La asociación cívica El sol sale para todos presentó el pasado mes de abril una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción contra el Ayuntamiento de Yaiza y el Gobierno de Canarias por su inacción ante un hotel ilegal que sigue funcionando en la localidad turística de Playa Blanca, el Papagayo Arenas.
El Ministerio Fiscal de Arrecife, a quien Anticorrupción derivó la denuncia, dispone de un plazo máximo de seis meses, hasta el próximo 6 de octubre, para decidir si aprecia hechos constitutivos de delito.
Licencias ilegales en Playa Blanca
En Playa Blanca siguen abiertos al público, al menos, tres establecimientos hoteleros que tienen anuladas sus licencias urbanísticas por los tribunales y que aún no han culminado el procedimiento para determinar si las obras son legalizables o no. El procedimiento de legalización continúa en el Ayuntamiento de Yaiza, bajo la supervisión judicial en ejecución de sentencia, pese a que han transcurrido más de 16 años desde que la Justicia los declarara ilegales.
Las licencias de estos hoteles fueron declaradas nulas después de la sentencia del caso Yate, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas en abril de 2017. Esta resolución judicial condenó al exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes por prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, blanqueo de capitales y tres delitos de cohecho, entre otros delitos.
En dicha sentencia judicial se afirma que el entonces alcalde de Yaiza recibió dinero de algunos promotores -sin concretar quiénes- y que el incremento de su patrimonio venía de otorgar de forma delictiva licencias urbanísticas.
El caso del Papagayo Arenas
La asociación cívica El sol sale para todos decidió presentar la denuncia en Fiscalía cuando conoció a través de un periódico digital que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias había estimado en diciembre del pasado año un recurso de la propiedad del Papagayo Arena en el que revocaba el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas. