La Fiscalía Europea ha decidido asumir la instrucción del caso Mediador en la parte que afecta a los contratos del GAR-SI Sahel, un programa de colaboración con las fuerzas de seguridad de varios países africanos que administraba una fundación pública española, pero se financiaba con fondos de la UE.
Según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la jueza de Santa Cruz de Tenerife al cargo de la trama Mediador ha aceptado que esa parte del caso compete investigarlo a la Fiscalía Europea por tratarse de un presunto uso irregular de fondos comunitarios y ha puesto a su disposición todas las diligencias que ha practicado respecto a esos contratos.
La magistrada también deja en manos de la Fiscalía de la UE a Francisco Espinosa Navas, el general de la Guardia Civil imputado en esta trama, que sigue en prisión provisional y que dirigió hasta 2021 el proyecto europeo que pretendía ayudar a Mauritania, Burkina Faso, Mali, Níger, Senegal y Chad a mejorar la seguridad en su territorio con la creación de equipos inspirados en los grupos de acción rápida (GAR) del Instituto Armado.
El TSJC precisa que la Fiscalía europea no solo pasa a ser el órgano al que le corresponderá examinar a partir de ahora el uso de esos fondos, sino también el que deberá decidir si el general Espinosa sigue en prisión preventiva o es puesto en libertad.
Las actuaciones remitidas a la Oficina Comunitaria del Ministerio Público también se refieren a la participación del empresario valenciano José Santiago Suárez Esteve, que recibió tres contratos de suministro de drones para el programa GAR-SI Sahel en Mali, Níger y Mauritania y un cuarto de material para CT Public Spaces (otro programa europeo de seguridad en Ghana, Kenia y Senegal).
Con el nombre de GAR-SI Sahel (acrónimo en francés de Grupos de Acción Rápida–Vigilancia y Respuesta en el Sahel) se conoce a un proyecto de la Comisión Europea de cooperación en seguridad con varios países africanos, que administra la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
Esta última es un organismo público español regido por un patronato que encabeza en la actualidad la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, que ordenó abrir una investigación sobre el uso de los fondos por parte del general Espinosa tras conocer que el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil relataba en el sumario del caso Mediador un presunto trato de favor a determinados empresarios a cambio de sobornos.
La jueza de Santa Cruz de Tenerife le pidió, en concreto, detalles de cuatro contratos que suman 2.352.278 euros, se remontan a 2020 y 2021 y tienen en común que responden suministros de equipamientos para proyectos de seguridad en África (tres para el proyecto GAR-SI Sahel y uno para el proyecto CT Public Spaces).
Sobre los cuatro planea la duda de si fueron amañados por el general Espinosa, el único de los imputados en el caso Mediador que está en prisión y que guardaba en su casa más de 61.000 euros en una caja de zapatos y en fajos de billetes enrollados en ropas.
Los investigadores de la Policía Nacional detallan en el sumario del caso que se adjudicaron a la empresa Asesoramiento y Servicios de Drones SL, de Suárez Esteve, cuatro suministros por valor de 137.569 euros. La Guardia Civil eleva el montante total a 232.101 euros.
