La Audiencia de Las Palmas comenzará este lunes el juicio de la "Operación Jable" contra las 16 personas imputadas en una presunta trama de corrupción que actuó hace dos décadas en el Ayuntamiento de Arrecife , encabezada supuestamente por su alcaldesa, Isabel Déniz, del PIL, y el entonces líder de su partido, Dimas Martín.
Se trata de la última pieza del conocido "Caso Unión", una de las mayores redes de corrupción destapadas en Lanzarote, que operaba en el Ayuntamiento de Arrecife y por la que ya ha sido condenado en otros procesos Dimas Martín, quien ahora se enfrenta a una solicitud de 13 años de cárcel, la misma pena que se pide para Déniz.
Tras haberse cerrado hace ocho años la instrucción del caso, la sección segunda de la Audiencia sentará en el banquillo de acusados desde este lunes a 17 personas, entre ellas el exjefe de Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife Rafael Arrocha, el exsecretario municipal Felipe Fernández Camero, el exsecretario del PSOE en Arrecife Miguel Ángel Leal, y representantes de las empresas Urbaser, FCC y Gamma Instal.
En la causa figuran también las parejas de María Isabel Déniz y de Dimas Martín por supuestamente haberse lucrado de las operaciones de la trama a la que la Fiscalía atribuye delitos de cohecho, malversación, falsedad documental, prevaricación, revelación de secretos, fraude y actividades prohibidas a funcionarios y asociación ilícita.
El Ministerio Fiscal sostiene que Dimas Martín, "como máximo líder" del PIL, y María Isabel Déniz, como alcaldesa de Arrecife, se pusieron "de acuerdo" entre 2001 y 2002 para "obtener fondos de forma ilícita procedentes de diversas empresas privadas a través del Ayuntamiento", para lo que contaron con la "importante colaboración" del secretario y del jefe de la Oficina Técnica.
Los imputados, dice la acusación pública, "amañaron" concursos para adjudicar a las empresas Urbaser y FCC trabajos a cambio de pagos en efectivo o en forma de "dádivas" o regalos. De ese modo, según la Fiscalía, Urbaser (entonces denominada Tecmed) obtuvo la adjudicación fraudulenta de un contrato de recogida de basuras y residuos por 2,1 millones al año, durante un periodo de 10.
Esta empresa logró dos contratos de obra sin licitación previa por 3,9 millones y 2,3 millones de euros a pagar en 25 años y con un canon anual de 248.836 euros y 168.836 euros, respectivamente, sostiene el fiscal, que calcula que toda esa operación suponía detraer de las arcas municipales 32,3 millones de euros.
Además, al exjefe de la Oficina Técnica municipal y a otros dos de los procesados, uno de ellos jefe también de la Oficina Técnica del Cabildo, Manuel Jesús Isidro Spínola, se les acusa de crear varias sociedades que efectuaban proyectos "ilegales" relacionados con ambas administraciones, según el escrito de acusación de la Fiscalía.
Estas empresas se beneficiaron de forma irregular de las adjudicaciones Urbaser y del contrato de redacción del proyecto y obra del pabellón municipal de Deportes de Argana Alta a FCC por 8,7 millones, que se adjudicó por el pleno de la corporación en 2003.
En la primera sesión del juicio se resolverán las cuestiones previas y es posible que se produzcan conformidades, según ha informado la Audiencia de Las Palmas, que además comunicará nuevos cambios en las fechas de las jornadas ya señaladas.
Durante la instrucción de la causa, un alto cargo de Urbaser imputados en el proceso Jacinto Álvarez de la Fuente, colaboró para facilitar la investigación, reconoció los hechos, lo que ayudó a descubrir parte de las actividades de la trama, según la Fiscalía, que pide para una condena de 10 años y dos meses de prisión
Déniz se enfrenta también a 52 años de inhabilitación (al igual que Dimas Martín), así como al pago más de 600.000 euros por las dávidas recibidas supuestamente para intervenir en las adjudicaciones a las empresas Urbaser y FCC y en las revisiones de contratos.
Según la Fiscalía, Déniz habría recibido de Urbaser regalos y pagos en metálicos, un viaje a Kenia junto a otro investigado, Felipe Fernández Camero, con sus respectivas parejas; más de 120.000 euros en efectivo, un mueble de salón, un reloj Rólex, un bolso Loewe, entradas para la ópera, pasajes de avión en primera clase y estancias en hoteles de cinco estrellas, entre otras prebendas.
Además, la exalcaldesa de Arrecife habría recibido de la empresa FCC viajes a Marraquech (Marruecos) para ella y ocho miembros de su familia, que generó un gasto de 16.674 euros.
El exsecretario del Ayuntamiento de Arrecife Felipe Fernández Camero, quien se encargaba de asesorar legalmente al Consistorio y formaba parte de la mesa de contratación, se enfrenta a una condena 11 años y seis meses de prisión, así como a 18 años de inhabilitación, mientras que para el jefe de la Oficina Técnica se reclaman 20 años y seis meses, la mayor pena.
Para el exresponsable del PSOE en Arrecife Miguel Ángel Leal, se piden tres años de cárcel; para los otros acusados de la empresa Urbaser, Andrés Martínez, Francisco Martínez, Stephan Jean Antoine y Santiago Alonso Herreros, condenas de hasta 10 años y dos meses; mientras que los directivos de FCC Enrique Astorga y Enrique José Hernández, se enfrentan a cuatro años de cárcel.
El resto de acusados relacionados con las empresas Gamma Julio Romero, Daniel Hernández Caraballo y Rafael Antonio Corujo, se exponen a multas 2.220 euros y distintos periodos de inhabilitación para ejercer empleos o cargos públicos.
