Vio “un problema” que “amenazaba” el Plan Parcial Costa Papagayo, y decidió que el “problema” debía pasar a ser él. Así se podría resumir buena parte de la declaración que el pasado 19 de febrero prestó Juan Francisco Rosa en los Juzgados, como imputado por la ocupación de una zona verde pública con el Kikoland. La situación de esa parcela ya fue calificada como “kafkiana” hace casi diez años por el redactor del Plan General de Yaiza, Jorge Coderch, pero a la luz de lo que está arrojando esta causa penal, se quedó corto.
Lo que se investiga en este procedimiento es un convenio firmado en 2004, por el que el Ayuntamiento cedió suelo público gratis a Rosa durante 50 años, prorrogables por otros 50. Sin embargo, en su declaración, el empresario se centró en situar el origen mucho más atrás, para defender por qué el Consistorio firmó ese convenio -sin ningún tipo de informe técnico ni jurídico-, e incluso para asegurar que él podía haber reclamado “mucho más”. “La propiedad era mía”, sostuvo en su declaración, pese a que se trataba de suelo municipal destinado a zonas verdes públicas.
El origen de su versión está en el desarrollo de ese Plan Parcial -“surrealismo urbanístico”, según Coderch- y en el oscuro papel que jugó el Ayuntamiento de Yaiza. En su declaración, Rosa culpó a la “mala gestión” del Consistorio de entonces, por no haber registrado correctamente las zonas verdes y los viales que le correspondían cuando se empezó a desarrollar el Plan en los años 70. Pero en definitiva, lo que acabó admitiendo es que él se terminó beneficiando de esa situación irregular.
El reparto sí había llegado a hacerse y se definió la edificabilidad que correspondía a cada empresario y a cada parcela -incluida la suya-, y también cuál era el suelo público en el plan. Sin embargo, el terreno que había quedado como propiedad municipal terminó pasando por varias manos, hasta acabar en las de Rosa. Según él, se vio “obligado” a hacerlo. “Estaba dispuesto a gastarme lo que fuera”, “yo estaba comprando una solución”, declaró en los Juzgados.
El primer paso -de difícil explicación, dado que por el uso que tenía ese suelo no debió ser susceptible de compraventas-, se produjo cuando la Seguridad Social embargó los 260.000 metros cuadrados del Ayuntamiento, por una deuda que mantenía el Consistorio. Después, los sacó a subasta a finales de los 90 y el terreno terminó en manos privadas, pese a que estaba destinado a viales y zonas verdes,
Los compradores, constituidos en la sociedad Getsu No Denwa, pagaron 10 millones de pesetas de entonces (unos 60.000 euros), cuando una parcela urbana en esa zona hubiera costado unas 60 veces más. Sin embargo, lo primero que hicieron tras la compra fue reclamar supuestos derechos de edificabilidad, presentando incluso una demanda contra el Ayuntamiento en los tribunales. “Aquello no valía nada”, reconoció Rosa ante el juez.
“Era gente importante que sabía lo que estaba haciendo”
En su declaración, el empresario repitió varias veces que él no tuvo nada que ver con esa compra inicial a la que insistió en remitirse. En realidad, en ningún momento le preguntaron si había estado detrás de esa operación -que no es lo que se investiga-, pero Rosa sí quiso subrayar una y otra vez que no. “Yo no fui a la subasta, ni compré, ni nada parecido. De la subasta creo que ni me enteré”, aseguró en varias ocasiones, en unas respuestas que se extendían mucho más allá de lo que se le estaba preguntando por parte de la abogada de la acusación, ejercida por Carlos Meca, Griselda Martínez y Pablo Ramírez.
Según Rosa, el suelo lo compraron “unos señores de Las Palmas”. “Eran abogados, eran notarios, eran ingenieros, era gente importante que sabía lo que estaba haciendo”, añadió. Según su versión, la primera noticia que tuvo de la compra de ese suelo, que después terminó en sus manos, fue cuando “un buen día vienen unos técnicos de Las Palmas y nos ponen delante de todas las parcelas unos mojones por todos lados”.
En ese momento, Juan Francisco Rosa acababa de iniciar la construcción del hotel Princesa Yaiza y a ambos lados de su terreno se encontraban estas parcelas, que debían haber sido zonas verdes públicas, y que terminaron albergando unas instalaciones privadas que complementan los servicios de su hotel, con zonas infantiles, de ocio y deporte.
