La Audiencia Provincial de Las Palmas ha desestimado los recursos interpuestos por Juan Manuel Sosa Rodríguez, archivando de manera definitiva su denuncia por coacciones y amenazas contra Pedro San Ginés, ampliada después por falsedad documental contra todos los consejeros de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo de Lanzarote. La resolución judicial confirma la inexistencia de indicios delictivos y pone fin a este proceso iniciado por Sosa en 2021.
Tras conocerse el auto, Coalición Canaria ha manifestado que “la justicia es lenta, pero finalmente se ha demostrado que CC siempre actuó correctamente. Fue el tránsfuga quien, además de abandonar la disciplina de su grupo, cobró casi 300.000 euros de manera indebida durante tres años y medio. Y aún así, se permitió denunciar al grupo político al que había traicionado”.
Desde Coalición Canaria explican que "durante la pasada legislatura, Juan Manuel Sosa fue expulsado de su grupo político tras transfugarse desde CC al gobierno insular. Lo hizo en un contexto polémico en el que, además, cobró fraudulentamente su salario como médico del Servicio Canario de Salud al que engañó, un hecho que fue facilitado por la expresidenta del Cabildo, Dolores Corujo para blindarse en minoría en la Presidencia".
La denuncia de Sosa incluía acusaciones por coacciones y amenazas contra Pedro San Ginés, cabeza de lista de CC, y contra todos consejeros del partido por falsedad documental. Sin embargo, ambas denuncias fueron archivadas.
"A pesar de las reiteradas decisiones judiciales en su contra, Juan Manuel Sosa recurrió varias veces el archivo de su denuncia. Entre sus intentos, solicitó que se autorizara el volcado y análisis de los discos duros de los ordenadores del grupo político de CC en un intento de encontrar pruebas que respaldaran sus acusaciones", añaden.
Sin embargo, manifiestan desde la formación nacionalista, "tanto esta solicitud como su apelación han sido definivamente rechazadas por la Audiencia Provincial, reafirmando la inexistencia de los indicios delictivos denunciados, en dos autos de rechazo a las pretensiones de Sosa fechados este miércoles 11 de septiembre".
En estos últimos autos, además de desestimar el recurso de apelación, la Audiencia Provincial ha impuesto las costas procesales a Juan Manuel Sosa, si las hubiera. "Esta decisión refuerza la contundencia del fallo y subraya la ausencia de fundamento en sus acusaciones", señalan.
Con estas últimas resoluciones, contra las que “no cabe recurso alguno”, según reza en las mismas, la justicia ha cerrado definitivamente el caso, ratificando la legalidad de las actuaciones de Coalición Canaria.
“Esto deja claro que la voluntad de los consejeros de CC siempre fue transparente y ajustada a la legalidad, ahora solo queda que Juan Manuel Sosa devuelva a las arcas públicas los cerca de 300.000 euros que el Gobierno le debería reclamar”, concluyen los nacionalistas.