad vigilada por tiempo de diez años, después de salir de prisión. Además, pide que se le inhabilite durante 17 años para ejercer cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores. Además, del pago de las costas procesales.
Finalmente, de resultar culpable, el procesado deberá indemnizar con 20.000 euros a la superviviente por los daños morales ocasionados.