“Yo les pregunté a aquellos chicos por qué estaban poniendo esas piedras ahí, y me dijeron que les mandaba una sociedad de Las Palmas, porque había comprado los terrenos a la Seguridad Social. A mí eso me pareció tan raro... Yo sabía que aquello eran vías públicas, zonas verdes”, admitió. Según su declaración, solo “tres o cuatro horas después”, uno de esos “señores de Las Palmas”, con los que asegura que no había tenido relación anteriormente, le llamó por teléfono. “Me dijo: Nosotros somos los dueños de esos terrenos. Hemos comprado 260.000 metros del resto de una finca matriz”.
“¿Sabes una cosa Juan Francisco? Tienen derecho”
“Yo me preocupé mucho”, aseguró Rosa, que explicó que su primera reacción fue acudir personalmente al Ayuntamiento de Yaiza. Allí no aclaró con quién se reunió, alegando que no lo recordaba, pero sin embargo sí relató palabra por palabra aquella supuesta conversación. “¿Sabes una cosa, Juan Francisco? Tienen derecho a lo que están diciendo”, aseguró que le dijeron en el Consistorio, que en realidad nunca accedió a esas pretensiones y en los tribunales defendió justo lo contrario, en un pleito que finalmente fue retirado por los demandantes.
Según Rosa, estos empresarios planteaban que debían ser tratados como unos propietarios más del Plan Parcial, y que había que retrotraerse a casi tres décadas antes, anular todas las licencias otorgadas hasta entonces, crear una junta de compensación y volver a hacer el reparto de edificabilidad entre todas las parcelas, aportando cada propietario un porcentaje de zonas públicas.
“Eso me preocupó un montón, porque los vi como amenazando, ellos realmente lo que querían era hacer un negocio”, declaró Rosa. Después, según sus propias palabras, fue él quien compró esa sociedad y se terminó poniendo “en la posición de los señores de Las Palmas”.
No aclaró por qué accedieron a vendérsela -si según él tenían unos derechos de edificabilidad millonarios-, pero el caso que es Rosa les compró la sociedad Getsu No Denwa, que solo tenía esa parcela como único activo. Aseguró que lo hizo porque se vio “obligado”, porque se veía “en un lío tremendo” que podía afectar a su proyecto y al del resto de hoteleros del Plan. Pero nada más comprarla, empezó a exigir al Ayuntamiento “exactamente lo mismo” que exigían ellos.
Sorprendentemente, cuando la abogada de la acusación popular le preguntó por lo que esa pretensión hubiera afectado a su propia parcela del Princesa Yaiza, y a la edificabilidad que le correspondía ahí -que era sobre lo que giraba toda la historia que defendió en el Juzgado-, Rosa pasó a negar la mayor. “Usted está confundida. ¿Qué tiene que ver la parcela del Princesa Yaiza con eso?”, le replicó a la letrada.
“Estábamos hablando de mucho dinero, porque yo tenía derecho”
“Le ofrecí al Ayuntamiento buscar un acuerdo, porque yo tenía derecho a esa edificabilidad que aquellos señores anteriores reclamaban. A mí me pertenecía un tercio de la edificabilidad, y ahí estábamos hablando de mucho dinero, porque tenía derecho”, sostuvo.
“Pero usted sabía que era una zona verde. ¿Usted sabe que una zona verde tiene cero edificabilidad?”, le planteó la abogada de la acusación, Nora Ferrer, recordándole lo que él mismo había dicho unos minutos antes. Y es que en su declaración, el propio Rosa dijo que le “sorprendió” la compra inicial de ese suelo en la subasta, porque “aquello no valía nada” y “lo único que quedaban eran calles, zonas verdes, una parcela educativa y una parcela sanitaria”.
Respecto a cuánto pagó él por ese terreno, la abogada de la acusación apuntó a un precio de 35 pesetas por metro cuadrado, que equivaldría a poco más de 9 millones de pesetas. Es decir, que los empresarios se la habrían vendido por una cifra similar o incluso inferior a la que habían pagado en la subasta, aunque Rosa no lo confirmó ni desmintió, afirmando que no “recordaba” el precio que pagó por metro. Lo que sí dijo es que en la subasta se vendió por 10 millones de pesetas, cuando él había pagado 600 millones por una parcela urbana en esa misma zona, la del Princesa Yaiza. “¿No le sorprendió?”, insistió la letrada. “¿Y qué tengo yo que ver con eso? Eso es un problema que a mí no me atañe. Como si se lo hubiesen regalado a esos señores. Mire, ¿y por qué no fue el Ayuntamiento a la subasta en esa época a comprar esos terrenos?”, respondió con tono desafiante, ante lo que fue interrumpido tanto por la abogada como por el magistrado, que le recordaron que no era él quien hacía las preguntas.
