El juez Salvador Alba ha estimado una de las alegaciones planteadas por la defensa de Luis Lleó y ha anulado la primera grabación del caso Unión, en la que Fernando Becerra ofrece un soborno al denunciante de la causa, Carlos Espino, a cambio de desbloquear la construcción de la parcela de Costa Roja, a la entrada de Playa Blanca. Además, anula las grabaciones surgidas directamente de esa primera conversación, que se produjo antes de que se judicializara el caso. Sin embargo, el auto mantiene la validez del resto del procedimiento, incluyendo las posteriores escuchas telefónicas ordenadas por el juez instructor.
La grabación anulada por el juez Alba la realizó el propio Espino bajo la supervisión de la UCO de la Guardia Civil, después de que denunciara que Lleó le había ofrecido un soborno utilizando como intermediario a Fernando Becerra, que ha confesado los hechos y ha aceptado la pena que pide para él la Fiscalía en esta causa. En ese momento aún no se habían abierto diligencias judiciales y a eso se aferraba la defensa del empresario para pedir que se anulara esa prueba y todas las obtenidas posteriormente, alegando que surgían de un acto nulo.
"Carlos Espino presentó una denuncia. Así empieza el caso Unión. El auto autorizando las escuchas no se centra únicamente en la grabación. Eso hace la denuncia más fiable, más creíble, pero no todo el que denuncia tiene que presentar una grabación", respondió durante la vista de cuestiones previas el fiscal Javier Ródenas. Así, además de defender la validez de esa grabación -alegando que "no es preciso un auto judicial para que un interlocutor grabe su conversación con otro interlocutor"-, subrayó que, aunque fuera anulada, no afectaría al resto de la causa. No obstante, además de que efectivamente el auto de Alba no anula el resto de pruebas, contra él aún cabe recurso en el plazo de 10 días.
Un juez investigado por una grabación
Se da la circunstancia de que el juez que ha tenido que pronunciarse sobre la validez de las pruebas de esta pieza del caso Unión está a su vez investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, precisamente por una grabación que le realizó en su despacho a un imputado en otra causa. En esa conversación se escucha cómo Salvador Alba le indica al empresario Miguel Ángel Ramírez lo que debe declarar contra la anterior juez instructora, Victoria Rosell, que en ese momento estaba en excedencia como magistrada, ya que se había presentado a las elecciones al Congreso con Podemos. Además, siempre según esas grabaciones, el juez también le trasladaba a Ramírez su intención de archivar los cargos contra él.
A esa grabación que dio origen a una causa penal contra el juez, que pidió sin éxito que fuera anulada, se suma otra realizada por el propio Salvador Alba a sus compañeros de la Sección Sexta de la Audiencia. En esa conversación, que Alba intentó aportar al procedimiento contra él, se escucha a los magistrados hablar, entre otras cosas, del caso Unión y de la pieza de Luis Lleó. "Está pillado por todos lados", señalaba en un momento uno de los magistrados de la Audiencia durante esa conversación, que se desarrolló en el office de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. "Espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. Hay cuestiones previas ahí, ¡cuidado!", respondía el juez Alba.
Cabe recordar que Salvador Alba fue designado ponente de esta pieza del caso Unión después de que Lleó recusara a otros magistrados, alegando que durante la instrucción habían resuelto recursos presentados por su defensa. Así, tras apartarse esos jueces, la causa llegó a Alba, que es quien ha tenido que resolver las cuestiones previas antes de la celebración del juicio, que será juzgado por un jurado popular.
Salvador Alba también es ponente de la pieza del caso Stratvs que se juzgará ante la Audiencia Provincial y, además, fue quien anuló el pasado mes de diciembre el cierre cautelar de la bodega, llegando a ordenar incluso su desprecinto inmediato. Sin embargo, posteriormente, el presidente de la Sección Sexta, Emilio Moya, intervino para anular esa resolución y para retrasar la posible apertura hasta que se resuelvan los recursos que presentaron el Ministerio Fiscal y la acusación popular contra el auto de Alba.
Se cotejarán las grabaciones telefónicas con el servidor de Sitel
Además de anular la primera grabación de la conversación entre Espino y el intermediario del soborno, Fernando Becerra, el auto de Salvador Alba también ordena que se practique una nueva prueba antes de la celebración del juicio. De esta forma, especialistas del departamento de ingeniería de la Guardia Civil tendrán que verificar que los soportes de CD y DVD aportados a la causa por la UCO, con el contenido de las conversaciones telefónicas interceptadas, coinciden con los que quedan registrados en el servidor central de Sitel, utilizado para esas grabaciones.
El magistrado señala que esta "prueba anticipada" fue "solicitada por el Ministerio Fiscal", en el caso de que se admitieran las últimas pruebas que pidió incorporar al procedimiento la defensa de Lleó. Esas pruebas son informes periciales privados encargados por el acusado, que hablan de una supuesta "manipulación" de las conversaciones telefónicas. Al respecto, cabe recordar que ya se realizaron periciales oficiales sobre esas grabaciones, que confirmaron que no hay manipulación alguna en su contenido.
No obstante, el propio fiscal recordó que Sitel permite acceder de nuevo al contenido original, para verificar su autenticidad en caso de que se aceptaran las periciales de parte aportadas por Lleó. Y eso es precisamente lo que ha ordenado el juez tras aceptar esas periciales privadas. Así, aunque esas grabaciones ya han sido validadas en todas las piezas del caso Unión juzgadas hasta ahora, tanto por la Audiencia Provincial como por el Tribunal Supremo, el juez Alba aplaza la decisión sobre su validez en esta pieza al resultado de esa nueva prueba, que volverá a valorar él mismo antes de que se celebre el juicio oral ante un jurado popular.
En cuanto al resto de alegaciones planteadas por Lleó, que presentó un escrito de más de 500 folios invocando supuestas nulidades y vulneraciones de derechos, el magistrado las rechaza todas, en algunos casos porque no considera que haya existido tal vulneración de derechos y en otros, además, porque esas cuestiones ya habían sido resueltas durante la instrucción por la Audiencia Provincial.