Lo construido en el complejo Stratvs "no se corresponde" con lo que se había autorizado. Eso es lo que han confirmado otros dos técnicos del Ayuntamiento de Yaiza que este lunes han declarado como peritos en el juicio, y también han vuelto a relatar cómo el empresario Juan Francisco Rosa intentó evitar que realizaran una inspección en las instalaciones.
"A la mitad de la visita creo que llamó el propietario y no pudimos completarla", ha explicado el ingeniero técnico de Yaiza Vicente Bencomo. Y lo mismo ha confirmado la arquitecta Ana Isabel Díaz: "Nos dijeron que no estábamos autorizados para continuar".
Ambos han explicado que realizaron esa inspección en el año 2013 por orden de la entonces alcaldesa, Gladys Acuña, que ya había sido imputada en esta causa por la concesión de la licencia de apertura de Stratvs, por la que ya fue condenada con sentencia firme en la primera pieza que fue a juicio. Al otorgar esa licencia en 2008, debió realizarse una inspección para verificar si lo construido se ajustaba a lo autorizado, pero esa inspección nunca se hizo. Fue cinco años después, al declarar como investigada en esta causa y al ser advertida por la magistrada de la ilegalidad del complejo, cuando ordenó esa inspección.
Sin embargo, en la primera visita, los técnicos se marcharon sin llegar a ver todas las instalaciones. Así lo desveló ya en el primer juicio de Stratvs el que era jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, que también participó en esa inspección y que fue quien habló con Juan Francisco Rosa. Según Lorenzo, "al cabo de una hora apareció un señor" con un teléfono y le dijo que Rosa quería hablar con él. "¿Y por qué decide marcharse?", le preguntó entonces el fiscal. "Porque entendí que no podía entrar si no tenía permiso de la propiedad", respondió Lorenzo, que después precisó que "no sabe" si para realizar una inspección se necesita "autorización" de la propiedad.
Construcciones que "no aparecían en ningún proyecto"
Finalmente, tras realizar una segunda inspección, el Ayuntamiento solo llegó a precintar el restaurante, que ni siquiera aparecía en el proyecto original (lo autorizado era solo la construcción de una pequeña bodega almacén de 900 metros, así como la rehabilitación de una vivienda preexistente).
Sin embargo, el resto del complejo -que terminó siendo cerrado por orden judicial- tampoco tenía nada que ver con lo que se había autorizado, tal como han vuelto a confirmar este lunes dos técnicos de Yaiza. En su declaración, los peritos han descrito todas las instalaciones que formaban parte de Stratvs y que no tenían cobertura en ningún tipo de licencia, como el restaurante, una cocina en dos plantas, aseos, una sala polivalente, almacenes, una terraza pavimentada, una tienda y una barra con un punto de degustación. Todas esas construcciones "no aparecían en ningún proyecto" ni tenían licencia.
En cuanto a la bodega, tenía la licencia de obra en base a un proyecto básico, pero tampoco se presentó en el Ayuntamiento el proyecto de ejecución, ni se hizo el acta de replanteo, ni se entregó el certificado final de obra. "Hay un certificado diciendo que han terminado, pero no un documento válido para tramitar la apertura", ha precisado la perito, que ha recordado además que ese documento -que es el que da fe de que lo construido se ajusta a lo autorizado- debe estar avalado por dos técnicos, un arquitecto y un aparejador, y en este caso solo llevaba la firma de uno de los acusados, el arquitecto Miguel Ángel Amas Matallana. Además, entre los muchos documentos que no constaban en el expediente, también se ha referido a la ausencia de un informe de habilitabilidad sobre la supuesta vivienda que iban a rehabilitar, y donde realmente se instaló una tienda.
"Nuestro informe no fue tan profuso, tenía que ser un informe rápido"
Además, los peritos han ratificado que la bodega también superaba ampliamente lo autorizado, que era solo 900 metros. "La planta baja tiene 1.291 metros", ha señalado la arquitecto Ana Isabel Díaz, que ha añadido que además hay "otra planta" en la bodega. No obstante, los dos técnicos han señalado que no llegaron a medir la altura. "Igual fue un despiste por parte nuestra", ha apuntado Bencomo.
"Nuestro informe no fue tan profuso, tenía que ser un informe rápido", ha señalado también al preguntarle sobre otros aspectos, como la supuesta rehabilitación de la casa. Al respecto, los dos técnicos han señalado que tras su inspección concluyeron que "hay dudas" sobre si está ubicada en el mismo lugar y que "no se puede decir que la vivienda se rehabilitara", como sostiene la defensa de Rosa. Por su parte, otras periciales realizadas posteriormente por orden judicial han confirmado que se la vivienda fue derribada y que se construyó una nueva más grande, instalando allí la tienda y la zona de degustación.
El otro eje central del interrogatorio a estos dos peritos ha girado sobre las rasantes, para determinar si Stratvs es realmente una construcción subterrénea, que es lo que autorizaba la licencia. Sobre este punto, ambos han apuntado que hay instalaciones sobre rasante, como la zona de la tienda y unos aseos, y han coincidido en que el resto está por debajo. "La rasante es un término muy relativo", ha sostenido Ana Isabel Díaz, mientras Bencomo ha terminado señalando que en su informe "la rasante no se estudió" y que solo estudiaron "la superficie". "La alcaldesa no nos pedía ese nivel de detalle", ha vuelto a alegar.
