La magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Margarita Varona, ha acordado la apertura de juicio oral contra el también magistrado Salvador Alba Mesa, miembro de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, como presunto autor de cinco delitos: prevaricación judicial (dictar una resolución manifiestamente injusta a sabiendas), cohecho (soborno), falsedad, revelación de secretos y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos. La fecha del juicio se señalará en los próximos meses.
La apertura de juicio oral supondrá que Salvador Alba será suspendido cautelarmente de sus funciones, aunque esta medida deberá ser acordada por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que se reúne todas las semanas, según han confirmado a La Voz desde el mismo.
En el auto, la magistrada no sólo declara abierta la última fase del proceso penal en primera instancia, sino que requiere a Alba Mesa para que en el plazo de 24 horas preste fianza por importe de 85.000 euros para satisfacer las responsabilidades civiles en las que pudiera incurrir. En el caso de no prestarse esta caución, advierte que se le embargarán bienes hasta cubrir la suma indicada.
Petición de 10 años de cárcel y 29 de inhabilitación
La acusación contra Salvador Alba está relacionada con la entrevista privada que el juez mantuvo en marzo de 2016 con el empresario Miguel Ángel Ramírez, en la que supuestamente conspiró para perjudicar profesionalmente a su compañera la magistrada Victoria Rosell ?en aquella fecha candidata al Congreso por Podemos- y según la investigación prometió a Ramírez supuesto trato de favor en un proceso penal contra éste, a cambio de que facilitara datos para actuar contra Rosell.
El Ministerio Fiscal ya ha avanzado que en su escrito de calificaciones provisionales solicita para el juez un total de 10 años de cárcel y 29 de inhabilitación. En la causa está personada la propia magistrada Victoria Rosell en calidad de víctima y como acusación particular su pareja sentimental, el periodista Carlos Sosa y el partido político Podemos, éstos dos últimos en condición de acciones populares. Estas tres acusaciones interesan penas más severas que el Ministerio Público. Salvador Alba, por su parte, sostiene a través de su dirección legal que es inocente de los cargos que se le imputan y en consecuencia pide su libre absolución.
Debía juzgar el caso Stratvs y las piezas principales de Unión
El auto da cuenta de la situación en la que queda Salvador Alba al Consejo General del Poder Judicial, que ahora podrá iniciar el proceso para suspenderle cautelarmente en sus funciones como magistrado. Se da la circunstancia de que Alba es quien debía juzgar las principales causas de corrupción que siguen pendientes de juicio en Lanzarote, entre ellas algunas de las piezas principales del caso Unión, así como la pieza central del caso Stratvs, no sólo como uno de los tres miembros de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial que presidirá esos juicios, sino también como ponente de algunas de esas sentencias.
En el caso Stratvs, el magistrado ya tuvo una controvertida intervención hace algo más de un año, cuando estimó un recurso del empresario Juan Francisco Rosa y levantó la medida cautelar de cierre de la bodega, que había sido ordenada por la juez instructora. En aquel momento, el contenido de su auto llevó a la acusación popular, representada por Transparencia Urbanística, a pedir que fueran recusados en esta causa tanto él como sus compañeros de Sala.
Alba también es a fecha de hoy ponente del llamado caso Faycan y, en este caso, desde el TSJC se señala que en el caso de que cuando se suspenda al magistrado de sus funciones, no esté terminada la redacción de la sentencia, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial adoptará la resolución que proceda, evitando si es posible la repetición del juicio.
Según se indica desde el TSJC, el auto en el que se acuerda el inicio de la fase de juicio oral del proceso sólo es susceptible de recurso en cuanto a la situación personal del acusado, lo que en absoluto afecta al magistrado andaluz, que está en libertad. Ello implica que, indefectiblemente, habrá juicio oral contra Alba Mesa, y que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados, si bien por su condición de letrado podrá ocupar asiento junto a su abogado, evitando así su ubicación física en el lugar reservado a los acusados.