El juicio por la incautación de la desaladora de Montaña Roja ha arrancado finalmente este martes y el momento más tenso de la primera jornada se ha vivido cuando Pedro San Ginés estaba siendo interrogado por el abogado de otro de los acusados, el exsecretario Francisco Perdomo. Así, al igual que ocurrió en el primer juicio que se terminó suspendiendo hace un año, se ha vuelto a evidenciar el choque en la estrategia de defensa de ambos procesados: San Ginés asegura que adoptó la decisión asesorado por el secretario, mientras que éste niega haber participado.
El cambio respecto a la primera vista ha sido que San Ginés sí ha aceptado esta vez contestar a las preguntas de la fiscal -aunque se ha seguido negando a responder a las de la acusación popular-, mientras que Perdomo ha optado por no declarar, y se ha remitido a lo que ya declaró en su día.
En esa declaración, el exsecretario negó haber emitido ningún informe avalando la incautación -ni escrito ni verbal-, y aseguró que solo habló “en una ocasión” sobre el tema con el entonces presidente. “Yo no había estudiado el expediente ni conocía las interioridades”, puntualizó, asegurando que no se le pidió “ningún informe”.
Sin embargo, San Ginés ha insistido este martes en que contó en todo momento con el asesoramiento de Francisco Perdomo. Eso sí, lo que hace un año calificó como “informe verbal”, ahora lo ha definido como “asesoramiento verbal”.
Además, ha declarado que si no le pidió un informe por escrito fue porque el secretario le indicó que no hacía falta. “Ahora dice que no lo recuerda, pero me dijo que no era necesario”, ha asegurado San Ginés, que también ha insistido en que fue Perdomo quien le dijo que no necesitaba autorización judicial para incautar una propiedad privada, que incluía tanto la desaladora como una depuradora, oficinas y hasta una vivienda que ocupaba el vigilante de las instalaciones.
Perdomo, que durante la instrucción declaró que él no hubiera adoptado una decisión así sin un informe jurídico previo, ha guardado silencio este martes, pero quien ha hablado por él ha sido su abogado, al dirigir sus preguntas a San Ginés. “¿Sabía que iba a ser una medida controvertida y compleja, y aún así no consideró necesario pedir un informe por escrito?”, ha cuestionado el letrado.
“No. No lo consideró el asesor jurídico del Consejo, que firmó conmigo la resolución”, ha respondido el expresidente, apuntando de nuevo al secretario y subrayando que el decreto por el que ordenó incautar las plantas también llevaba la rúbrica de Francisco Perdomo. Esto mismo lo ha repetido en varias ocasiones, implicando a Perdomo en una medida en la que éste sostiene que no participó. Sin embargo, al mismo tiempo ha dedicado repetidos elogios al exsecretario -calificándolo en distintos momentos como “profesional reputado”, “honorable”, “reconocido”, de “trayectoria intachable”... -hasta el punto que en una de las ocasiones ha tenido que ser interrumpido por la jueza, pidiéndole que respondiera a la pregunta que se le estaba formulando.
Lo que no ha aclarado San Ginés es si firmó esa resolución antes o después de que lo hiciera el secretario, aunque ha insinuado que fue después. “Yo puedo firmar, o podía, decenas y decenas de resoluciones al día. Pero no firmaba por lo general ninguna que no viniera previamente firmada por el secretario. Doy por sentado que la suscribí después”, ha señalado, para apostillar después que tampoco lo puede “asegurar”.
Además, tampoco ha sabido responder quién redactó esa resolución elaborada a su nombre -y dictada sin tener un solo informe por escrito proponiendo la incautación-; y se ha limitado a señalar que se la llevó “su secretaria” para que la firmara. Justo antes de adoptar esa medida, San Ginés había retirado las competencias sobre los expedientes sancionadores a la consejera que las tenía delegadas, Soraya Brito.
El informe "a posteriori" de Ignacio Calatayud
En la primera sesión del juicio, también ha sobrevolado de forma reiterada otro nombre, el del abogado Ignacio Calatayud, que era amigo personal de San Ginés y actualmente está investigado junto él en otra macrocausa, por los pagos que recibió del Consorcio bajo su presidencia.
