Los siete consejeros de CC en el Cabildo han solicitado al juez del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife aplazar su declaración por la presunta falsificación del reglamento del grupo para expulsar a Juan Manuel Sosa. Según han argumentado en un escrito piden atrasarla "para otra fecha posterior que les permita tener conocimiento de los hechos investigados con antelación suficiente para preparar su defensa".
David de La Hoz, Pedro San Ginés, Migdalia Machín, Domingo Cejas, Samuel Martín, Óscar Pérez y Tania Ramón tenían que declarar en calidad de investigados por presunta falsificación en documento público el próximo 27 de mayo, tras haber admitido el Juzgado la ampliación de la denuncia de Juan Manuel Sosa.
Esta causa se inició por la denuncia que Juan Manuel Sosa interpuso contra Pedro San Ginés acusándolo de un delito de coacciones. Según recoge la denuncia presentada el pasado 13 de mayo por Sosa, San Ginés le habría conminado a renunciar a su acta de consejero del Cabildo de Lanzarote, amenazándole con la interposición de una querella por seguir cobrando su sueldo como portavoz de Coalición Canaria.
Según el relato realizado por Sosa en sede judicial, San Ginés le citó en su casa de Arrecife, donde le mostró en un ordenador portátil el texto de la querella que amenazaba con presentar, y que finalizaba con la solicitud de hasta seis años de prisión y la exigencia de reintegrar los 85.000 euros cobrados supuestamente de manera indebida, extremo éste que ha sido reiteradamente desmentido por el Cabildo de Lanzarote y por el Gobierno de Canarias.
Posteriormente, y siempre según la denuncia de Sosa, San Ginés le dio a leer un segundo documento con unas supuestas noticias que se publicarían en sendos periódicos de tirada nacional si no dimitía de su cargo de consejero del Cabildo antes de la celebración del pleno del Cabildo que tuvo lugar el viernes 14 de mayo de 2021.
Ampliación de la demanda
Al no haber dimitido de su cargo, la siguiente actuación fue tramitar la expulsión de Sosa del grupo político. Hubo un total de tres intentos. La última de ellas se produjo en virtud del Reglamento del grupo político, único motivo por el que se pudiera fundamentar el caso. Según Sosa, "ésta sería una falsedad, ya que el citado reglamento no existe, sino que fue creado artificialmente para justificar su expulsión", lo que "supondría un delito de falsificación de documento público y otro de vulneración de derechos fundamentales".
Ahora, el Juzgado admiten a trámite la ampliación de la denuncia y en un auto fechado el pasado 12 de mayo cita textualmente que se debe “determinar si el reglamento del grupo de CC-PNC, Cabildo y La Graciosa fue una creación ad hoc dirigida a fundamentar artificiosamente la expulsión del denunciante”.
Para ello, entre otras cosas ya ha ordenado requerir distinta documentación tanto al secretario del Cabildo como a los partidos que integran el grupo, Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Canario, para que aporten sus estatutos y comuniquen si se les notificó formalmente la supuesta aprobación del reglamento del grupo, y en caso afirmativo en qué fecha fue.