La Sección Sexta de la Audiencia Provincial ha dictado ya la primera sentencia en Lanzarote del caso Montecarlo, recogiendo las penas de cárcel que habían aceptado los cinco acusados e imponiéndoles la obligación de pagar entre todos casi 800.000 euros al Ayuntamiento de San Bartolomé como indemnización por el saqueo que llevaron a cabo desde este Consistorio, así como el pago de las costas procesales.
Tal como habían aceptado al confesar los hechos, el fallo condena al ex interventor Carlos Sáenz a tres años de prisión; a dos años y medio al empresario José Vicente Montesinos y a un año de cárcel al tesorero, Luis Manuel Rodríguez, al ex alcalde de CC, Miguel Martín, y al ex concejal de Hacienda por el PP, Javier Betancort, que también tendrán que cumplir entre año y medio y cuatro años de inhabilitación.
La sentencia considera probado que los cinco cometieron delitos continuados de prevaricación administrativa en concurso con falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos. Además, a estos delitos se suma el de cohecho en el caso de Sáenz y Montesinos, que han sido condenados a las penas más altas y también tendrán que pagar 65.000 euros de multa cada uno. En cuanto a las penas, las que impone son las que recogía el acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía y los acusados, que se rebajaron al aplicar a todos una "atenuante muy cualificada de colaboración con la administración de Justicia" por su confesión.
Condena a pagos solidarios e individuales
Respecto a la responsabilidad civil por los más de 470.000 euros malversados, la sentencia impone distintas penas a cada acusado, en función de las facturas falsas que autorizaron que se abonaran a dos empresas distintas de Montesinos por servicios que sabían que no se habían prestado. En el caso de Carlos Sáenz, José Vicente Montesinos y Luis Manuel Rodríguez, la sentencia establece que los tres indemnicen al Ayuntamiento de San Bartolomé con la cantidad de 394.441 euros. Este pago deberán afrontarlo los tres de forma solidaria, junto con las empresas Recingest y Progestril, como responsables civiles subsidiarias.
Además, el ex interventor deberá abonar al Consistorio otros 74.420 euros por las cantidades que cobró indebidamente, al autorizar pagos para sí mismo por encima de lo que le correspondía legalmente. Al igual que para el resto, a esta cifra hay que sumar también los intereses legales hasta que se realice el pago.
En cuanto a Miguel Martín y Javier Betancort, el fallo les hace responder individualmente por las facturas que autorizó cada uno, haciendo así que la cifra de indemnización supere a la del dinero malversado. Y es que de esos mismos pagos hace responder también a los otros tres acusados ?en su caso de forma solidaria-, ya que también intervinieron en el abono de esas facturas. En total, el fallo ordena que el ex alcalde indemnice al Ayuntamiento con 233.574 euros y el ex concejal de Hacienda con 211.949 euros. En ambos casos, quien sí tendría que responder también de forma solidaria son Progestril y Recingest, aunque las dos son empresas que ya no tienen actividad.
Un plan para "expoliar fondos públicos"
La sentencia de la Audiencia, fechada el pasado 21 de marzo, recoge íntegramente el relato del escrito de acusación presentado hace ya tres años por el fiscal Ignacio Stampa -que fue quien inició y quien llevaba entonces la causa-, que fue reconocido íntegramente por los cinco acusados. Así, en los hechos probados, la sentencia señala que desde que tomó posesión como interventor de San Bartolomé, Carlos Sáenz "ideó la forma de expoliar arbitrariamente los fondos públicos municipales puestos a su disposición".
Para ello, por un lado actuó individualmente, adjudicándose cantidades indebidas para sí mismo, y por otro se "concertó" con los otros cuatro acusados, tal como admitieron ellos mismos en el juicio, "participando todos de común acuerdo prevaliéndose de las funciones públicas que cada uno de ellos ostentaba, a través del abono injustificado de elevadas cantidades de dinero público a empresas vinculadas al acusado José Vicente Montesinos, bajo la apariencia de legalidad mediante la adjudicación fraudulenta de contratos con dichas empresas, y de una ficticia prestación de asesoramiento y colaboración con los servicios económicos municipales por parte de éstas".
Así, entre los años 2002 y 2012 autorizaron el pago de decenas de facturas por servicios no prestados, a través de distintos contratos también fraudulentos firmados con Recingest y Progestril. Durante el primer periodo, el concejal de Hacienda era Cándido Reguera, que también estaba acusado en la causa ?tanto en esta pieza como en otras dos centradas en Arrecife, donde después fue alcalde- pero falleció durante la instrucción. En cuanto a la segunda etapa, el edil de Hacienda de San Bartolomé era Javier Betancort, que tras dejar el Consistorio empezó a trabajar para Montesinos y también está acusado en otra pieza de Arrecife, en este caso no como cargo público sino como supuesto proveedor del Ayuntamiento ?siendo Reguera alcalde y Sáenz interventor-, al haber cobrado facturas que la Fiscalía sostiene que tampoco correspondían a ningún servicio. Actualmente, Betancort es gerente del grupo de comunicación de Juan Francisco Rosa.
Ordenaba pagos sabiendo que no se había prestado el servicio
En la pieza de San Bartolomé, Javier Betancort reconoció que "ordenaba el pago de las facturas que se le presentaban, a sabiendas de que no obedecían a la prestación de servicio alguno para el Departamento que dirigía", que es lo que sostenía el escrito de acusación que ahora se ha considerado probado en la sentencia.
Además del dinero malversado en esta causa, los acusados pretendieron también cargar otras facturas al Ayuntamiento, por valor de más de 46.000 euros y correspondientes al año 2007. En julio de 2009, el interventor incorporó esas facturas en la contabilidad del Ayuntamiento como obligaciones reconocidas, "a sabiendas de su mendacidad". Sin embargo, entonces había cambiado el grupo de gobierno y el nuevo responsable de Hacienda, Antonio Rocío, denegó el pago, tal como recoge la sentencia.
Después, en 2012 Montesinos volvió a intentar cobrar esas facturas ?que habían sido conformadas por Javier Betancort y autorizadas por Carlos Sáenz- a través del plan impulsado por el Estado para saldar la deuda con los proveedores de las administraciones locales, pero "dicho fraude fue nuevamente descubierto por las autoridades municipales". Según señala la sentencia, fue la alcaldesa María Dolores Corujo quien a través de un decreto advirtió al Ministerio de Hacienda para que no abonara esas facturas.