El Consejo Insular de Aguas de Lanzarote utilizó la declaración de emergencia hídrica impulsada en el año 2011 por el presidente, Pedro San Ginés, para adjudicar obras “eludiendo” los trámites que deben regir la contratación pública, “vulnerando" así "los principios básicos de publicidad y transparencia”. Eso es lo que sostiene un informe del Tribunal de Cuentas que ha llevado al juez Ricardo Fiestras a reabrir el caso Inalsa y a ordenar la apertura de otras diligencias penales paralelas.
Uno de los contratos que se investigarán es de agosto de 2012, cuando se destinaron 1.156.642 euros a la sustitución de tuberías de la red de Inalsa. Según el Tribunal, “la tramitación abreviada por emergencia del expediente de contratación se realizó de forma indebida” y supuso la "adjudicación directa del contrato". En ese momento, según señalaba este martes el Cabildo en un comunicado, quien tenía “las competencias delegadas” era Sergio Machín, que entonces era consejero de Coalición Canaria.
El otro contrato que se investigará por hechos similares es de junio de 2010, siendo también presidente Pedro San Ginés y responsable del área Fabián Martín, del Partido de Independientes de Lanzarote. Aunque en esa fecha aún no se había declarado la emergencia hídrica en toda la isla, lo cierto es que se adoptó esta medida “con carácter parcial” para poder firmar este contrato por la vía de urgencia. En total se destinaron 1.584.240 euros a la sustitución de la tubería Uga-Las Breñas y, “a juicio del Tribunal de Cuentas”, según señala el juez instructor en su auto, también “se utilizó de forma indebida la tramitación de emergencia” y se omitieron las normas obligadas de contratación.
Ausencia de informes y pagos "irregulares"
Junto a estos dos contratos, el magistrado pide que se investigue un tercero firmado también por el Consejo Insular de Aguas en el año 2007, bajo la presidencia de la socialista Manuela Armas, que gobernaba entonces con el PIL. La obra, consistente en la ampliación del Centro de producción Sur de Agua desalada, tuvo un coste final de 1.803.368 euros y, en este caso, el Tribunal advierte de ausencia de informes y de “irregularidades” en los pagos.
Según el informe del Tribunal de Cuentas, los criterios de valoración para adjudicar el contrato fueron “genéricos” y no se emitieron los preceptivos informes jurídicos y de Intervención. Además, tampoco constan en el expediente “informes de las oficinas de supervisión ni visado del Colegio Profesional correspondiente” y se detectaron “irregularidades en cuanto al replanteo” y la “propuesta de liquidación”. Respecto a esto último, una de las partidas de liquidación supuso el abono de 13.780 euros por asfaltado, pese a que esa obra estaba fuera del proyecto inicial, que no fue modificado.
Además, se realizó el pago a una entidad “cuyo objeto social es la redacción de proyectos, por tanto, distinto a la actividad de asfaltado facturada”. En cuanto a otra partida, señala que “se abonaron 53.5063 euros a una empresa distinta de la adjudicataria en concepto de proyecto, registro industrial y legalización de instalaciones, concluyendo el Tribunal de cuentas que esta obra no había de ser objeto de legalización al ser su propietario el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote”.
Casi 100.000 euros abonados “sin contrato alguno”
A estos tres contratos del Consejo de Aguas se suma otra obra que fue abonada por Inalsa para la supuesta remodelación de la Planta Lanzarote II. Según señala el auto, el coste final de la obra fue de 97.245 euros, “sin que se tramitase contrato alguno que diera cobertura a esa prestación, constando únicamente seis facturas emitidas por dos empresas”.
“A la vista de las irregularidades expuestas entendemos que es absolutamente necesario el exhaustivo examen de dichos expedientes de contratación por si de su tramitación o del destino final del importe pudiera revelarse la comisión de una infracción penal”, señala el juez en su auto, fechado el pasado 13 de noviembre.
Así, ordena reabrir el caso Inalsa, que se inició por una denuncia de Alternativa Ciudadana, para investigar ese último pago. En cuanto a los tres contratos del Consejo de Aguas, y dado que no se investigaba a este órgano en la causa, ordena que se abran unas nuevas diligencias en otro juzgado, “al no apreciarse conexidad que justifique su tramitación unitaria en el mismo procedimiento penal”.