La Asamblea del Consorcio del Agua de Lanzarote y la Junta General de Inalsa han acordado este jueves emprender acciones legales contra Pedro San Ginés e Ignacio Calatayud, a los que acusan de "saquear las cuentas públicas", por la "contratación irregular del letrado y los cobros indebidos del mismo en los procedimientos incidentales en que representó, de manera también irregular, a ambas entidades”.
En un comunicado, recuerdan que “la investigación realizada por Inalsa a lo largo de los últimos meses sobre los procedimientos en los que se había personado el letrado-amigo de San Ginés, a raíz de la demanda presentada por Calatayud reclamando a Inalsa el pago de otros 82.000 euros por honorarios del concurso y la sorprendente negativa de éste a facilitar a su propio cliente la información sobre los incidentes concursales, ha permitido conocer y acreditar todo un cúmulo de irregularidades ocultadas por San Ginés”, que este jueves han sido puestas en conocimiento de ambos órganos del Consorcio y de Inalsa.
“Con respecto a la contratación irregular del letrado, la documentación obtenida del Juzgado, ante la pertinaz negativa de Calatayud a entregarla, pone de manifiesto que San Ginés designó como letrado en al menos nueve ocasiones a Ignacio Calatayud”, señalan. Además, subrayan que “la cuantía de los honorarios pactados para cada una de las tres primeras designaciones era muy superior al límite máximo que la ley prevé para ese tipo de contratos”, y recuerdan que “quien fuera presidente de la empresa pública de aguas aceptó tres presupuestos por 199.020 euros, 99.020 euros y 64.200 euros, cuando sus facultades le permitían contratar por un máximo de 18.000 euros”.
“Además de exceder de manera escandalosa los límites para los que estaba facultado, San Ginés procedió a dichas contrataciones sin formalizar el correspondiente expediente de contratación, ni justificar la elección de su amigo letrado (un novicio en temas concursales sin experiencia previa alguna en la materia), limitándose a aceptar un presupuesto teóricamente remitido por Calatayud, cuyas condiciones se transcribían en el documento firmado por San Ginés”, explican.
"Causaron un grave perjuicio a Inalsa"
En el caso del primer contrato, detallan que “se suscribió por un importe total de 199.020 euros”, es decir, “un importe prácticamente igual al que se había acordado con el despacho jurídico especializado en temas concursales que se contrató inicialmente por su experiencia en la materia”, pero sin descontar “el importe correspondiente al abundante trabajo que ya había realizado el equipo anterior durante la fase común del procedimiento concursal, permitiendo que en la práctica lo volviera a cobrar el amigo del ex-presidente”.
La posterior anulación de este primer contrato, que contemplaba la asistencia jurídica a la entidad en la totalidad del procedimiento concursal, y su sustitución por otros dos, que cubrían tan solo la fase común y la de convenio, “causaron un grave perjuicio a Inalsa, ya que no solo se renunció a condiciones más beneficiosas para la empresa en favor de Calatayud, al excluir los incidentes concursales en el segundo contrato, sino que también se incrementó el coste de la fase de convenio en un 50% en el tercero”, señalan desde la empresa, que recuerda que solo “la suma de estos contratos irregulares le han permitido cobrar a Calatayud la suma de 151.600 euros”.
Por último, con respecto a las contrataciones irregulares, señalan que “las investigaciones han desvelado que Calatayud se personó en nombre de Inalsa en, al menos, cinco incidentes concursales sin que exista ningún expediente para su designación, por lo que su contratación solo pudo ser verbal y a cargo de San Ginés”. En uno de esos incidentes, detallan que “se ha constatado una nueva designación efectuada por San Ginés a favor de su amigo Calatayud para que se personase también en nombre del Consorcio Insular de Aguas, sin que exista expediente de contratación, ni tan siquiera resolución acordando su designación por el ente público, la cual se efectuó mediante un nuevo nombramiento directo de Pedro San Ginés”.
"Deliberada estrategia de ocultación"
En cuanto se refiere a los “cobros indebidos”, sostienen que “la investigación ha podido acreditar, con los documentos proporcionados por el Juzgado, que Calatayud percibió 642.000 euros, 80.250 euros y 26.750 euros por tres incidentes concursales, lo cual hace un total de 749.000 euros, cuyo cobro a cargo de los contrarios fue ocultado a Inalsa, tratándose de cantidades que tienen la consideración legal de crédito a favor de la masa, por lo que habrían servido para pagar parte de la deuda a los acreedores”.
Además, recuerdan que “los 749.000 euros cobrados indebidamente por Calatayud podrían ascender a 831.609,95, de prosperar la reclamación realizada por el letrado mediante una Jura de Cuentas por un total de 82.609,95 euros”.
En total, “incluyendo los cobros procedentes de los contratos irregulares y el importe facturado en los incidentes concursales, Calatayud habría cobrado con cargo al procedimiento concursal un total de 983.209,95 euros, frente a los 200.000 euros que se contemplaban como precio total en el contrato suscrito con el equipo jurídico anterior, que incluía la totalidad de los incidentes concursales”, denuncian.
De este modo, reiteran que “los acuerdos entre San Ginés y Calatayud llegaron al extremo de que el amigo-letrado del expresidente de Inalsa cobró el doble que los propios administradores concursales, pero por un trabajo notoriamente inferior ya que estos intervinieron en más de 20 incidentes y todas las fases del concurso, mientras que Calatayud solo intervino en 5 incidentes y lo contrató San Ginés cuando el trabajo de la fase común había sido realizado ya en gran parte por el equipo especializado anterior”.
Tras conocer estos hechos, que califican “de extremada gravedad por sus consecuencias para las entidades afectadas”, la Asamblea del Consorcio y la Junta General de Inalsa han adoptado el acuerdo de ejercer las acciones legales que procedan facultando a la presidenta del Consorcio y de Inalsa para la contratación de abogado y procurador en orden al ejercicio de dichas acciones.
La presidenta de ambos entes públicos ha valorado “positivamente el trabajo de investigación realizado, pues ha permitido conocer lo sucedido a lo largo del procedimiento concursal a pesar de la deliberada estrategia de ocultación urdida por San Ginés y Calatayud”, y ha mostrado su “estupor e indignación tras conocer que mientras la empresa pública de aguas se jugaba su futuro en unas duras circunstancias, había quien aprovechaba la situación en su beneficio personal, saqueando de manera indecente las cuentas públicas”.