María (nombre ficticio para mantener su protección) empezó una nueva vida en Lanzarote en 2022. Se marchó de Uruguay junto a su hija pequeña de cuatro años, huyendo de los malos tratos que su entonces pareja ejercía sobre ella. Ahora se enfrenta a una resolución judicial que le obliga a que su hija tenga visitas con su padre, a pesar de que queda pendiente de resolver una denuncia contra su expareja a quién acuso de cometer abusos sexuales contra la menor.
La víctima narra la situación de violencia de género que vivió cuando aún estaba en Uruguay. A raíz de una denuncia presentada por María, un juzgado uruguayo dictó medidas cautelares contra su exnovio A.J.S.S. por un presunto delito de violencia de género, entre ellas, hizo uso de una tobillera electrónica que le impedía acercarse a ella o a la menor "desde 2019 hasta 2022", según su testimonio. De acuerdo con su versión, el incumplimiento reiterado de esta orden de alejamiento, que quedaba registrado en la tobillera, haría que comenzara un procedimiento penal contra él y que pudiera terminar en prisión.
Ante el miedo de perder la vida, María le pidió a su expareja que firmase un permiso para poder sacar a su hija del país y empezar de cero en Canarias, a cambio ella renunciaría al procedimiento penal y así él evitaría la cárcel.
"Me vine a Lanzarote. Era mi vida o quedarme muerta allá y dejar solos a mis hijos", reveló.
Mientras tanto, el Juzgado De Primera Instancia de Costa número 4 de Uruguay, que recibió la denuncia por malos tratos contra María por parte de su entonces pareja, le dio a María la custodia y la patria potestad de su hija en una sentencia fechada en el pasado 7 de abril de 2022. María se marchó de Uruguay para reunirse con sus familiares, que ya vivían en Lanzarote, y huir así de su expareja.
A pesar de que llegaron a ese acuerdo, su infierno no terminó ahí y su expareja la persiguió hasta la isla canaria. "Lo primero que hizo fue amenazarme, decirme que me iba a tirar por el Risco de Famara y me iba a quitar la vida, que él de la cárcel salía, pero yo de la muerte no", atestiguó María.
Según su testimonio, a los dos meses de arribar a Lanzarote, se topó con el padre de su hija en Playa Honda, quien presuntamente trató de sustraer a la niña. En ese momento, intervino la Guardia Civil y pasó una noche detenido. Desde entonces, María lleva consigo un mecanismo que le permite alertar a Emergencias de cuándo se encuentra en peligro.
Presuntos abusos sexuales a su hija
Ya asentada en Lanzarote, María descubrió que su expareja presuntamente realizó tocamientos de carácter sexual y amenazó a su hija de tres años cuando aún vivían en Uruguay. Tras un tiempo de asistencia por parte de los recursos de víctimas de violencia de género insulares, lo denunció en marzo de 2023 ante la Policía Nacional.
La menor le trasladó lo que presuntamente había ocurrido al ver a una pareja adulta besándose en una playa de Puerto del Carmen. Según los hechos denunciados por María, cuando su hija tenía entre tres y cuatro años su padre presuntamente abusó sexualmente de ella. Esta denuncia fue reiterada en diciembre de 2023 ante la Justicia uruguaya.
Cambio en el régimen de visitas
En octubre de 2023, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Arrecife homologó la sentencia que daba a la madre "la tenencia de la menor". En esta línea, explica a La Voz que "hay firmado un convenio donde él tiene que pasar una manutención, pero que no lo hacía desde 2020 cuando aún vivían en Uruguay".
El 7 de diciembre de 2023, el Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife atendió la petición del padre de la menor, donde pedía que se estableciera un régimen de visitas a su favor, aunque la guardia y custodia siguiera siendo de la madre.
María se opuso a estas visitas porque existe un procedimiento penal abierto en Uruguay por la denuncia de agresión sexual contra su hija que interpuso a comienzos del pasado año. Además, resaltó que fue víctima de maltrato habitual por parte de su expareja tanto en Uruguay como en España y que el padre no cumplía con el pago de la manutención. A pesar de que ambas partes viven ahora en España y el caso fue denunciado en Lanzarote, por la jurisdicción nacional los delitos cometidos en el extranjero "no son competencia" de los tribunales españoles y en este caso deben resolverse en Uruguay.
