El acusado de abusos sexuales, exhibicionismo y corrupción de menores contra un niño de 5 años y dos adolescentes de 12 y 15 años en Arrecife reconoció este lunes los hechos ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, aceptando una condena de 8 años y 11 meses de prisión, según adelanta el diario La Provincia.
El hombre, de 37 años y natural de Colombia, confesó desde el momento de su detención, "colaboró" con la justicia y mostró "su arrepentimiento”, según destacó la Fiscalía, que rebajó la pena solicitada aplicando estos atenuantes.
Durante la vista, todas las partes confirmaron que no recurrirán el fallo, por lo que el Tribunal dictó la sentencia in voce y declaró su firmeza. El condenado, que carece de antecedentes penales anteriores, se encuentra en prisión preventiva por estos hechos desde el 24 de febrero de 2020, por lo que ahora se descontará el tiempo que ya ha pasado en la cárcel.
La acusación pública señaló en su escrito de conclusiones finales que, desde abril de 2018 a diciembre de 2019, mantuvo conversaciones “de índole sexual” a través de WhatsApp con un menor de 12 años. Además, mantuvo encuentros sexuales con esta víctima “hasta que el menor cumplió 13 años”, que consistían en “tocamientos y masturbaciones mutuas”.
Además, durante los últimos seis meses de 2019, el condenado mantuvo “hasta cuatro encuentros sexuales” con un niño de cinco años, al que tuvo acceso gracias a la relación de amistad con la familia del menor. Abusó de él hasta que cumplió los 6 años, con “besos de todo tipo”, además de masturbarle.
La tercera víctima la captó a través de Instagram a finales de 2019, cuando el menor tenía 15 años. El procesado le envió fotografías de sus genitales, y consiguió que la víctima le enviase una fotografía desnudo “de cintura para arriba”, aunque en este caso no consiguió que accediera a conocerlo en persona pese a sus “repetidas proposiciones”.
Y.J.M fue detenido el 24 de febrero de 2020, cuando la Policía Nacional registró en su domicilio e intervino un ordenador con más de mil archivos fotográficos y de vídeo en el que aparecen menores de edad en “actitudes sexuales explícitas de todo tipo”.
El Tribunal también le impuso el pago de una indemnización a las víctimas, cuyo total asciende hasta los 47.000 euros, además de la inhabilitación especial para ejercer cualquier oficio que conlleve regular con menores durante 20 años, así como la prohibión de actividades que supongan contacto con menores por diez años.
Además, la acusación pública pidió que, una vez se acceda al tercer grado o se le conceda la libertad provisional, se le sustitutya el resto de la pena "por la expulsión del territorio nacional", con la consiguiente prohibición de regresar a España.