"Era el trámite habitual". Ésa es la frase que más se ha repetido en la sexta jornada del juicio de la pieza 12 del caso Unión, en la que han declarado como testigos tres trabajadoras del Ayuntamiento de Arrecife, además del representante de una empresa y el ex alcalde de la ciudad, Manuel Fajardo Feo, que solo ha explicado por qué decidió el Consistorio personarse como acusación en la causa. En cuanto a las tres empleadas, todas son auxiliares administrativas, pero dos de ellas han reconocido que firmaban propuestas de gasto y facturas por orden del entonces concejal de Parques y Jardines, Antonio Machín, como si fueran técnicos y sin realizar ninguna comprobación de que procedía el pago.
"¿Verificó que el trabajo se hubiera realizado?", le ha preguntado el fiscal a Loyola Hernández, tras mostrarle una de las facturas que lleva su firma junto a la de Machín. "Yo los trabajos no los revisaba, evidentemente", ha declarado la testigo, pese a que su firma implicaba precisamente dar una conformidad al trabajo supuestamente realizado.
"Nosotros firmábamos lo que venía", ha afirmado en un interrogatorio especialmente complicado, que ha llevado a intervenir en varias ocasiones al presidente de la Sala de la Audiencia, Emilio Moya, al ver que la testigo no respondía a lo que se le preguntaba. "Otra vez con el trámite", ha cuestionado al ver que volvía a contestar que era "el trámite habitual", cuando la pregunta era quién le decía que tenía que firmar o si le advirtieron de que su firma implicaba validar la recepción de ese trabajo. "Conteste usted a lo que se le pregunta, que no es tan complicado", le ha pedido Moya, que a continuación se ha disculpado con la testigo al ver que comenzaba a llorar, e incluso ha pedido a los abogados de la acusación que hicieran una pausa en el interrogatorio para que se "tranquilizara".
"Utilizados por la trama delictiva"
Esta testigo estuvo imputada en la causa junto a otra auxiliar y junto al ordenanza subalterno que declaró el miércoles, y que también validaba pagos con su firma como si fuera técnico, pero en los tres casos la juez instructora terminó archivando los cargos contra ellos. En el auto adoptado esta decisión, la magistrada señalaba que fueron "utilizados" por la "trama delictiva", sin que pudiera acreditarse que llegaran a conocerla o a "participar conscientemente".
Además, señalaba que ninguno era técnico ni tenía cualificación ni conocimientos para firmar facturas, por lo que concluía que no fueron determinantes para que se realizaran esos pagos y por tanto la presunta malversación de fondos públicos. Según la Fiscalía, sus firmas solo fueron una "operación de maquillaje" que utilizaron los acusados ?en este caso el concejal Antonio Machín y el interventor- para dar una apariencia de legalidad.
En el caso de Loyola Hernández, que ha declarado que lleva 18 años trabajando en el Ayuntamiento de Arrecife, ha terminado confirmando que era Machín quien le decía que tenía que firmar y quien le pedía que "preparara" propuestas de gastos, sin que hablara de este tema con ninguna otra persona del Ayuntamiento. Sobre si ella realizaba algún control sobre las obras, ha llegado a señalar que "iban vecinos a comentarle", ante la sorpresa del fiscal. "¿El trámite era que un vecino se pasara a decir que se había hecho una obra? ¿Se lo comentaba un ciudadano anónimo, como si viniera un jubilado que ve una obra?", ha cuestionado.
Otra auxiliar identifica la firma de Machín
En cuanto a la otra auxiliar administrativo que trabajaba en la Concejalía de Antonio Machín y que también firmó facturas y propuestas de gasto, Yoana Machín de León, ha confirmado con rotundidad que era este concejal quien le llevaba las propuestas y quien le decía que firmara. Y también que nunca le explicó lo que implicaba su firma. "Era el trámite habitual", ha repetido también ella en varias ocasiones. "Nos ha quedado claro", ha apuntado en una de ellas el fiscal.
Además, la testigo ha ratificado también que no comprobaba si realmente se había efectuado el trabajo, ni reparó en que había más de una factura que tenía exactamente el mismo objeto. En cuanto a la firma de Machín, que fue puesta en cuestión por su defensa durante su declaración, la trabajadora ha confirmado que es la que aparece en los documentos junto a la suya. Al respecto, y a preguntas del fiscal, ha afirmado que firmaron "multitud" de documentos juntos y que identifica su rúbrica.
En uno de los casos, esta auxiliar administrativo firmó una factura de más de 36.000 euros. "¿Hubiera firmado igual una factura de 70.000 euros que una de 20.000?", le ha preguntado el fiscal, subrayando que no se diferenciaba entre el procedimiento que debe llevar un contrato menor del que supera cierto importe. "¿Era una firma mecánica?", ha interrogado, ante lo que la testigo ha respondido que sí, señalando además que no pensó que no pudiera hacer ese trabajo pese a que no estaba cualificada para él, y que lo hizo porque así se lo pedía el concejal.
Un "trámite habitual" que dejó de serlo tras la salida de Machín
Tras responder a las preguntas del Ministerio Fiscal y de la acusación, las dos testigos han sido interrogadas también por la abogada de Antonio Machín, Juana Fernández de las Heras, que ha pedido que explicaran si ese "trámite habitual" al que se referían existía ya antes de que su representado llegara a la Concejalía. Sin embargo, ninguna ha respondido afirmativamente. Una de ellas ha señalado que no lo recuerda y la otra que se incorporó al área cuando Machín ya era el concejal.
En cuanto a la pregunta de si se siguió haciendo después el mismo trámite, firmando facturas aunque no fueran técnicos, ambas han respondido con rotundidad que no, que esa forma de proceder terminó con la salida de Antonio Machín de la Concejalía. En cuanto al motivo que les daba para hacerlo, las dos han señalado que era porque no había técnicos en el área, aunque el fiscal ha subrayado que sí había en Contratación y en la Oficina Técnica, que contaba "hasta con cinco arquitectos", pero pese a ello se hacía firmar facturas y propuestas de gasto a trabajadores sin cualificación.