El propio San Ginés se ha referido a Calatayud -que al mismo tiempo trabajaba para la empresa a la que se le entregaron las plantas incautadas, Canal Gestión- como la otra persona que le asesoró en la incautación. Y también fue quien firmó el único informe jurídico que consta avalando la incautación, pero que se elaboró “a posteriori”, casi dos semanas después de ejecutar la medida.
“¿No consideró incorporar un informe escrito y sin embargo once días después se recaba?”, le ha vuelto a cuestionar el abogado de Francisco Perdomo a San Ginés durante su interrogatorio. Ante su respuesta, volviendo a afirmar que fue el secretario quien le dijo que no era necesario, el letrado ha insistido. “¿El secretario le dijo que no era necesario y posteriormente le dijo que sí?”, ha preguntado. “Yo no he dicho eso”, ha respondido en tono molesto San Ginés, mientras su abogado también ha interrumpido para pedir que no se “interpretaran” las respuestas de su cliente.
Según el expresidente, pidió ese informe con la incautación ya consumada porque la propietaria de las plantas, Club Lanzarote, “había advertido que iba a tomar medidas” y quería tener “garantías absolutas”. “¿La competencia no era del secretario?”, “¿qué necesidad había de ese informe?”, le había preguntado por su parte la fiscal, que también ha interrogado a San Ginés sobre la relación de Calatayud con Canal Gestión, que fue la empresa beneficiada con la incautación.
“¿No le parece que pudo haber incompatibilidad o conflicto de intereses?”, ha insistido la fiscal, cuestionando por qué se contrató precisamente a este letrado. “Era intrascendente si trabajaba o no para Canal”, ha respondido San Ginés, sosteniendo que “la única” empresa a la que se le podían entregar las plantas tras la incautación era ésa, al tener adjudicado ya el ciclo del agua en Lanzarote, también bajo su mandato. “Incompatibilidad sobre la decisión de si se incautaba o no”, ha apostillado la fiscal, subrayando que si no se hubiera adoptado esa medida -que después fue anulada por los tribunales-, no se hubiera hecho esa entrega de las plantas a Canal.
“Me alegra que me haga esa pregunta”, ha respondido a eso San Ginés, afirmando que en ese supuesto asesoramiento previo, Calatayud le planteó las dos opciones, pero “se inclinaba” por ordenar la clausura de la planta y no por la incautación. “Yo lo desoí. Bueno, opté por la menos gravosa para el interés general”, ha afirmado San Ginés. “Le dije, Calatayud, gracias por el consejo, pero me voy a quedar con la segunda para evitar el desabastecimiento”.
“La decisión la adopté yo”, ha reconocido Pedro San Ginés, aunque insistiendo en que “se compartió como posible” tanto por Calatayud como por el coacusado Francisco Perdomo. "Pareciera que yo estoy responsabilizando al secretario, pero en absoluto", ha defendido en otro momento.
Pregunta clave sin respuesta
En su declaración, San Ginés también se ha remitido reiteradamente a las advertencias que había recibido del Diputado del Común y del Gobierno de Canarias por la situación irregular que había con el abastecimiento de agua en Montaña Roja, que era una urbanización donde no llegaba la red insular, por lo que el servicio se prestaba a través de las plantas de Club Lanzarote, al ser una urbanización que no había sido aún recepcionada (y que sigue sin serlo a día de hoy).
Sin embargo, no ha respondido a una pregunta clave de la abogada de la acusación popular. “¿Le pedían en algunos de esos requerimientos que incautase?”. Como ésta, San Ginés ha dejado decenas de preguntas sin respuesta, ya que se ha vuelto a negar a responder a la acusación, y se ha limitado a escuchar en silencio del aluvión de interrogantes que planteaba la letrada.