"Incrustada en la montaña"
No obstante, ha insistido en que "cree" que la zona de la bodega está "bajo rasante", pese a que el portón de entrada no lo está, y tampoco hay que bajar escaleras para acceder al interior de la bodega, tal como ha subrayado la fiscal. "No entiendo que diga que está bajo rasante", le ha señalado. "Está soterrada, está cubierta", ha respondido. "¿Está incrustada en la montaña?", ha vuelto a preguntar la fiscal. "Sí", ha respondido el testigo, confirmando que la obra tuvo que requerir un importante movimiento de tierra, pese a que está expresamente prohibido en la zona.
"La bodega está enterrada. Se ve la puerta de acceso, pero está dentro de la montaña", ha afirmado por su parte la arquitecto, que ha insistido en sostener que la bodega está "enterrada". "¿Enterrada en picón?", le ha preguntado la abogada de la acusación popular, ejercida por Transparencia Urbanística, que sostiene que lo que se hizo fue alterar el paisaje y el barranco donde se instaló Stratvs.
Respecto a la licencia de obra concedida en su día a Stratvs, bajo la Alcaldía de José Francisco Reyes, los técnicos han asegurado que el Plan General de Yaiza sí permitía la construcción de una bodega, aunque después han precisado que el documento no estaba adaptado al Plan Insular -que las prohibía expresamente-, por lo que era obligado pedir un informe de compatibilidad al Cabildo. No obstante, incluso en el caso del Plan General de Yaiza, lo que permitía era pequeñas bodegas o lagares, pero no industrias vitivinícolas. Al respecto, la arquitecto ha alegado que no sabe diferenciar entre un lagar y una industria vitivinícola, y que para ella Stratvs era "una bodega".
En cuanto a la autorización que otorgó el Gobierno de Canarias, por la que hay tres personas acusadas, la perito ha recordado que en esa misma resolución se señalaba que había un informe del Cabildo que advertía de que el proyecto era "incompatible con el Plan Insular". "Yo no sé lo que pensaría el técnico en su día", ha señalado en referencia a su compañero acusado en la causa, el aparejador Pablo Carrasco. "Pensaría a qué informe hacerle caso y si manda más la resolución del Gobierno de Canarias o el apunte del Cabildo", ha añadido.
Dos juristas del Cabildo confirman infracciones contra el Patrimonio
Durante la sesión de este lunes, en la que se ha retomado el juicio de Stratvs con medidas de seguridad para evitar la propagación del Covid-19 -como la instalación de mamparas en la zona de los jueces, la Fiscalía y los abogados; distancias de separación entre el público; y desinfección de la mesa donde se presta declaración en cuanto se marchaba cada perito- también han declarado dos juristas del Cabildo, que intervinieron en un expediente sancionador contra Stratvs posterior a la construcción de la bodega.
La primera ha sido Pilar Gómez, que como jurista del área de Patrimonio Histórico y entonces secretaria de la Comisión Insular, emitió un informe proponiendo la apertura de ese expediente. En su declaración, la perito ha recordado que la propiedad "destruyó elementos" que estaban afectados por el expediente que había entonces abierto para declarar La Geria Bien de Interés Cultural, concretamente varios socos; y que había incumplido la autorización que se le había otorgado para la plantación de tres palmeras.
Además, aunque la defensa alega que La Geria no se llegó a declarar BIC, la jurista ha subrayado que en el momento en el que se cometió la infracción, estaba vigente el expediente, y otorgaba a la zona "el mismo régimen de protección que si ya hubiera sido declarado BIC".
Lo mismo ha declarado también el abogado Pedro Fraile, que fue nombrado instructor de ese expediente y concluyó que se habían cometido hasta tres infracciones. "El BIC había caducado, pero cuando se comete la infracción estaba vigente", ha señalado, explicando a preguntas de uno de los magistrados de la Sala que si no se culminó ese expediente no fue porque la zona hubiera "perdido el interés", sino por "falta de diligencia de la administración" para tramitarlo en los plazos previstos.
Además, Fraile ha insistido también en que Rosa incumplió la autorización que se le había concedido, que se destruyeron socos y que además se habían realizado "movimientos de tierra" no autorizados con la construcción de una cueva, un poste y un molino para realizar un Belén de grandes dimensiones en este suelo protegido. "Para un movimiento de tierra necesitaría autorización de Medio Ambiente y del Ayuntamiento", ha subrayado.
El juicio terminará en julio en Gran Canaria
El último perito en comparecer este lunes ha sido otro técnico de Yaiza, Andrés Curbelo, que en este caso había sido citado a petición de la defensa de uno de los acusados, el aparejador municipal Pablo Carrasco. Sin embargo, el letrado de Carrasco no ha acudido este lunes a la vista y finalmente no se le han formulado preguntas. "No me ha dejado indicaciones de hacer preguntas", ha señalado la abogada de otro de los acusados, que había intervenido en nombre de su compañero en otro interrogatorio.
Así, solo el abogado del ex gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, le ha hecho la misma pregunta que traslada a todos los peritos y testigos, que es si en La Geria había red de alcantarillado; mientras que la abogada de la acusación ha explicado que la intervención de este perito estuvo relacionada con un expediente de calificación territorial sobre la "ampliación" de la bodega, y ha aprovechado para preguntarle si lo remitió a la Oficina del Plan Insular porque era quien tenía las competencias, a lo que ha respondido que sí.
La vista continuará este martes con los últimos peritos que van a declarar en Lanzarote, y luego se reanudará ya el 21 de julio en Las Palmas de Gran Canaria, donde terminarán las declaraciones de los peritos y se presentarán las conclusiones de las acusaciones y las defensas. Según el calendario previsto, el juicio quedará visto para sentencia el próximo 28 de julio.