El primer juicio del caso Montecarlo centrado en la etapa de José Montelongo como concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Arrecife ya tiene fecha. Después de varios cambios en el calendario, que aún podría sufrir modificaciones, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial ha fijado el inicio de la vista para el próximo 25 de abril. En total, están previstas 14 sesiones, que se extenderán hasta el 10 de junio.
Esto supone que el juicio arrancaría seis años después de haber terminado la instrucción y de que se presentara el escrito de acusación de la Fiscalía, en mayo de 2016, contra doce personas. Una de ellas, el interventor Carlos Sáenz, ya ha confesado en todas las piezas anteriores que han sido juzgadas de esta causa, relacionadas con los Ayuntamientos de Arrecife y San Bartolomé (además de La Oliva, donde también hubo una ramificación del caso Montecarlo).
Ahora, compartirá banquillo con nuevos acusados, por los pagos realizados con dinero público a las empresas Inelcon y Señalcon, de Carlos Lemes, entre los años 2008 y 2012.
El escrito de acusación sostiene que ambas empresas recibieron más de 3,6 millones de euros del Ayuntamiento durante ese periodo, incluyendo pagos por servicios no prestados y facturas infladas. "Obedecen a servicios no prestados un mínimo de 757.675,34 euros (Inelcon) y de 84.119,55 euros (Señalcon)", precisa. Además, concluye que se fraccionaron contratos de forma ilegal para poder realizar las adjudicaciones sin sacarlas a concurso. “Eran adjudicados de forma verbal y sin expediente alguno de contratación”, ssubraya el escrito de acusación.
Entre las decenas de facturas analizadas por la Fiscalía, hay desde servicios de electricidad para distintos eventos e intervenciones en parques, en señalética y semáforos de la ciudad, hasta la organización de “talleres de pintura facial, talleres de caretas de carnaval, globoflexia y muñecos animados de Minnie y Mickey durante el acto Carnavalito infantil” de 2011.
En el escrito de acusación firmado en su día por Ignacio Stampa, se describía la “multiplicidad de la facturación por los mismos conceptos, al facturarse los mismos servicios en varias ocasiones por medio de facturas diferentes con denominaciones ambiguas y genéricas, para también ocultar el fraccionamiento del servicio”, así como “el abono de facturas por servicios que nunca se prestaron, incluso con el incremento del 22% en su importe”.
Pagos "a pesar de las advertencias del tesorero"
Además, describe cómo se abonaron muchas de esas facturas a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito, “a pesar de las advertencias del tesorero del Ayuntamiento, Antonio Cabrera Panasco”. Así, sostiene que José Montelongo como concejal de Hacienda y Carlos Sáenz como interventor, incluían en el listado de facturas a pagar las de estas dos empresas, “a sabiendas múltiples facturas que habían sido indebidamente reconocidas previamente por el Ayuntamiento, y por importes notablemente excesivos e indebidos, dado su fraccionamiento”.
“Dichos procedimientos extrajudiciales de reconocimiento de crédito fueron utilizados por ambos acusados para ocultar más fácilmente las irregularidades cometidas, induciendo ambos a la emisión del voto favorable de la mayoría que ostentaba el grupo de gobierno de la Corporación, aprovechándose de la urgencia temporal legalmente fijada para su aprobación”, añade en referencia al procedimiento que se abrió en toda España para saldar las deudas pendientes con proveedores.
“No consta suficientemente acreditado que cada uno de los concejales que votaron a favor de los acuerdos lo hiciera a sabiendas de su arbitrariedad y del correlativo expolio de fondos públicos, salvo en el caso del Concejal de Hacienda José Francisco Montelongo Espinosa que formó dicho expediente y autorizó que se sometieran a debate los listados de facturas que fueron aprobados y a cuya aprobación indujo, y del concejal de Festejos acusado Víctor Manuel Sanginés Tremps, también integrante de dicho Pleno, como conocedor privilegiado de su ilegalidad, al ser firmante de muchas de las facturas presentadas por Inelcon S.L., dando con ello su conformidad al pago y creando la apariencia de su legalidad, al margen de cualquier respeto a la normativa de contratación pública”, sostiene el escrito de acusación.
