Más de 20 años después de haberse iniciado la instrucción del caso La Bufona, el procedimiento vuelve a estar suspendido y a la espera de que vuelva a celebrarse un juicio que en realidad ya tuvo lugar hace cuatro años , pero que fue anulado y debe repetirse. Y de momento, el primer paso es encontrar un juez que se haga cargo de las diligencias, ya que dos magistrados han decidido abstenerse, después de que la causa haya vuelto a los Juzgados de Arrecife y de que se haya incorporado a los dueños de las viviendas como responsables civiles subsidiarios.
Eso fue lo que ordenó la Audiencia Provincial de Las Palmas hace casi un año, cuando anuló el juicio en el que fueron condenados por un delito continuado contra la ordenación del territorio los promotores de esas viviendas: el arquitecto Federico Echevarría y el constructor Antonio Caro. La sentencia ya era firme y estaba en fase de ejecución cuando los dueños de las casas afectadas -entre los que se encuentran el ex fiscal coordinador de Lanzarote, Miguel Pallarés, y la presidenta insular del PP, Ástrid Pérez-, pidieron la nulidad de las actuaciones, alegando que eran "perjudicados" por un fallo que ordenaba también la demolición parcial de sus viviendas.
De hecho, en la fase de ejecución de la sentencia, Echevarría y Caro pidieron que fueran los dueños quienes corrieran con los gastos del derribo, ya que varios reconocieron que tras adquirirlas habían realizado obras en la parte trasera de las casas ?que es la que se asienta sobre suelo rústico protegido-, y que no solicitaron licencia para ello. Sin embargo, finalmente esa ejecución quedó suspendida al anularse el juicio y atenderse la petición de los dueños de las viviendas, que alegaron que no se les había ofrecido la oportunidad de personarse en la causa, en la que no obstante sí declararon como testigos.
"Evidentemente cabría plantearse si esa situación no es fruto de su propia y voluntaria desidia o falta de interés en defender su posición cuando que no les podía ser ajena la existencia del procedimiento, aunque solo fuese por la trascendencia pública que ha tenido", apuntaba la Audiencia en su respuesta. Sin embargo, aunque consideraba "cuanto menos extraño que no supieran las consecuencias que, para sus casas, podría tener la condena que pudiera llegar a dictarse", añadía que "esa extrañeza, esa sospecha, no la podemos elevar al nivel de certeza que se hace preciso en este caso". Por eso, anuló lo actuado en la causa desde diciembre de 2011 -cuando el Ministerio Fiscal elevó su escrito de acusación-, y ordenó retrotraer las actuaciones a ese momento, para que se emplazara a los propietarios de los inmuebles en calidad de responsables civiles y se volviera a celebrar el juicio.
Suspendido a la espera de que se vuelva a pronunciar la Audiencia
Ese auto se dictó hace ya casi un año y desde entonces, la causa ha vuelto a entrar en otro parón. De hecho, ahora mismo ni siquiera tiene un juez a cargo de las diligencias y el procedimiento está suspendido, a la espera de que se pronuncie de nuevo la Audiencia Provincial, ya que el segundo magistrado en el que había recaído la causa ha pedido abstenerse en este procedimiento.
La primera en hacerlo fue la magistrada del Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Arrecife, que el pasado mes de enero elevó un "escrito razonado" a la Audiencia pidiendo apartarse del procedimiento, ya que señalaba que existía "causa de abstención" en base a un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre la abstención o recusación de jueces. Concretamente, el artículo al que hacía referencia se aplica cuando una de las partes ha sido "subordinado" del juez en el que recae el procedimiento. Y en este caso, a la causa se han incorporado todos los propietarios de las viviendas afectadas como responsables civiles.
El pasado 22 de marzo, la Audiencia estimó justificada esa abstención, por lo que las diligencias pasaron al juez que tiene atribuida su sustitución legal, el titular del Juzgado de Instancia Número 2 de Arrecife. Sin embargo, este juez también ha pedido abstenerse en base a la misma ley. En su caso, se dirigió el pasado 10 de abril a la Audiencia, que ahora debe volver a pronunciarse. Y mientras tanto, se ha acordado de nuevo la "suspensión" de un procedimiento que se inició hace ya 20 años.
Condenas "ridículas" por el retraso en la instrucción
Este nuevo parón en la causa se suma a todos los obstáculos, errores y dilaciones que ha ido sufriendo durante las dos últimas décadas, y que entre otras cosas hicieron rebajar las penas a los condenados hasta el punto de ser "ridículas", tal como las calificó la Audiencia Provincial al dictar la sentencia firme de segunda instancia.
Ese segundo fallo rebajó aún más las penas iniciales por las dilaciones indebidas, fijándolas dos meses de prisión para cada acusado, que podían sustituirse por una multa de 1.200 euros, además de otra multa de 1.200 euros y tres meses menos un día de inhabilitación especial para la profesión de promotor o constructor.
Además, esa condena ni siquiera se ha cumplido, al haberse anulado el juicio y por tanto la sentencia. Así, dos décadas después de que fueran denunciados los hechos por el Seprona, las casas continúan en pie y la familia Murillo, que reclama ser la titular de esos terrenos, continúa esperando que se celebre un nuevo juicio.