El Ministerio Fiscal y la acusación particular, encabezada por la hija del empresario conejero Antonio González, han presentado un nuevo recurso, esta vez de apelación, ante el archivo de la causa por falso testimonio y denuncia falsa que el Tribunal Supremo seguía contra el senador autonómico Pedro San Ginés (CC).
Esta apelación se da después de que la Sala de lo Penal del Alto Tribunal inadmitiera hace unas semanas el recurso de reforma interpuesto por ambas acusaciones al archivo definitivo y sobreseimiento libre de la causa que juzgaba al expresidente de Lanzarote.
El Ministerio Fiscal insiste en que la denuncia presentada por Pedro San Ginés contra Carlos Espino y los contratos de los Centros Turísticos con Climafrical fue una respuesta a la denuncia interpuesta por Espino meses antes y que destapó la mayor trama de corrupción política de Canarias, el caso Unión.
La Fiscalía resalta que San Ginés "orquestó una actuación falsaria", utilizando a funcionarios policiales y "faltando a la verdad" en sus declaraciones judiciales. Estas acusaciones no solo alcanzaron a Espino, sino también al propietario de Climafrical, Antonio González, al que "se le llegó a pedir una fianza de más de un millón de euros".
En el recurso presentado insiste que San Ginés "actuó con conocimiento pleno de que sus acusaciones no se mantenían" y atribuye la denuncia a "un aparente juego político".
Mientras tanto, la acusación particular, encabezada por Alexandra González Viera, hija de Antonio González, defiende que cuando el procedimiento llegó al Tribunal Supremo, después del aforamiento de San Ginés como senador, la fase de instrucción ya estaba "totalmente finalizada" y lo que ahora procede es consultar al Senado su procesamiento. Por ello, defiende que la actuación del juez del Supremo no es "ajustada a Derecho" porque se actuó como "si la instrucción nunca hubiera finalizado y reabriéndola".
Además, la acusación particular resalta que San Ginés adquirió la condición de aforado después de un año de paralización del procedimiento y de que fuera dictada la apertura del juicio oral. "Podría concluirse que el aforamiento no es una garantía para el ejercicio libre de la libertad de un senador, sino un privilegio en relación con cualquier otro investigado", resalta en el recurso de apelación presentado ante el Supremo.
La denuncia a Antonio González
El Ministerio Público defiende que San Ginés presuntamente denunció falsamente al administrador único de Climafrical, Antonio González, al entonces consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, Carlos Espinos y a José Manuel Páez.
En el recurso al que ha accedido La Voz, el Ministerio Fiscal insiste en que San Ginés sí acusó a Antonio González cuando se presentó en la comandancia de la Guardia Civil de Costa Teguise aquel miércoles 11 de noviembre de 2009 a las 22.30 horas de la noche.
La Fiscalía expone que desde que interpuso la denuncia se puede ir "extrayendo" que San Ginés tenía "ánimo de querer faltar a la verdad de forma dolosa y con subjetivismo intencional" para causar "un perjuicio" a Antonio González.
En su denuncia, el entonces presidente insular le atribuyó a González "determinados delitos" por haber contratado con los Centros Turísticos y recalcó que era "un conocido empresario, afiliado al PSOE".
En segundo lugar, cuando acudió al cuartel de la Benemérita, San Ginés era presidente del Cabildo insular y había sido consejero delegado de los CACT y "conocía perfectamente" el entramado organizativo de la administración.
El papel de Coalición Canaria
El Ministerio Público destaca la vinculación entre la denuncia y la intención política. A la Fiscalía le llama "poderosamente la atención" que su denuncia estuviera avalada por "un informe jurídico de un abogado del que no conoce el nombre" y que "pertenecía a su partido político, Coalición Canaria".
"La experiencia nos dice que en estos casos [...] la documentación que se presenta" son "documentos oficiales legalmente obtenidos y con informes jurídicos de la administración" y sobre todo, si el denunciante es el presidente del Cabildo de Lanzarote", insiste en el recurso.
La Fiscalía resalta que Pedro San Ginés presentó aquella denuncia con el respaldo "del partido político al que pertenecía, pero no por la institución a la que representaba". Además, baraja la posibilidad de que estuviera hecho "a la carta".
La querella de los Centros Turísticos
En mayo de 2010, los Centros de Arte Cultura y Turismo, bajo la presidencia de San Ginés, se querellaron contra Carlos Espino e hicieron "expresa referencia" a Antonio González. La Fiscalía insiste en que al comparar esa querella con la denuncia "la redacción pertenece a la misma mano" y los párrafos que afectan a Climafrical "son idénticos" a la denuncia entregada a la Benemérita.
Además, expone que la querella no fue acompañada de informes técnico-jurídicos elaborados por la administración. Las denuncias concluyeron al archivo de la causa tras diez años de acusaciones contra Carlos Espino y Antonio González, que murió sin saber que se había archivado el procedimiento contra él.
Imputación por denuncia falsa y falso testimonio
Finalmente, el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife imputó al ex presidente insular los delitos de falso testimonio y denuncia falsa.
La Fiscalía señala que Pedro San Ginés recayó "en inexactitudes" cuando declaró ante el juez instructor. Entre ellas, el actual senador aseguró que el consejero del ente público, José Juan Lorenzo Rodríguez, le informó de esas irregularidades pero "no consta que denunciara irregularidad alguna, ni emitiera informe al respecto".
Además, el director Económico de la EPEL de los Centros, Francisco Ortega Reguilón, aseguró que "las obras realizadas eran necesarias y las facturas estaban supervisadas y eran correctas". Esto mismo fue avalado por dos peritos judiciales.
"Todas las acusaciones vertidas a lo largo del procedimiento [...] no respondían a la verdad", expone el Ministerio. Además, resalta que "procedería a analizar si esas inexactitudes, por utilizar una palabra neutra respondían a un interés espurio del denunciante".
El Ministerio Fiscal responde al juez instructor y pide que revoque el auto de archivo y acuerde la continuación del procedimiento "por los trámites legales".