Casi un millar de menores llegados en patera o cayuco a Canarias desde enero del año pasado hasta hoy han sido enviados a centros para adultos porque se les filió erróneamente como mayores, como certificaron pruebas posteriores, según datos de la Fiscalía de la comunidad autónoma.
La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, ha expuesto este martes en Lanzarote cómo se ha avanzado en los procesos de asignación de edad de las decenas de jóvenes africanos que llegan cada mes a las costas de Canarias, durante las jornadas sobre migraciones que cada año celebra en las islas el Poder Judicial.
Martínez ha explicado que el año pasado fueron rescatados en Canarias unos 2.900 migrantes que podían ser menores, pero cuya edad no estaba clara (esa cifra no incluye aquellos de los que se presumía sin duda alguna que eran niños). Con un añadido que provocó que el año resultara “caótico”: a 31 de agosto solo habían llegado 600, mientras que el resto lo hizo de septiembre a diciembre.
En lo que va de 2024, han llegado a Canarias 1.205 menores más. Sobre 410 de ellos, no hay dudas de que son niños; el resto, han sido sometidos a pruebas o están pendientes de pasar por ellas.
La fiscal superior de Canarias ha precisado que, una vez que se reforzaron los servicios, se funcionó relativamente rápido, hasta el punto de que a día de hoy solo quedan 63 menores llegados a Canarias en 2023 cuya edad todavía no se ha determinado.
Sin embargo, ha reconocido que, en ese proceso, casi 1.000 menores han sido tomados por adultos: 523 el año pasado y 442 en lo que va de 2024, cosa que se sabe, según ha detallado, porque una vez en los centros para mayores los propios chicos manifestaron que no tenían aún 18 años o el personal de esos recursos pidió que se revisara su edad. Y en ambos supuestos se ha corroborado que eran menores.
En el trimestre final de 2023, cuando la llegada de varios cayucos diarios a El Hierro y Tenerife obligó a trasladar a la península a los recién llegados en cuestión de días para descongestionar la red de acogida de Canarias, varias comunidades autónomas se quejaron a la Dirección General de Protección de la Infancia de las islas de que en los grupos de adultos había también bastantes menores, cuya tutela tenían que asumir a partir de entonces.
Aunque la casuística es variada, la fiscal superior ha señalado se han detectado dos problemas principales: adolescentes que fingían ser mayores porque les habían aconsejado en sus familias que así lo hicieran (con la esperanza de que los trasladaran rápido al continente o, incluso, de que no les pusieran impedimentos para trabajar) y muchachos a los que la Policía filió mal como adultos.
Preguntada por el acuerdo que el Gobierno de España negocia con el de Canarias para distribuir la acogida y tutela de los menores que llegan en patera entre todas las comunidades autónomas, la fiscal superior ha reconocido que, con más de 5.500 menores en los centros de Canarias, no se les puede prestar la atención que merecen.
Y ha señalado que le “preocupa” que se esté planteando en esa negociación que se traslade a los menores de Canarias a la península en un máximo de 15 días, una vez superada la capacidad de acogida de las islas en un 150 % (es algo que plantea el Gobierno de Fernando Clavijo), porque cree que “no da tiempo” en dos semanas a completar las pruebas de determinación de minoría de edad.
“No se puede determinar la edad en 15 días. Los que trabajamos en esto pensamos que puede ser peligroso enviar a menores a la península sin determinar la edad, máxime cuando podemos adoptar medidas para funcionar con rapidez”, ha señalado.
La fiscal ni siquiera contempla como opción que las pruebas se hagan en la comunidad de destino, porque cree que se corre el riesgo de “perder de vista” al menor, en el peor de los casos, o de duplicar procedimientos y plazos.