La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha rechazado el recurso presentado por el expresidente del Cabildo, Pedro San Ginés, para evitar el nuevo juicio que podría llevarle al banquillo, por un delito de denuncia falsa en la causa de los Centros Turísticos.
“Los indicios existen y son sólidos y consistentes”, señala la Audiencia, que avala así el auto del Juzgado que puso fin a la instrucción de esa causa, abriendo el plazo para presentar los escritos de acusación. Además, la resolución condena a San Ginés a pagar las costas causadas con su recurso.
“El apelante dedica sus más animosos esfuerzos a discutir los hechos que se le imputan y para ello expone toda una serie de argumentos de descargo, pero lo cierto es que sus alegaciones exculpatorias no logran contrarrestar la contundencia de los indicios inculpatorios en su contra”, advierte el auto.
En cualquier caso, subraya que las “objeciones” planteadas por la defensa “carecen de mayor fundamento en esta fase procesal”. Y es que insiste en que ahora, solo se debe determinar “la existencia de indicios racionales de criminalidad contra el encartado, que en principio los hay, para legitimar la prosecución del procedimiento”. El resto, señala que deberá “valorarse en la fase del juicio oral”.
Para ello, el juez instructor debe dictar ahora un último auto ordenando apertura de juicio oral, cuando reciba los escritos de acusación. Pero de momento, la Audiencia ya ha ratificado el que emitió poniendo fin a la instrucción, concluyendo que había “indicios de criminalidad”.
“La resolución combatida es plenamente ajustada a derecho y debe ser confirmada por sus propios y acertados fundamentos. Por tanto, procede confirmar la continuación de la causa contra el investigado apelante, pues no cabe apreciar en el presente caso insuficiencia ni exceso alguno en la misma, donde el instructor, con prudencia y sin prejuzgar, alude a los hechos que pueden ser punibles y al posible responsable de los mismos”, insiste la Audiencia.
“Trató de involucrar a terceras personas” con “falsas imputaciones”
Estas diligencias se abrieron por la querella que presentó la hija del ya fallecido Antonio González Medina, que estuvo casi una década imputado en la causa de los Centros Turísticos, de la que Pedro San Ginés fue denunciante y testigo. Tras archivarse definitivamente ese procedimiento, se abrió éste contra San Ginés por un delito de denuncia falsa y/o falso testimonio.
“La actuación ilícita del investigado desarrollada a través de diversas actuaciones policiales y judiciales que se sucedieron entre diciembre de 2009 y octubre de 2019, faltando abiertamente a la verdad e imputando a Antonio González Medina y la entidad Climafrical S.L. diversos ilícitos de una trascendencia y gravedad indudables, justifica la apertura de juicio de acusación contra aquél”, señalaba el juez en el auto con el que cerró la instrucción el pasado 9 de febrero, y que ahora ha sido confirmado por la Audiencia.
El magistrado recordaba que Pedro San Ginés acudió primero a los agentes de la UCO, que se habían desplazado a la isla al estallar el caso Unión, “para, a sabiendas de su injusticia y falta de veracidad de sus imputaciones y con pleno conocimiento de ello, tratar de involucrar artificiosamente a terceras personas ajenas a dicha investigación en ilícitos de la misma o similar naturaleza”. Además, recordaba que el denunciante del caso Unión fue Carlos Espino, contra quien San Ginés pedía que se iniciaran acciones. “La intención del investigado era clara”, concluía el juez.
Pedro San Ginés también acudió después al Juzgado de Guardia, donde presentó personalmente otra denuncia, “realizando las mismas falsas imputaciones”, según señalaba el magistrado. A ella se sumó la que más tarde interpusieron los Centros Turísticos bajo su presidencia en el Cabildo, y todas terminaron en el mismo procedimiento, en el que San Ginés declaró dos veces como testigo, manteniendo sus “falsas imputaciones”.
“Con ello se afectó tanto al adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia, como a la honorabilidad e intereses de quienes tuvieron que soportar una larga instrucción penal”, señalaba el auto, que subrayaba también las consecuencias que la “ilícita actuación” de San Ginés tuvo para Antonio González, “tanto desde el punto de vista personal, siendo sometido a una larga instrucción, como patrimonial, hasta el punto, por ejemplo, que llegó a imponérsele la prestación de una fianza por importe de 1.362.809,44 euros”.