El último trámite necesario para llevar a juicio la muerte de Romina Celeste Núñez, la joven presuntamente asesinada por su marido en Lanzarote el 1 de enero de 2019, no podrá resolverse mientras la secretaria de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias siga en huelga.
Es lo que explica la propia Sala de lo Penal en una nota de prensa en la que da cuenta de cómo está afectando la huelga indefinida convocada entre el colectivo de letrados de la Administración de Justicia, a la que se ha sumado su letrada titular.
Hace unas semanas, el presunto asesino de la joven paraguaya, su esposo Raúl D.C., fue puesto en libertad al haber cumplido ya cuatro años en prisión preventiva (el máximo legal) sin que se haya completado el procedimiento para llevar los hechos ante un Jurado.
En su nota, la Sala de lo Penal del TSJC confirma que los pasos necesarios para poder juzgar el caso están pendientes de que pueda responder a los recursos presentados por las partes contra el auto de la Audiencia Las Palmas que resolvió las cuestiones previas.
La Sala convocó la vista necesaria para escuchar la opinión de acusaciones y la defensa respecto a las cuestiones previas para el 31 de enero, a pesar de la huelga de letrados de la Administración de Justicia, porque la titular de esa plaza había informado de que iba a tomarse un permiso por asuntos propios hasta el 7 de febrero y su sustituto no tenía previsto secundar la protesta laboral.
Sin embargo, continúa la Sala, tres días antes de que se celebrara la vista, la letrada de la Administración de Justicia, Isabel Morales, avisó por un mensaje de whatsapp de que, por motivos personales, desistía de tomarse libres esos días y advirtió de que, por tanto, el 31 de enero ella iba a estar de huelga (con lo que legalmente no cabía sustituirla, porque no se trata de una causa con preso sujeta a servicios mínimos).
A ello se sumó que el letrado designado para los servicios mínimos de ese día alertó al tribunal de que ni iba a asistir a la vista ni asumía el compromiso de garantizar "la autenticidad e integridad" de la grabación de ese acto, "con todos los perjuicios" que eso podría suponer para las partes (dar fe de la veracidad de lo recogido en las actas y grabaciones es una de las competencias de los secretarios judiciales).
Al llegar el 31 de enero, el presidente del tribunal designado para resolver las cuestiones, Antonio Doreste, informó a las acusaciones y defensa de que la secretaria de la Sala estaba en huelga y de que la vista no estaba incluida en los servicios mínimos, pero todas las partes convinieron en celebrarla y se comprometieron a no impugnarla.
La Sala señala que la vista quedó grabada en el sistema oficial de vídeo, pero al día siguiente tuvieron conocimiento de que una de las acusaciones no podía descargar las imágenes y de que las partes preguntaban si ello se debía a un problema informático o la huelga.
"En consecuencia, y en tanto persista la huelga de la letrada de la Administración de Justicia de la Sala, la causa se halla paralizada, impidiendo que continúe la tramitación por parte de la Audiencia Provincial" para poder llevar a juicio, concluye la nota.