“Yo quiero lo mismo que hay puesto en esa demanda”
Según su testimonio, antes de comprar la sociedad llamó al resto de empresarios del Plan Parcial. “Les dije que teníamos que buscar una solución, pero la mayoría dijeron: No, no, no, no. Nosotros tenemos nuestra licencia, tenemos nuestra parcela, y yo no voy a participar en ninguna cosa de estas raras. No lo voy a hacer. Que hagan lo que quieran”.
Sin embargo, Juan Francisco Rosa sí se metió de lleno.“A mí me preocupaba porque yo estaba con la construcción de mi hotel en la primera planta, y el regalo que me llegó es que me iban a paralizar la obra”, declaró en los Juzgados para justificar su actuación. Lo cierto es que esa paralización nunca se produjo, y de hecho tres años después terminó la construcción del Princesa Yaiza sin ningún impedimento. Fue con su hotel ya acabado e inaugurado cuando compró Getsu No Denwa.
Después, se dirigió al Consistorio y le dijo: “Yo quiero lo mismo que hay puesto en esta demanda”. “Eso no te lo vamos a dar ni locos. Por favor, aquí todos tenemos que funcionar”, afirmó que le dijeron en el Ayuntamiento. Entonces, según Rosa, empezaron a negociar un convenio. El afirma que se comprometía a ceder el suelo al Consistorio y a retirar el pleito (en realidad, en otro momento reconoció que ya había sido retirado por los anteriores dueños desde que se formalizó la venta de la sociedad ), a cambio de quedarse con el uso de 30.000 metros cuadrados, en parte de los cuales instaló el Kikoland.
“Pero usted sabe que era obligatorio ceder esos terrenos de forma gratuita al Ayuntamiento”, subrayó la letrada. “No tengo por qué. Eran mis terrenos”, respondió Rosa. “Yo tal vez me tenía que haber mantenido y haber exigido mi edificabilidad. A lo mejor tenía que haber hecho eso, porque el Ayuntamiento no es mío. A lo mejor tenía yo que aguantar y pedir mi edificabilidad, cosa que no hice, porque me pareció que no era justo”, añadió Rosa
Sin embargo, sí le pareció “justo” que el Ayuntamiento le cediera el uso de parte de ese suelo de por vida -100 años, incluyendo la concesión y la posibilidad de prórroga-, y que le permitiera construir una instalación privada que ha funcionado como anexo de ocio a su hotel. Y también que el plan parcial se quedara sin las zonas verdes públicas que correspondían a los vecinos del municipio.
El convenio que firmó usando esta estrategia ya fue anulado por el Ayuntamiento de Yaiza en 2016, en base a un demoledor dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, que concluyó que ese acuerdo fue ilegal y que “lo único que la mercantil podía haber convenido con el Ayuntamiento era la formalización documental de las cesiones obligatorias”. Después, los tribunales han confirmado esa decisión, rechazando todos los recursos presentados por Rosa en la vía contencioso administrativa y confirmando que esa cesión fue ilegal, aunque a día de hoy el suelo no ha sido aún devuelto al municipio.
A raíz de que se conociera ese expediente, los entonces consejeros de Podemos en el Cabildo, Carlos Meca, Pablo Ramírez y Griselda Martínez, decidieron presentar una querella para que se depuraran también responsabilidades penales, que fue la que dio lugar a esta causa. Junto a Rosa, en el procedimiento están imputados el entonces alcalde, José Francisco Reyes, el ex secretario de la Corporación, Vicente Bartolomé Fuentes, y el que era administrador de Getsu No Denwa tras su adquisición por parte de Rosa, Juan Luis Lorenzo. Además, el juez también acordó hace meses citar como investigados a todos los ex concejales de CC que gobernaban junto a Reyes, y que votaron a favor de ese convenio en el Pleno, pese que no contaba con un solo informe técnico ni jurídico.