El abogado Felipe Fernández Camero ya tiene fecha para su primer juicio por corrupción, por la malversación de casi un millón de euros del Ayuntamiento de Yaiza. La instrucción de la causa se cerró hace siete años y el escrito de acusación se presentó a mediados de 2015, pero hasta ahora no se había señalado la fecha de la vista, que finalmente se ha fijado ya para la segunda quincena del próximo mes de junio.
Si no se producen cambios, el juicio arrancará el 13 de junio en Arrecife, ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial, y se extenderá durante nueve jornadas, concluyendo el día 23. Junto a Camero, en el banquillo de los acusados se sentarán el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el ex secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, y otro funcionario del Consistorio, Antonio Fernández Martín, que actuó como secretario-interventor durante parte del periodo en el que se produjeron los hechos.
La Fiscalía pide 6 años de prisión y 10 de inhabilitación para Felipe Fernández Camero por el "arbitrario expolio de fondos públicos" del Ayuntamiento de Yaiza, ya que sostiene que cobró cerca de un millón de euros del Consistorio al margen de la ley, sin que conste ni su contratación legal ni los servicios prestados para justificar esos pagos.
La misma pena de 6 años de cárcel y 10 de inhabilitación la solicita para José Francisco Reyes y para Vicente Bartolomé Fuentes, mientras que para Antonio Fernández Martín reclama 5 años y medio de cárcel y 9 de inhabilitación.
Además, el Ministerio Fiscal pide que todos ellos sean condenados a abonar importantes sumas en concepto de responsabilidad civil, para devolver "de forma solidaria" el dinero al Consistorio, en la cantidad que cada uno contribuyó presuntamente a malversar. En el caso de Reyes pide que responda de 842.721,28 euros, en el de Bartolomé Fuentes de 726.260,56 euros y en el de Fernández Martín 115.742,63 euros. Por su parte, a Fernández Camero le reclama una indemnización de 970.752,28 euros. De esa cantidad, será "responsable civil subsidiaria la mercantil Adelfas 24 SL en la cuantía de 311.727,63 euros", ya que parte del dinero lo facturó a través de esa empresa.
A los cuatro les acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación (en el caso de Fernández Camero, como inductor). Además, Fernández Martín deberá responder por un delito de falsedad en documento oficial y Felipe Fernández Camero por otro delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Un giro en la investigación
Esta pieza surgió del caso Yate, en el que el propio Reyes terminó confesando el cobro de sobornos a cambio de la concesión de decenas licencias ilegales en Playa Blanca. Durante la instrucción, el abogado Felipe Fernández Camero fue imputado, al ser considerado el cerebro de la presunta trama delictiva.
Después, el fiscal pidió archivar esa imputación contra él, al no encontrar pruebas documentales de su asesoramiento al Ayuntamiento de Yaiza; pero en el mismo momento solicitó abrir una nueva pieza contra Camero por malversación. Y es que entendía que si no había documentos que justificaran ese asesoramiento, tampoco había justificación para los pagos mensuales que recibió durante años del Ayuntamiento.
Además de este juicio, Felipe Fernández Camero también tiene pendiente otro dentro del caso Unión, en la pieza principal derivada de la Operación Jable. En esa causa, que lleva también años con la instrucción terminada y pendiente de juicio, la Fiscalía le pide 11 años y medio de cárcel por delitos de malversación y cohecho, entre otros. En este caso, se investiga su etapa como secretario del Ayuntamiento de Arrecife, bajo la Alcaldía de María Isabel Déniz. La Fiscalía considera que Camero contribuyó a 'amañanar' la adjudicación del servicio de recogida de basura a Urbaser (entonces bajo el nombre de Tecmed) y que a cambio recibió sobornos de la empresa, incluyendo un viaje a Kenia, al que con la ex alcaldesa y las parejas de ambos.
Para su defensa en la pieza separada del caso Yate, Camero ha terminado contratando al mismo abogado que representó al empresario Juan Francisco Rosa en el caso Stratvs, José Antonio Choclán Montalvo. Rosa fue uno de los beneficiarios de las licencias ilegales otorgadas por Reyes, y durante años tuvo como abogado a Fernández Camero.