Club Lanzarote, que interpuso la querella que dio lugar a la causa penal por la incautación de la desaladora de Montaña Roja y que el pasado mes de septiembre acusó al presidente, Pedro San Ginés, de mentir "de forma clamorosa" en ese procedimiento, ha decidido finalmente retirarse como acusación particular. La decisión llega tras el acuerdo alcanzado entre la empresa y Pedro San Ginés, que supone que Club podrá seguir vendiendo y cobrando el agua a los vecinos de Montaña Roja. La diferencia es que ahora como responsable de la venta figurará el Consorcio del Agua, que "cederá" a esta empresa la gestión del servicio a cambio de un canon por una parte del agua producida.
"No estoy aquí para especular ni para creer", declaró el pasado mes de noviembre San Ginés, cuando este medio le preguntó si el convenio supondría que Club Lanzarote se retirara también de la causa penal abierta contra él. En aquel momento, el presidente insistió en que el objetivo de ese acuerdo, que admitió que había negociado personalmente, solo era poner fin a los pleitos contenciosos iniciados por la empresa a raíz de la incautación de su desaladora, ordenada por Pedro San Ginés y anulada después por los Tribunales.
Sin embargo, poco más de un mes después de que San Ginés ofreciera esa rueda de prensa para hablar del acuerdo con Club, la empresa ha decidido retirarse también de la causa penal. Para ello, ya ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, fechado el pasado 26 de diciembre, en el que el procurador se limita a señalar que "siguiendo expresas indicaciones de la empresa", se "aparta" del procedimiento.
La causa seguirá con la Fiscalía y Podemos como acusación
A diferencia de lo que ocurre con los pleitos contenciosos –en uno de los cuales ya fue validado el convenio-, en la causa penal solo se dirimen las responsabilidades personales de quienes intervinieron en la incautación, que están investigados por delitos de prevaricación y coacciones. Junto a San Ginés están imputados el secretario, Francisco Perdomo, el ex gerente del Consejo de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, y el abogado externo Ignacio Calatayud, que mientras asesoraba a San Ginés en la incautación trabajaba para Canal Gestión, que fue la empresa a la que se le entregaron las plantas de Club Lanzarote.
La retirada de la empresa supone que no formalizará escrito de acusación como parte perjudicada ni estará representada en el juicio, más allá de su declaración como testigo, pero no afecta al resto del procedimiento. Y es que además de Club Lanzarote, en la causa es parte la Fiscalía, que ejerce la acusación del Ministerio Público, y también está personado el grupo de Podemos en el Cabildo como acusación particular.
En el caso de la Fiscalía, cabe recordar que el pasado mes de octubre señaló que ve "sobrados indicios" para llevar a juicio al presidente por un delito contra la administración pública y otro de coacciones. Con ese escrito, el fiscal pedía que se rechazara el recurso que presentó San Ginés contra el auto que puso fin a la instrucción de la causa e inició el trámite para llevarle a juicio, abriendo el plazo para presentar los escritos de acusación.
"Clamorosa arbitrariedad e injusticia de su resolución prevaricadora"
En su momento, Club Lanzarote también pidió que fuera rechazado el recurso de San Ginés, con un duro escrito en el que acusaba al presidente de haber intentado "imponer su voluntad a la ley", al incautar ilegalmente sus plantas para entregárselas a Canal Gestión. Además, sostenía que debía ir a juicio para responder de la "clamorosa arbitrariedad e injusticia de su resolución prevaricadora".
Cuando la empresa presentó ese escrito ya había alcanzado un acuerdo con Pedro San Ginés, pero el presidente no había logrado que fuera aprobado ni en el Consejo ni en el Consorcio del Agua. Finalmente, el convenio negociado personalmente por San Ginés fue remitido a los Tribunales sin haber sido aprobado por ningún órgano, ya que ni siquiera en el Consorcio, donde CC ostenta la mayoría, recibió luz verde, y al Consejo ni siquiera llegó a llevarse.
Pendiente de la apertura de juicio oral por la incautación
En el auto previo a la apertura de juicio oral, el juez del Juzgado Número 2 de Arrecife, Jerónimo Alonso, consideraba "indiciariamente acreditado que el investigado, Pedro San Ginés Gutiérrez, en su condición de presidente del Consejo Insular de Aguas, llevó a efecto su personal voluntad, apartándose de la ley" al ordenar esa incautación. Y que lo hizo sin tener "competencias para ello", sin que esa medida "desproporcionada" estuviera prevista por ninguna normativa, "sin que concurriera una situación de urgencia que lo justificara" y "sin conceder un trámite previo de audiencia" a la empresa propietaria de la planta, Club Lanzarote, "vulnerando su derecho de defensa".
Además, añadía que San Ginés se valió de informes elaborados "ad hoc", tanto por parte del que entonces era gerente del Consejo de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, como por parte del abogado externo Ignacio Calatayud, que elaboró un dictamen tras la incautación "para dotar" la actuación del presidente de "una apariencia de legalidad" y para "tratar de dar, en alguna forma, cierta cobertura jurídica a la resolución prevaricadora". Respecto a este letrado, que "tuvo un papel principal" en todo el procedimiento, el auto recordaba que asesoraba al mismo tiempo al presidente y a Canal Gestión, que fue la empresa a la que se le entregaron las plantas incautadas, obteniendo gracias a ello "el consiguiente beneficio económico". Y esa empresa que resultó beneficiada de la medida pagaba 3.300 euros mensuales más IGIC a Calatayud, mientras ejercía de asesor del presidente en la incautación.
La contratación de Calatayud también dio lugar a una pieza separada de esa causa, que actualmente se instruye en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife. En el auto ordenando separar esta pieza, el magistrado señalaba que en ella, "lógicamente", serían "investigados" el propio Calatayud y el presidente del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas, Pedro San Ginés.
Además, recientemente el presidente ha sumado una nueva imputación, al ser llamado a declarar en calidad de investigado en las nuevas diligencias abiertas como pieza separada de la causa por la quiebra de Inalsa. En ese procedimiento se investiga la adjudicación de obras a través del Consejo de Aguas "eludiendo" las normas legales de contratación pública. De las tres adjudicaciones que se investigan, dos se llevaron a cabo bajo la Presidencia de San Ginés y la suma que se pagó ascendió a 2,7 millones de euros.