"Creo que el señor Dimas Martín pensó que sería bonito tener una piscina en la que zambullirse, en la que dar brazadas de libertad, en suelo protegido, y ha terminado chapoteando en la charca de la delincuencia. Y ahora quiere que no le salpique la pena de cárcel". Así ha arrancado su alegato final el fiscal, Javier Ródenas, durante la última jornada del juicio por la pieza del caso Unión de Los Rostros, en la que el líder histórico del PIL está acusado de un delito contra la ordenación del territorio.
En sus conclusiones, la Fiscalía ha mantenido las penas que solicita para él, es decir, 2 años de prisión, una multa de 12.000 euros y el derribo de lo construido ilegalmente. En total, según la acusación, Dimas construyó en el año 2009 una nueva edificación con tres habitaciones, una piscina, una terraza y un muro, en suelo protegido del parque natural de Los Volcanes. Y lo hizo ampliando una construcción preexistente que, según han señalado los peritos durante el juicio, también era ilegal, ya que se realizó entre los años 2002 y 2003, cuando la ley ya prohibía construcciones residenciales en suelo rústico protegido.
"Nunca he construido una piscina para chapotear en ella", le ha respondido al fiscal Dimas Martín, que el miércoles se negó a responder a las preguntas de la Fiscalía y tampoco contestó a preguntas de su abogado, pero este jueves sí ha hecho uso de último turno de palabra. "Solo pido que se me juzgue como a uno más, no por ser Dimas Martín ni por obsesiones particulares", ha terminado diciendo. Así, ha seguido la estela que ya marcó en la primera jornada del juicio, cuando dijo que no respondería a preguntas "porque siempre prevalece lo que diga el Ministerio Fiscal, aunque no diga la verdad".
"El método Dimas"
Durante sus conclusiones, el fiscal se ha referido también a ese discurso de Dimas, que plantea que hay una especie de "persecución" contra él, tras sumar ya seis condenas a sus espaldas, dos de ellas por malversar dinero público. "Lo que le persigue es simplemente la Ley. La Ley que tantas veces ha conculcado", ha subrayado Javier Ródenas, que ha añadido que "quien se ha construido una jaula es el propio Dimas Martín, con sus mentiras y con su forma de hacer".
"Lo que no se puede pretender es que todos seamos como Dimas Martín", ha insistido, cuestionando que su estrategia es "descalificar a todo aquél que tiene encomendado velar por la legalidad". Así, ha hecho referencia a las conversaciones que se han escuchado durante el juicio, en las que el líder histórico del PIL utiliza distintos insultos para referirse a los agentes del Seprona, a los de la Policía Local y al concejal de Yaiza que ordenó realizar una inspección en esas obras en el año 2009.
"Se trata del método Dimas. Todo el mundo es culpable menos él. Y todo el mundo es un cabrón y un hijo de puta por cumplir con su deber de velar por el cumplimiento de la ley. Todos menos él", ha cuestionado el fiscal, que ha insistido en que "lo que no puede pretender Dimas Martín" es que "todas esas personas" hubieran "mirado para otro lado". Así, ha reiterado que la "culpa" de que vuelva a estar en el banquillo "no es el del cabrón del Seprona, ni el hijo de puta del concejal, ni de los cabrones de la Policía Local", sino de él mismo.
"Siento un profundo respeto por las fuerzas de seguridad del Estado y lo que representan. Y también por el Ministerio Fiscal, que me ha acusado de lo contrario", ha dicho por su parte Dimas Martín en ese último turno de palabra.
"El silencio del acusado"
El fiscal también ha hecho referencia al "silencio del acusado", señalando que es "claro y valorable" a la hora de dictar sentencia el hecho de que se haya negado a responder preguntas en el juicio. "Cuando existen pruebas tan contundentes, la ausencia de explicación, por un elemental sentido común, debe entenderse como que no existe explicación posible", ha señalado Ródenas, tras recordar que Dimas ni siquiera ha negado ser el promotor de las obras, que los peritos han confirmado que son ilegales e ilegalizables y que los técnicos de Yaiza, del Cabildo y de la Apmun que han declarado en el juicio han confirmado que el suelo es rústico de protección, al estar en un parque natural.
"Si alguien guarda silencio ante una prueba tan contundente, es un indicio a valorar. No lo explica porque no tiene explicación", ha insistido, reiterando que la construcción "ni estaba autorizada ni es autorizable" y que "no hay ninguna duda de que esto no puede quedar en una mera infracción administrativa".