La sentencia del Tribunal Supremo conocida este martes supone la primera condena firme para el todavía interventor de Arrecife, Carlos Sáenz, que ahora deberá dejar su cargo en el Ayuntamiento. El fallo, además de 4 años y medio de prisión por delitos continuados de malversación y prevaricación, le impone 8 años de inhabilitación. Y en principio, el trámite para ejecutar esa parte de la sentencia podría resolverse con mayor celeridad.
Para ello, el tribunal que dictó la sentencia de primera instancia, es decir, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, debe enviar una copia del fallo al Consistorio, para que se ejecute la pena de inhabilitación y se le aparte de su cargo. Sin embargo, hasta este martes esa notificación no había llegado al Ayuntamiento.
En cuanto al ingreso en prisión, también deberá ser ordenado por la Audiencia Provincial, aunque no hay plazos establecidos para ello. Antes, la Audiencia debe recibir formalmente la sentencia de casación. En ese fallo, el Supremo ordena que se le devuelva la causa a este tribunal de primera instancia, para que ponga en marcha los trámites legales oportunos. La sentencia está fechada el pasado 25 de noviembre, aunque no ha sido hasta este martes 10 de enero cuando se ha hecho pública, a través del gabinete de prensa del propio Tribunal Supremo.
Una vez que se inicie el trámite, tanto Sáenz como el resto de los condenados en esta pieza del caso Unión podrían pedir que se retrase la ejecución de la sentencia, para intentar retrasar su ingreso en prisión, esgrimiendo la interposición de algún recurso extraordinario o incluso la eventual solicitud de un indulto al Consejo de Ministros. Sin embargo, el tribunal es quien decide si acepta o no esa petición y puede ordenar igualmente que se inicie el cumplimiento del fallo.
Seis juicios pendientes
Ésta condena por el pago de 250.000 euros a Proselan por trabajos no realizados ha sido la primera para el interventor de Arrecife, pero podría no ser la última, ya que aún tiene al menos seis juicios pendientes. Cinco de ellos corresponden al caso Montecarlo, donde Carlos Sáenz está acusado en todas las piezas -incluida la que se abrió en Fuerteventura-, y el otro a otra pieza del caso Unión.
En total, la Fiscalía pide 55 años de cárcel para Sáenz en esos seis juicios, en los que también podría tener que devolver cientos de miles de euros presuntamente malversados. Solo en las tres piezas de Montecarlo relacionadas con el Ayuntamiento de Arrecife, el escrito de acusación del Ministerio Fiscal reclama que devuelva al Consistorio 1,2 millones de euros.
Por esas tres piezas, el fiscal pide para el todavía interventor de Arrecife 27 años y medio de cárcel. A esto se suman los 12 años que le pide por la pieza de San Bartolomé y los 8 años que le reclaman en Fuerteventura, donde también ejerció como interventor en el Ayuntamiento de La Oliva.
Además, Carlos Sáenz aún debe ser juzgado en otra pieza del caso Unión, la número 12, centrada en el presunto cobro de comisiones ilegales y en la malversación de fondos públicos en el Ayuntamiento de Arrecife entre los años 2007 y 2009, cuando estalló la Operación Unión. En esa pieza, Sáenz se enfrenta a otra petición de 7 años y medio de cárcel.
Regresó al Ayuntamiento tras pasar 10 meses en prisión provisional
Cabe recordar que Carlos Sáenz ya pasó 10 meses en prisión provisional, tras ser detenido en el caso Montecarlo. Tras salir de la cárcel en marzo de 2013, el interventor solicitó recuperar su puesto, pero inmediatamente empezó a presentar bajas médicas que renovaba semanalmente, por lo que siguió lejos del Ayuntamiento.
Sin embargo, el 8 de agosto de ese mismo año, justo al día siguiente de que la nueva interventora que había contratado el Consistorio para sustituirle asistiera a su primer Pleno, Carlos Sáenz volvió al Ayuntamiento a recuperar su cargo. Desde entonces, ha seguido ejerciendo como interventor, aunque esa situación llegará a su fin cuando se ejecute esta primera sentencia firme.