Entre ellas, “¿qué urgencia había para ordenar una medida tan gravosa?”, cuando la situación era “conocida y consentida” por la administración y existía desde 1986, cuando se construyó ese plan parcial. Tampoco ha contestado si consultó a algún miembro o a algún órgano del Consejo Insular de Aguas antes de adoptar esa decisión. O “cuánto se pagó por ese informe” de Ignacio Calatayud, “cómo se contrató” y si se le pagó también “por el asesoramiento verbal anterior”.
“¿Era usted amigo personal de Calatayud? ¿Tenía algún vínculo más con él o con miembros de su familia, por ejemplo relacionado con su vivienda?”, ha preguntado también la letrada, en clara alusión a la nueva investigación abierta ahora sobre San Ginés y sobre Ignacio Calatayud, en la que también está implicado su suegro, Felipe Fernández Camero, que era el dueño de la casa del expresidente.
La abogada también ha recordado que el expediente sancionador a Club Lanzarote se abrió por tres faltas leves y una menos grave, y se recogía una multa máxima de 7.800 euros. Sobre este punto, también ha hecho hincapié después la fiscal.“¿No considera necesario que exista una proporcionalidad entre la posible sanción y la medida cautelar?”, ha planteado la representante del Ministerio Público.
Además, tanto la letrada de la acusación como la fiscal le han preguntado por el resto de plantas privadas que existen en la isla. Al respecto, San Ginés ha reconocido que hay “medio centenar” y que algunas ni siquiera cuentan con autorización, aunque ha intentado diferenciar que son para “autoconsumo”.
La fiscal ha tenido que preguntarle también en varias ocasiones si sobre otras no habían recibido quejas, incluso por vertidos ilegales, a lo que el acusado ha terminado respondiendo: “Doy por sentado que sí”, aunque ha reconocido que con ninguna se adoptaron medidas.
“¿Y no le pareció de la suficiente entidad o gravedad?”, ha insistido la fiscal. “No se lo ha parecido al Gobierno de Canarias o al Diputado del Común. No nos advirtieron que podíamos acabar denunciados”, ha respondido San Ginés, insistiendo en remitirse a esos requerimientos, que le instaban a regularizar la situación de los vecinos, pero en ningún momento hacían mención a incautar las plantas y entregárselas a otra empresa.
Respecto a las advertencias que recibió de Club Lanzarote, que le trasladó que era ilegal la incautación que estaban llevando a cabo sin autorización judicial, San Ginés ha reconocido que existieron. “Lo valoro como una opinión, con todo el respeto y cariño, que no puede ser tenida como objetiva, porque tiene intereses de parte”, ha respondido a preguntas de su abogado.
Duchemín, sobre la incautación: "Ni me parece bien ni me parece mal"
El tercer acusado en la causa, el ex gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, ha sido el último en declarar. En su caso, fue quien propuso abrir un expediente sancionador a Club Lanzarote por esas tres faltas leves y una menos grave, aunque en ningún momento proponía la incautación, tal y como él mismo ha subrayado.
De hecho, en el juicio tampoco ha querido pronunciarse sobre si esa medida ordenada por San Ginés era acertada. “En eso no voy a entrar. Ni me parece bien ni me parece mal. Sí sé que el problema era muy complejo”, ha declarado.
No obstante, como gerente del Consejo fue quien materializó esa orden e intervino en la entrega de las plantas a Canal Gestión. “Eso no se le podía dar a cualquiera. Tenía que ser una empresa especializada”, ha defendido. Además, ha subrayado que se trataba de una medida “provisional”.
El ex gerente del Consejo de Aguas también se ha negado a responder a la abogada de la acusación, por lo que ha dejado en el aire preguntas como si él “puso alguna sanción a Club Lanzarote previa a esa incautación” o si sabía que era el Gobierno de Canarias quien tenía competencias para tramitar sanciones graves y “¿por qué no se le consultó?”.
Tampoco ha contestado si como gerente del Consejo instó alguna medida contra otras desaladoras privadas que funcionaban en la isla; o por qué incautaron las de Club Lanzarote “para dárselas, sin contraprestación, a otra empresa”.