Cuatro de los condenados en el caso Unión ya están cumpliendo sus penas de cárcel en el centro penitenciario de Tahíche. Junto al líder histórico del PIL, Dimas Martín, se encuentran en prisión el que hasta hace unos meses seguía siendo interventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz, el ex jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, y el empresario José Daniel Hernández Arráez.
Los tres últimos fueron condenados en la misma pieza de Unión, por malversar más de 250.000 euros del Ayuntamiento de Arrecife con pagos a Proselan por servicios no prestados. Además de condenarles a devolver de forma solidaria el dinero malversado, la sentencia firme del Tribunal Supremo les impuso a cada uno 4 años, 6 meses y un día de prisión, que son los que ya han empezado a cumplir.
En cuanto a Dimas Martín, que al igual que Carlos Sáenz aún tiene otros juicios pendientes, actualmente está cumpliendo condena por la pieza de Unión relativa a los pagos por servicios no prestados a Francisco Rodríguez Batllori. Además, desde la pasada semana empezó a cumplir esa condena en régimen ordinario, después de que se le retirara el tercer grado penitenciario, que le permitía acudir a prisión solo a dormir de lunes a viernes y pasar los días y los fines de semana en libertad.
Los cuatro están en los módulos menos conflictivos
Dimas, Sáenz, Arrocha y Hernández hacen vida común en prisión en el mismo módulo, ya que los tres cumplen condena en los llamados "módulos de respeto". Esta zona de la prisión es la considerada menos "conflictiva", y alberga habitualmente personas condenadas por delitos de violencia de género y delitos sexuales, así como a presos de edad avanzada que ya llevan años en prisión.
Aunque en los últimos años ha habido quejas de los funcionarios, que denuncian que el centro no está preparado para albergar algunos presos violentos que han sido trasladados a la isla, Tahíche sigue siendo considerada una cárcel poco conflictiva. De hecho, eso lleva a que algunos internos de fuera de la isla soliciten este centro. Incluso, fuentes penitenciarias han confirmado a La Voz que una de las condenadas en otra conocida causa de corrupción de Tenerife, concretamente una arquitecta municipal, cumple también su pena en Lanzarote a petición propia.
Reyes, el primer condenado de Unión en cumplir su pena
Además, también cumplió ya su pena en este centro otro de los condenados en el caso Unión, el ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes. La suya fue la primera sentencia firme de esta macrocausa y se dictó en diciembre de 2014. En aquel caso no llegó siquiera a celebrarse juicio porque Reyes, que era el único acusado en esa pieza, mostró su conformidad con el escrito del fiscal y aceptó una condena de seis meses de prisión y 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, al conceder licencias ilegales para la construcción del chalet de Carlos Morales y Alexia de Grecia.
Aunque Reyes intentó eludir el cumplimiento de la pena, al ser inferior a dos años, la Fiscalía se opuso dado el historial del ex alcalde, que ya tiene otra condena por prevaricación y en ese momento tenía pendiente, entre otros, el juicio del caso Yate. Ahora, aunque ya terminó de cumplir la pena del caso Unión, aún debe volver a prisión por esa otra causa, en la que también llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y confesó los delitos que se le imputaban, es decir, que cobró sobornos por otorgar decenas de licencias ilegales.
Otras dos sentencias firmes
La segunda condena firme del caso Unión fue la de Francisco Rodríguez Batllori, que sí fue a juicio y terminó con la condena de las seis personas que se sentaron en el banquillo. Batllori fue condenado a dos años y 9 meses de prisión pero en su caso, solicitó un indulto y la Audiencia aceptó suspender su ingreso en prisión hasta que el Consejo de Ministros resuelva su solicitud. No ocurrió lo mismo con Dimas Martín, que actualmente está cumpliendo precisamente la condena por esa pieza de Unión.
La tercera sentencia firme fue la de la pieza de Proselan y en este caso también fueron condenados todos los acusados que se sentaron en el banquillo, aunque uno de ellos falleció después. Los otros tres son los que actualmente están en el Centro Penitenciario de Tahíche. Los hechos juzgados en esa pieza ocurrieron entre los años 2008 y 2009. Durante ese periodo, José Daniel Hernández presentó al Ayuntamiento 14 facturas por supuestos trabajos de electricidad en distintas fiestas de Arrecife. En algunos casos, se trataba de fiestas de pequeños barrios que ni siquiera requerían instalación eléctrica. En otros, el trabajo fue realmente realizado por otras empresas.
El importe total de las facturas presentadas por Hernández era de unos 350.000 euros, aunque casi 100.000 no llegó a cobrarlos, ya que se bloqueó el pago tras el estallido del caso Unión y la ruptura del grupo de gobierno de Arrecife. Entre otras cosas, la sentencia subrayaba que en el juicio no compareció como testigo ni un solo trabajador que hubiera participado en los supuestos trabajos. De hecho, Proselan "no contaba ni con trabajadores ni con vehículo ni con local alguno". Además, "cuatro de las diez facturas abonadas se dieron por buenas antes de la fecha de ejecución que consta en la misma".
Cuarta condena y juicios pendientes
La cuarta sentencia condenatoria dictada hasta ahora es la de la pieza del Teatro Insular, que no incluye penas de cárcel. En ella fueron condenados el ex alcalde de Arrecife, Enrique Pérez Parrilla, el ex concejal de Urbanismo, Ubaldo Becerra, y el ex consejero de Cultura del Cabildo, Rubén Placeres, por un delito de prevaricación administrativa. El fallo de primera instancia les impuso una condena de 7 años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público, al considerar probado que los tres permitieron la celebración de dos conciertos en el teatro insular "a sabiendas" de que carecía de licencia y de que había informes negativos que advertían de deficiencias en la seguridad de la instalación.
El resto de piezas que se instruyeron en el Juzgado Número 5 de Arrecife, entre las que se encuentran las principales de la causa, ya están cerradas aunque siguen pendientes de juicio. Además, hay otra pieza que se derivó en su día a otro juzgado, y que sigue en fase de instrucción. Esa pieza que sigue abierta es la que investiga el presunto blanqueo de capitales de Dimas Martín, a través de varios testaferros que le habrían ayudado a ocultar su verdadero patrimonio.