El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado un decreto firmado en septiembre de 2018 por la entonces alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, por el que cesó de sus funciones a un técnico que venía trabajando con contratos temporales desde hacía casi una década. Entre otras cosas, este trabajador se encargaba desde 2011 de fiscalizar el servicio prestado por Urbaser, aunque había empezado a trabajar en el Consistorio dos años antes para realizar el "control y seguimiento de las obras financiadas con cargo al fondo estatal de inversión local".
Desde esa primera contratación en 2009, fue encadenando tanto prórrogas del primer contrato como nuevas designaciones que "se añadieron a las que ya venía asumiendo con anterioridad". En la última, como supervisor del contrato de residuos urbanos, se mantuvo casi siete años, pese a que la Ley establece que este tipo de contratos temporales no pueden exceder los tres años, con una ampliación máxima de doce meses, porque la administración pública no puede recurrir a esta vía para cubrir necesidades permanentes.
Ahora, la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo concluye que eso fue lo que hizo el Ayuntamiento y da la razón al demandante, representado por el abogado Gustavo Falero. Al respecto, señala que tal como apuntó "la dirección letrada del trabajador en su escueto y brillante escrito de apelación", el Ayuntamiento "no ha negado en ningún momento" que éste "desempeñaba labores de carácter permanente y estable, incluidas las de inspección y supervisión de la limpieza viaria", por lo que concluye que se incumplió la Ley.
Volverá a su puesto, pero no como indefinido
Así, la sentencia anula otro fallo anterior, que había avalado la decisión del Ayuntamiento de cesar a este trabajador, y ordena que se le reconozca de nuevo en su puesto. Además, deberá cobrar todos los salarios que dejó de recibir desde su despido.
No obstante, el fallo aclara que esto no implica que se le reconozca como personal indefinido del Consistorio. Al respecto, cita una sentencia sobre un caso similar que sentó jurisprudencia en 2018. En aquel caso, el Tribunal concluyó que el afectado debía continuar en su puesto hasta que la administración cumpliera con lo que establece la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Esto implica que el Ayuntamiento debe valorar "de modo motivado fundado y referido a las concretas funciones" que prestó este trabajador "si procede o no la ampliación de la relación de puestos de trabajo de la plantilla municipal". Y en caso de concluir que no, "mantener la coherencia" y recurrir solo a los contratos interinos cuando se dé alguno de los requisitos legales para ello, "identificando cuál es, justificando su presencia e impidiendo en todo caso que perdure la situación de precariedad de quienes eventual y temporalmente hayan de prestarlas".
Aplicando esta jurisprudencia, la sentencia ordena que el trabajador continúe "con los derechos profesionales y económicos inherente a este vínculo desde la fecha del cese" y hasta que dicha Corporación Local no lleve a cabo este trámite y "cumpla en debida forma lo que ordena" la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Además, condena al Consistorio a pagar las costas generadas en primera instancia con este pleito.
En su día, el que era concejal de Limpieza cuando se produjo el cese, Tomás Fajardo, justificó esa decisión señalando no solo que se había vencido el plazo del contrato, sino también que había "problemas que se venían acumulando" en relación con la fiscalización del contrato de Urbaser, ya que se estaban "retrasando" los pagos a la empresa. Precisamente este lunes, el actual grupo de gobierno, del que sigue formando parte Fajardo como edil de Limpieza, ha reconocido varias facturas que estaban pendientes de pago a la concesionaria.