La Sección de Extranjería de la Fiscalía Provincial de Las Palmas de Gran Canaria ha recibido una denuncia por "desprotección infantil" contra la entidad Fundación Samu por el estado en el que se encuentran los menores migrantes tutelados que están alojados en la Casa del Mar de Arrecife en Lanzarote y las carencias de los servicios e instalaciones.
La Fundación Samu fue contratada por el Gobierno de Canarias para la gestión del espacio, que abrió sus puertas el pasado mes de octubre de 2023.
En su denuncia, las abogadas Irma Ferrer y Loueila Sid Ahmed, colegiadas en Lanzarote, recogen los testimonios de menores de edad y de empleados del centro. Para presentarla, se han apoyado en testigos, grabaciones de audio, escritos, vídeos y fotografías.
En la actualidad, el espacio tiene acogidos a 55 menores migrantes, aunque su capacidad es de menos de la mitad, 25 menores. En el citado documento, las letradas exponen que las 20 habitaciones del complejo "se encuentra en pésimo estado" y además "sin reunir las mínimas condiciones de habitabilidad". En este punto, señalan que hay cables eléctricos sueltos, ventanas rotas y no hay mobiliario.
Los menores tampoco tienen acceso a la cafetería ni tienen cocina y la comida la prepara un catering que denuncian que tiene una "calidad pésima", según los usuarios y los trabajadores.
Una de las partes más graves de la demanda recoge un presunto episodio "violento, maltratador y despectivo" por parte del único trabajador social del centro con un menor. En este punto recogen que el empleado "llegó a tener un altercado" con uno de los usuarios, "usando la fuerza física, agarrándolo del cuello y empujándo al menor contra la pared". Los alertantes, sobre los que se basa la denuncia, recogen que "tal nivel de violencia física" era "innecesaria, contraproducente y muy peligrosa".
Según la demanda, la dirección presuntamente "utiliza a algunos chicos para hacer de chivatos, les amenazan con denuncias" y les prometen hacerle papeles, dinero o comida extra si le dan la información. Esta situación genera "un ambiente de opresión y vigilancia impropio de un lugar de acogida y protección".
Además, señala que "está generalizado, por parte del equipo, tratar a los adolescentes con desprecio". Así expone episodios racistas por parte del director del centro y de parte del equipo que "trata a los adolescentes con desprecio".
Así pues, también señala que existe "un sistema de faltas y castigos arbitrario y subjetivo", ya que los menores "no están informados de las faltas que se les imponen", incluso, "a veces se les castiga sin comer".
Adicciones
Los relatos recabados en el texto indican que "se incumple sistemáticamente la normativa de la protección de la infancia, que no se respetan sus creencias religiosas, limitándoles cualquier manifestación de sus orígenes". Tampoco se les brinda apoyo psicólogico, ni se les brinda "un lugar seguro" donde expresarse, donde responder a sus necesidades básicas y en el que se les forme y se les ofrezca ocio para prepararse para la vida adulta.
Uno de los niños del centro falleció atropellado el pasado mes de febrero. "No se ofreció ninguna asistencia psicológica a sus compañeros ni acompañamiento en su proceso de duelo, no hubo ninguna atención a sus necesidades emocionales", añade. A pesar de que varios menores estuvieron muy afectados, "se ignoraron sus síntomas depresivos, las llamadas de atención o actitudes rebeldes" por las que fueron castigados.
Así, alertan que la salud mental de los niños no está siendo tomada en cuenta y tampoco sus adicciones. "Dicen detectar cuadros de depresiones agudas, hay consumo de medicamentos como Rivotril o Diazepam. Varios menores consumen ansiolíticos con bebidas energéticas y alcohólicas como mecanismo para evadirse".
Entre ellos, recoge un episodio del pasado 11 de junio, cuando una trabajadora encontró una caja de Tramadol vacía, pero señala que "la dirección no adopta ninguna medida al respecto".
Asimismo, los menores "no están escolarizados, no se controla su asistencia a clase y lo que no reciben formación, ni se promociona el acceso a actividades lúdicas, formativas, deportivas, culturales, etc".
"No se les ofrece ninguna actividad ni mucho menos formación", resalta. Esta situación límite lleva a muchos menores al consumo de droga o alcohol para evadirse de la situación, otros se fugan de los recursos. "La dirección del centro les empuja a vivir en la calle en condiciones infrahumanas a pesar de ser menores tutelados por el Gobierno de Canarias y por el Cabildo Insular", añade.
Estado de las instalaciones
Según muestran las fotografías adjuntadas a la denuncia, los espacios están "muy sucios, descuidados, con cables sueltos por todas partes, pinturas escamadas, sofás viejos y rotos".
