El Tribunal Supremo ha rechazado el último intento de los dueños de Marina Rubicón de recurrir la sentencia firme del caso Yate, que declaró ilegal el puerto deportivo y consideró probado que el ex alcalde, José Francisco Reyes, recibió sobornos por otorgar tanto esa licencia como otras para distintos hoteles de Playa Blanca.
La propiedad pidió personarse en la causa cuando ya había sido juzgada y tenía incluso sentencia firme, pero su pretensión fue rechazada por la Audiencia Provincial. Entonces, decidió acudir al Supremo presentando un recurso de queja, que es el que ahora ha sido desestimado, imponiéndoles además el pago de las costas generadas.
"La queja debe desestimarse, porque el recurrente carece de legitimación para recurrir en casación la sentencia de la Audiencia de Las Palmas", señala el nuevo auto, que recuerda que los dueños de Marina Rubicón no fueron parte en esta causa. Así, concluye que la Audiencia "actuó con toda corrección al denegar la preparación del recurso de casación" el pasado mes de julio. En aquella resolución, la sala cuestionaba que los dueños de Marina Rubicón intentaran personarse en la causa ahora, "ya no solo con posterioridad a la calificación de los hechos, a la celebración de la vista oral y a la sentencia, sino incluso a la firmeza de la sentencia".
Más de diez años de instrucción sin que se personaran
Al respecto, explicaba que "el intento de personación" en esta causa "debió hacerse" durante la instrucción y no en la fase actual, "en la que difícilmente puede tramitarse un recurso de casación contra una sentencia" que ya ha sido declarada firme y que está en fase de ejecución, habiéndose ordenado ya el ingreso en prisión de dos de los condenados. Además, tal como había subrayado el Ministerio Fiscal, la Audiencia recordaba que este procedimiento duró "más de diez años" y que los dueños del puerto pudieron personarse en su día porque tenían perfecto conocimiento de su existencia.
De hecho, en la causa estuvo imputado el consejero delegado de Marina Rubicón, Rafael Lasso, además de los otros dos dueños del puerto, Juan Francisco Rosa y Francisco Armas. A ello hizo también referencia el Ministerio Fiscal al oponerse a la admisión de este recurso, cuestionando que la empresa intentara "frustrar" la ejecución del fallo, pretendiendo ahora "erigirse en el tercero de buena fe afectado por una decisión judicial en la que no se le ha dado la oportunidad de defenderse".
Además, agregaba que el hecho de que finalmente se archivaran las actuaciones contra Rafael Lasso, Juan Francisco Rosa y Francisco Armas no les atribuye "la cualidad procesal de tercero de buena fe". "Es claro que ha tenido un conocimiento e incluso ha sido protagonista del proceso penal", insistía el escrito, que recordaba que los tres fueron investigados por delitos de cohecho y que obtuvieron la licencia gracias a las "conductas delictivas" del ex alcalde.
La confesión de Reyes
Tanto José Francisco Reyes como el ex secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, confesaron en el juicio que cometieron un delito de prevaricación al otorgar este permiso, ya que eran conscientes de su ilegalidad. Incluso, Reyes admitió haber recibido un soborno de los dueños del puerto, que le dejaron un atraque gratuito durante años para la embarcación El Pachi, a cambio de otorgarles tanto esta licencia como las de los hoteles ilegales que estos mismos empresarios tienen en Playa Blanca.
A diferencia de las licencias hoteleras, que ya habían sido anuladas en la vía contencioso administrativa, la del puerto Marina Rubicón seguía en vigor hasta que llegó la sentencia del caso Yate, que fue la que anuló este permiso. En el marco de la ejecución de este fallo, la Audiencia ya ordenó dar cuenta de la sentencia al Ayuntamiento de Yaiza, para que tome conocimiento de la anulación de los permisos y proceda "a los efectos oportunos".