La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas ha presentado una querella contra los exdirectores de los dos centros de menores migrantes llegados en patera a Lanzarote, así como contra dos exdirectores de centros de Gran Canaria por los posibles delitos de falsedad en documento mercantil, administración desleal y malversación de caudales públicos.
El fiscal Javier Ródenas se ha querellado contra la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, encargada de la gestión de los centros de migrantes no acompañados y contra quienes se encargaban de dirigir estos espacios entre 2018 y 2021.
La Fundación Respuesta Social, investigada por la Fiscalía Anticorrupción, gestionó seis centros de menores en Lanzarote, dos de ellos de menores extranjeros por la vía de emergencia. Además de cuatro centros en Gran Canaria.
El Instituto Insular de Atención Social de Lanzarote, dependiente del Cabildo de Lanzarote, adjudicó a Fundación Respuesta Social por la vía de emergencia en 2018 la gestión de un dispositivo de emergencia para menores migrantes en Yaiza.
Según expone en la querella, los directores de cuatro centros de menores migrantes, incluidos los de La Santa y Yaiza, habrían utilizado "diferentes procedimientos para lograr el enriquecimiento personal y/o disfrute particular de parte de los fondos públicos" que estaban destinados a paliar las necesidades de los menores.
Este dinero procedía de las arcas del Gobierno de Canarias o del Cabildo de Lanzarote y estaba destinado íntegramente a cubrir los gastos de la atención de menores migrantes.
Indicios de actividad delictiva
Según la querella de la Fiscalía Anticorrupción a la que ha tenido acceso La Voz, Fundación decidió, entre 2018 y abril de 2020, que el dinero público recibido se ingresara en la cuenta del propio director del centro de La Santa y la directora del centro de Yaiza. "La Fundación le iba haciendo ingresos periódicos a dicha cuenta personal en atención a los gastos del Centro de Menores".
Tras detectar "uso opaco, deficiente y poco riguroso" de la gestión financiera por "haber recibido y emitido en sus cuentas operaciones sin justificar el origen/destino" del dinero, la entidad bancaria donde se depositaba ese dinero decidió rescindir el contrato y cancelar las cuentas de los directores.
Entre los ex altos cargos de los centros de Lanzarote que no habrían podido justificar la procedencia del dinero se encontraban el exdirector del centro de menores de La Santa y la exdirectora del centro de Yaiza.
Tanto los directivos de Gran Canaria como los de Lanzarote, contratados por la Fundación Respuesta Social, habrían recibido y emitido operaciones bancarias presuntamente sin justificar el origen y el destino del dinero.
"Los querellados, actuando por cuenta de la Fundación y en su beneficio, aprovecharon el grosero incumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y control de la actividad de la gestión económica [...] y ejecutaron innumerables y cuantiosas disposiciones en efectivo", relata la querella de la Fiscalía.
El Ministerio Público destaca la presunta presencia de las extracciones de dinero en efectivo, así como el desvío de flujos de dinero a cuentas personales o de familiares de los responsables de los centros.
"Los querellados desviaron a sus cuentas personales, a lo largo del período de tiempo en que ejercieron sus funciones como directores de los Centros de Menores Extrajeros, cantidades dinerarias que se debían destinar para el cuidado completo, integración social y económica de los menores extranjeros del centro que dirigían", denuncia Javier Ródenas en su escrito.
Según la Fiscalía Anticorrupción, los directores habrían traspasado a sus cuentas personales dinero público, habrían realizado pagos personales con cargo a tarjeta bancaria de la Fundación y se habrían apoderado de dinero de las administraciones.
Una vez la primera entidad bancaria decretó el cierre por "no justificar el destino real del dinero por las numerosas transacciones en efectivo", el Alto Patronato de la Fundación decidió crear una nueva cuenta en otra entidad a nombre de la propia empresa, con tarjetas de crédito a nombre del director del centro. En el centro de Yaiza, la directora cesó su relación laboral con la empresa y no llegó a tener acceso a este segundo banco.
Gestión de los centros en Lanzarote
Según recoge la querella interpuesta por el Fiscal Anticorrupción Javier Ródenas, entre 2018 y 2022, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI gestionó el centro de menores de Arrecife, el centro de menores de Tinajo, el centro de Timanfaya, el centro César Manrique, el centro de menores migrantes de Yaiza y el de La Santa.
Fue en mayo de 2018, cuando se inició el Dispositivo de Emergencia para menores extranjeros no acompañados. En ese entonces se activaron 15 plazas en un centro de Yaiza. Casi un año después, en abril de 2019, se puso en marcha el Albergue de La Santa. Se escogió a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI porque ya hacía "lo propio en otros centros de menores en Lanzarote".
Durante este periodo, la Fundación recibió 12.505.878 euros públicos entre 2020 y 2022 entre los centros de Gran Canaria y Lanzarote. En particular, entre 2019 y 2020, el Cabildo de Lanzarote pagó cerca de siete millones de euros a la Fundación.
Centro de menores de Lanzarote
Entre 2018 y 2021, el centro conocido como Las Casitas Forestales de Yaiza, con capacidad para 15 plazas, recibió del Instituto Insular de Atención Social de Lanzarote el total de 2.116.475,30 euros.
En particular, entre abril de 2018 y septiembre de 2020, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI recibió 1.299.202 euros para gestionar el dispositivo de Yaiza. Sin embargo, solo 170.588,92 euros fueron transferidos a una cuenta bancaria a nombre de la directora para presuntamente sufragar los gastos del centro.
Durante ese tiempo, la directora del centro fue "única titular e interviniente" en una de las cuentas en la que se ingresaban los fondos públicos.
Según recoge la Fiscalía Anticorrupción en su querella, el 86% de los ingresos recibidos, aproximadamente 148.110 euros, se extraían en efectivo. Además, apunta al desvío de 863 euros a cuentas personales de la encargada del centro, así como la justificación de gastos en conceptos "desproporcionadamente elevados, con respecto a la ocupación del centro y la comparación con periodos en que el mismo fue dirigido por otras personas".
La Fiscalía también ha puesto en el punto de mira el uso del dinero para las pagas de los menores. Durante más de dos años, la directora del centro extrajo un total de 12.171,40 euros en concepto de pagas a menores migrantes, pero Anticorrupción destaca que lo hizo presuntamente "sin aportar justificante ni recibo aportado por los menores".
"El concepto de pagas de menores entre el periodo dirigido por la querellada y el dirigido por otras personas es completamente desproporcionado", asegura la Fiscalía.
El centro de La Santa
Mientras, en el dispositivo de emergencia de La Santa el Cabildo Insular de Lanzarote pagó, entre 2018 y 2021, más de seis millones de euros. De estos fondos, solo 764.055,64 euros fueron transferidos a las cuentas bancarias administradas por el director del centro.
En ambos centros, la Fiscalía destaca "una notable diferencia entre el dinero público recibido por la gestión de los centros y el ingresado por la Fundación para los gastos".