La Fiscalía Europea contra el Fraude consideró este jueves que es competente para asumir el caso Koldo, en el que la Audiencia Nacional ha investigado hasta ahora la adjudicación de una serie de contratos de mascarillas a una empresa en pandemia y en la que uno de los principales imputados es Koldo García, exasesor del exministro José Luisvie Ábalos.
Tras solicitar información al juez al comprobar que uno de esos contratos estaba cofinanciado con fondos europeos, la Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO, en sus siglas en inglés) tomó este jueves la decisión de hacerse cargo de la investigación judicial que llevaba a cabo hasta ahora la Audiencia Nacional.
La EPPO, que ya había asumido la investigación de las adjudicaciones de los gobiernos de Islas Baleares y Canarias a esa misma empresa, pretende así "investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas a la misma empresa en un breve periodo de tiempo", según informó en un comunicado.
¿Qué ocurre ahora?
Fuentes jurídicas informaron a EFE en Madrid de que ahora el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno pedirá un informe a la Fiscalía Anticorrupción, encargada de la investigación con él hasta ahora.
Tras recibir ese informe, que no es vinculante, si Anticorrupción se opone a la pretensión de la Fiscalía Europea, el magistrado puede plantear una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo, que es el que decidirá quién se queda el caso, como dicta la norma que regula en España la Fiscalía Europea.
El reglamento de la Fiscalía Europea establece que cuando esta ejerza su derecho de avocación sobre una causa, "las autoridades competentes de los Estados miembros le transferirán el expediente y se abstendrán de realizar nuevos actos de investigación en relación con el mismo delito", precisaron otras fuentes.
Si finalmente la EPPO se queda con la investigación, el juzgado de la Audiencia Nacional que la dirigía hasta ahora la dejará completamente en sus manos, ya que, a diferencia del modelo español -en el que las investigaciones las dirige un juez-, en el europeo la asume totalmente la Fiscalía.
Unificar causas
La Fiscalía Europea en Madrid inició el pasado 4 de marzo una investigación sobre un posible fraude que afecta a contratos públicos adjudicados por las autoridades sanitarias de las Islas Baleares y Canarias a la empresa Soluciones de Gestión para la compra de equipos médicos, incluidas mascarillas protectoras, durante la pandemia, según explicó la EPPO.
Al constatar que el juzgado de la Audiencia Nacional que dirige Ismael Moreno estaba investigando contratos a esta misma empresa y dado que uno de ellos estaba cofinanciado con fondos europeos, la Fiscalía Europea solicitó información adicional para ver si ejercía su derecho de avocación.
La decisión de la EPPO se produce en un momento en el que el juez Ismael Moreno tiene encima de su mesa un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta a que el exministro Ábalos tuvo conocimiento de los contratos investigados y de la empresa sobre la que pivota la causa, de mano de su exasesor Koldo García.
Y que también destaca el papel que jugaron varios altos cargos del actual Gobierno, lo que motivó que el juez solicitara ayer mismo al Ministerio de Transportes los correos de dos de ellos: el actual subsecretario de este departamento, Jesús Manuel Gómez, y también de Javier Sánchez Fuentefría, actual director general de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y entonces director general de Organización e Inspección del ministerio que dirigía José Luis Ábalos.
En su comunicado, la EPPO aclaró que esta "actualización excepcional" de la información se debe al "altísimo interés público suscitado por esta investigación", si bien precisó que "no se harán públicos más detalles en esta etapa".
Con sede en Luxemburgo, la Fiscalía Europea contra el Fraude es responsable de investigar, procesar y juzgar los delitos que afecten a los intereses financieros de la UE.
Siempre que exista una sospecha de que se ha defraudado o se está defraudando el presupuesto de la UE, ya sea en lo que respecta a los ingresos o a los gastos, las autoridades nacionales, así como todas las instituciones, órganos, oficinas y agencias de la UE, tienen la obligación legal de informarlo a la Fiscalía Europea sin demora.
Los ciudadanos de la UE también pueden denunciar un delito directamente a la Fiscalía Europea.