El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, Jerónimo Alonso, ya ha ordenado abrir juicio oral contra los empresarios Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y José Cecilio Salces y contra la empresa Management Los Clicos S.L. por un delito contra la Hacienda Pública. En un auto fechado el pasado mes de abril, el juez acuerda también medidas cautelares y exige que los acusados depositen casi 40 millones de euros en concepto de fianza, "para asegurar las responsabilidades" económicas a las que podrían ser condenados en esta causa. En caso de no depositar esa suma, el magistrado advierte de que "se procederá al embargo de sus bienes" hasta cubrir esa cantidad o a "acreditar su insolvencia".
El procedimiento, del que informó este martes La Voz de Lanzarote y que no había trascendido hasta ahora, se inició a raíz de una querella interpuesta por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que está personada como acusación en la causa. La instrucción se cerró a finales de 2016 y la Fiscalía ya ha presentado su escrito de calificación, en el que reclama 5 años de prisión para los tres empresarios, así como una multa de 7 millones de euros para cada uno y otra de 3 millones de euros para la empresa, acusada como persona jurídica. Además, pide que todos ellos indemnicen a Hacienda con más de 1,5 millones de euros, que es la cantidad que presuntamente defraudaron, al no pagar los correspondientes impuestos tras la venta de un hotel en Puerto del Carmen.
El importe de las fianzas se ha establecido a partir de la suma total que la Fiscalía reclama a cada uno de los acusados, sumándole un tercio más, tal como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así, en el caso de Rosa, Lasso y Salces deberán depositar 11.106.322 euros cada uno, mientras que a la empresa el juez le exige una fianza de 5.906.322 euros.
La Agencia Tributaria les pide 4 años de cárcel
Además del Ministerio Fiscal, la Agencia Tributaria ya ha presentado también su escrito de acusación en esta causa, en la que está personada a través del Abogado del Estado. En ese escrito, la Agencia Tributaria reclama que los tres empresarios sean condenados a 4 años de prisión y a una multa de 4,6 millones de euros cada uno, así como a la devolución de los 1,5 millones de euros presuntamente defraudados, "más los intereses de demora".
La solicitud de penas varía ligeramente a la baja con respecto a las que pide la Fiscalía, que se aproximan más a la pena máxima prevista para este delito. Concretamente, el Código Penal establece penas de entre uno y 5 años de cárcel y multas de hasta el séxtuplo de la cuantía defraudada para los delitos contra la Hacienda Pública, aunque eleva las penas hasta los 6 años de prisión cuando la cantidad defraudada exceda de los 600.000 euros, como ocurre en este caso, en el que casi se triplica esta cifra.
En cuanto a las fianzas acordadas por el juez, tanto la Fiscalía como la Agencia Tributaria habían solicitado que se adoptara esta medida cautelar para "el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias". Ahora, en caso de que no entreguen esta suma, se deberá realizar una averiguación patrimonial de los tres acusados para practicar embargos. En el caso de Rosa, ya se enfrentó a esta situación en el caso Stratvs y la juez instructora tuvo que ordenar el levantamiento del velo sobre sus sociedades, al no encontrar bienes a su nombre.
"Omitieron deliberadamente" los ingresos de la venta
Tanto la Fiscalía como la Agencia Tributaria consideran que estos tres empresarios, a través de la empresa Management Los Clicos S.L., "actuaron con claro ánimo de defraudar" a Hacienda en su declaración del año 2010, cuando "omitieron deliberadamente" los ingresos que habían obtenido por la venta del hotel La Geria, ubicado en Puerto del Carmen.
El precio oficial de la venta fue de 13.871.000 euros, según señala el escrito del Ministerio Fiscal, pero no incluyeron esta operación en la declaración de 2010 de la empresa, en la que los tres eran socios y administradores, ni en la de 2011. No fue hasta el año 2012, cuando ya les habían notificado "los acuerdos de derivación de responsabilidad por deudas", cuando presentaron "una declaración complementaria" del ejercicio 2010. Ahí sí "reconocieron la venta y el consecuente beneficio", cifrándolo en 6.755.663 euros, pero dotaron la mayor parte de esa cantidad a una partida para la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), concretamente por un importe de 5.140.000 euros, para evitar el pago de los correspondientes impuestos.
Según sostiene la Fiscalía, los tres eran conocedores de que era "improcedente" acogerse a ese beneficio, entre otras cosas porque el dinero "no procedía de actividad económica alguna", como exige la ley que regula la RIC. De esta forma, habrían evadido el pago de más de 1,5 millones de euros, lo que motivó la querella interpuesta por la Agencia Tributaria y la apertura de esta causa, cuya instrucción se cerró a finales de 2016 y que ahora ya está lista para ir a juicio.