María ha presentado diferentes denuncias contra su expareja en Lanzarote. Entre ellas, una que narra un episodio de violencia en Playa Honda, donde la mujer acusó a su expareja de arrebatarle a la niña de sus manos y de amenazarla con llevársela a Uruguay. En ese momento, resaltó su temor a ser asesinada. Ya en agosto de 2023, denunció un nuevo episodio de malos tratos ante la Comandancia de la Guardia Civil, en este caso resaltó que el progenitor trató de acercarse hasta en cuatro ocasiones a la niña.
En su fallo, la jueza desestimó contemplar el procedimiento prejudicial abierto contra el padre de la menor, acusado de un presunto delito de agresión sexual contra la niña. Al mismo tiempo, reveló que en la sentencia uruguaya que otorgó la guarda y custodia a la madre "no consta medida alguna" sobre el régimen de visitas y comunicaciones con el padre. Ni tampoco "razón alguna por la que se haya limitado o excluido del ejercicio de tal derecho/deber" al progenitor.
En esta línea, el Juzgado de Primera Instancia de Arrecife aseguró que no existía un procedimiento penal abierto en Uruguay por la denuncia de agresión sexual y que no existen condenas ni medidas cautelares por malos tratos ni en España ni en Uruguay. Sin embargo, la defensa de María alegó que sí existía una investigación penal por la denuncia.
Mientras tanto, el progenitor alegó que no había hecho pago de la manutención de la menor por no poder visitarla, pero la Sala determinó que no puede "supeditar el pago de la pensión alimenticia a que la progenitora autorice el contacto" con la niña.
"Fue un procedimiento espantoso hasta la última Audiencia pedía un biombo y no escuchar su voz o no verlo tampoco porque a mí me provoca vómitos y me causa nerviosismo o ansiedad", recuerda María.
De este modo, la jueza dictó en resolución firme que, "atendiendo al interés superior del menor" se debía proceder a la modificación de la sentencia reconocida en España. Así pues, resolvió fijar un régimen de visitas a favor del padre en el Punto de Encuentro Familiar, controlado por especialistas, y con informes mensuales de su evolución durante los tres primeros meses y luego cada seis meses.
El 20 de diciembre del pasado año, la Fiscalía uruguaya ratificó que se está investigando una denuncia por presunto abuso sexual infantil. Además, el Ministerio Público sugirió que, por el momento, "la niña no tenga contacto con el sujeto denunciado, teniendo presente la gravedad de los hechos y la finalidad de protección de la infancia"
Mientras que la defensa de María pidió la suspensión del auto. Al tiempo en que resaltó que "la jueza no quiso escuchar ni la prueba testifical de la agente de Policía Nacional" que cogió el testimonio de la niña en el momento de la denuncia, "ni la prueba psicológica de los dos psicólogos y la jurista del CIAM, que había emitido los informes sobre abusos en septiembre de 2022, conocedores de estos hechos, ha sido admitida, pese a que se hallaban en sede judicial para prestar su declaración".
En este sentido, el letrado recordó que el padre de la menor reconoció en el Juzgado tener dos hijas menores de edad "de las que hace más de año y medio que ni siquiera ve ni se preocupa por su bienestar". Al mismo tiempo, pidió la suspensión de las medidas acordadas y que se realizara a la menor "un informe psicológico de la menor" antes de una nueva audiencia.
"Cuando uno sufre violencia, se enferma y yo he estado demasiado enferma. Ahora estoy dando pasos adelante y no quiero que quede impune lo que ha procesado esta jueza", concluye María.
A pesar de la resolución judicial, María y su abogado defensor siguen trabajando para evitar que su hija tenga que tener visitas con su padre. Por el momento, una nueva orden judicial le reiteró el pasado 25 de enero que debe cumplir con el auto y realizar las visitas tuteladas por el Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote. De no realizarlo, se enfrentará a una multa por cada día incumplido.