Dado el periodo que abarca la investigación, en el que cambió el grupo de gobierno de Arrecife, en la causa hay imputados otros ex concejales de Hacienda, Festejos y Obras, además de trabajadores municipales, el interventor y el propio empresario, por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración y falsedad en documento oficial y documento mercantil
Los acusados, uno a uno
Carlos Sáenz: Era interventor del Ayuntamiento de Arrecife (también de San Bartolomé, Teguise y La Oliva) cuando ocurrieron los hechos. La Fiscalía pide para él seis años de prisión y 10 de inhabilitación absoluta. También solicita que indemnice al Ayuntamiento, de forma solidaria con otros acusados, con la cantidad de 841.794 euros, que es la cantidad que considera que corresponde a servicios no prestados.
José Montelongo: Aunque después fue alcalde de Arrecife, en el momento de los hechos era concejal de Hacienda por el PSOE. La Fiscalía pide para él 5 años y medio de prisión y 9 años y medio de inhabilitación absoluta, así como la devolución (de forma solidaria) 359.458 euros.
Isabel Martinón: Fue también concejal de Hacienda de Arrecife por el PNL durante una parte del periodo investigado, autorizando el pago de una parte de las facturas. La Fiscalía pide para ella 5 años y 3 meses de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta, y la devolución al Ayuntamiento de 101.374 euros.
Víctor Sanginés: Fue uno de los concejales de Festejos durante ese periodo (por el PSOE) y la Fiscalía pide para él 5 años de cárcel y 8 años y medio de inhabilitación, y que responda de la cantidad de 76.085 euros.
Eduardo Lasso: Fue también concejal de Festejos (por el PIL) y la Fiscalía pide para él 5 años y 3 meses de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta. En su caso, solicita que responda de la devolución al Ayuntamiento de 102.297 euros presuntamente malversados.
Alberto Juan Morales: Era concejal de Obras y Servicios por el PSOE y la Fiscalía pide para él 5 años de prisión y 8 años y medio de inhabilitación, teniendo que responder de la cantidad 88.284 euros.
Carlos Lemes: Para el empresario, la Fiscalía pide las mismas penas que para el interventor, es decir, 6 años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta y la devolución al Ayuntamiento de 841.794 euros (757.675 facturados por Inelcon y 84.119 por Señalcon).
Miguel Ángel Leal: Es animador sociocultural del Ayuntamiento de Arrecife (además de haber sido consejero del Cabildo) y dio el visto bueno a varias facturas. La Fiscalía pide para él 5 años de cárcel y 8 años y medio de inhabilitación absoluta, además de la devolución a Arrecife de 65.887 euros.
José Nieves Caraballo: Es técnico-coordinador del área de Festejos del Ayuntamiento de Arrecife. La Fiscalía pide para él 5 años y 3 meses de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta. En su caso, pide que responda de la devolución de 168.896 euros al Consistorio.
Penélope Tabares García: Era técnico de la Concejalía de Obras y Servicios cuando ocurrieron los hechos y la Fiscalía pide para ella 5 años de prisión y 8 años y medio de inhabilitación absoluta. También reclama que responda de la cantidad de 79.639 euros presuntamente malversados.
José Antonio Cabrera Moreno: Como funcionario del Ayuntamiento de Arrecife, intervino en la autorización de pagos por valor de 29.092 euros. La Fiscalía pide que responda de la devolución de esa suma, y que se le impongan 4 años y 9 meses de prisión y 8 años de inhabilitación absoluta.
Isidro Hernández Fuentes: Trabajaba como subalterno en el Ayuntamiento de Arrecife cuando ocurrieron los hechos pero, según la Fiscalía, dio el visto bueno a pagos por valor de 58.731,24 euros. La Fiscalía pide que responda de esa suma y que se le impongan 4 años y 9 meses de prisión y 8 años de inhabilitación absoluta.