A ello se suma, que en el caso de la cocina, los fregaderos están "muy sucios, con hormigas" y también hay "presencia de cucarachas". Mientras que los baños "no cuentan con mantenimiento ni limpieza". Además, las letradas exponen que "no están aptos para el uso, mucho menos para menores".
En esta línea, señalan que "la lavadora no funciona, que no tienen sábanas y la ropa no se limpia". Incluso, las educadoras "mencionan que, alguna vez, han visto la situación tan extrema que se han llevado a sus propias casas, sábanas y ropa de los menores para lavar".
Sobre la alimentación y los menús, algunos trabajadores exponen que es "muy poco saludable y equilibrada", que se compone de "papas o pasta y pan en prácticamente todas las comidas y, cuando hay carne, se trata de carne recompuesta que a veces llega a oler mal". Además, "llega en cajas de plástico, a veces en muy mal estado, con pelos o cucarachas".
Tampoco hay "cubiertos suficientes para todos" y los menores tienen que terminar comiendo con las manos. "Se dejaron de pedir raciones para el personal porque nadie se lo come debido al mal estado de los alimentos del catering".
Esta falta de alimentación lleva a que algunos de los menores se comporten con agresividad porque "pasan hambre". Por ello, hay empleados que les traen comida a escondidas, pero se exponen a represalias. "La comida se guarda y se aparta de los niños", reza el documento.
Así, tambien indican el caso de un niño que llegó a un cuadro de desnutrición y tuvo que "tener una transfusión sanguínea urgente".
Un incendio el pasado febrero
Sobre la protección ante emergencias, aseguran que todos los extintores están debajo de una mesa en una misma sala cerrada con llave, y que solo dispone de esa llave una persona. Las letradas desconocen si esos extintores funcionan.
A ello se suma que los interruptores de la luz "están arrancados de las paredes" y si se acercan dos cable sueltos "se enciende", lo que ha provocado que "varias veces" usuarios y trabajadores se hayan electrocutado. "Algunos de estos cables pelados están en el cabezal de las camas donde duermen", han añadido.
En la denuncia se recoge que el pasado 14 de febrero el centro sufrió un incendio en un pasillo. Los usuarios y trabajadores se quedaron fuera del recinto "durante horas, pasando frío y hambre". Luego, tras sofocar el fuego, los bomberos indicaron que no se podía pernoctar en la zona incendiada por los humos tóxicos, pero algunos usuarios pasaron la noche en la zona.
La actuación de la Fiscalía de Menores
Por otro lado, el documento recoge que el pasado 6 de mayo se presentó la Fiscalía de Menores en una visita anunciada al centro. De acuerdo con los testimonios recogidos en la demanda, "antes de la visita, el director del centro escondió papeles y les pidió a algunas trabajadoras que pusieran archivadores en su coche para ocultarlos de la inspección".
En ese momento, se revisó la comida, prevención de riesgos laborales, extintores, etc. pero "no se tomó declaración ni a trabajadores ni a usuarios".
El cierre de La Santa
Así, el documento señala que "hay menores con medidas judiciales o con denuncias, consumidores de drogas, y con armas o instrumentos peligrosos que han sido derivados al centro donde se encuentran menores en situación de desamparo"
Tras concluir el cierre del centro de menores de La Santa, se derivaron nueve usuarios al centro, entre los que se encontraba el autor de una puñalada a otro menor. Según la denuncia, esa día, a las 23.00 horas de la noche, cuando se hizo el traslado, "solo estaba trabajando una persona, que tuvo que hacer el turno de noche con un trabajador del centro de menores de la Santa. La trabajadora estaba asustada por encontrarse en presencia de este menor y tener que proteger, sola, a todos los otros usuarios del centro".
Falta de formación de los trabajadores
El centro cuenta con 14 trabajadores: el director, un trabajador social, tres educadores sociales, cuatro auxiliares y cinco mediadiores. Sin embargo, no hay personal de limpieza ni de mantenimiento.
"Muchos miembros del personal no tienen formaciones específicas correspondientes a sus puestos de trabajo", así "varias personas están siendo contradas sin la cualificación adecuada" y otras "realizando funciones y siendo remuneradas, sin tener la contratación específica para ello". Tres mediadores hablan dariya (árabe marroquí) y una de ellos, francés.
Para concluir, la denuncia expone que "el propio centro de acogida que debe procurar un atención integral es quien origina la situación de desprotección infantil". Por ello, piden la intervención urgente y extraordinaria de la Fiscalía, a raíz de los hechos expuestos.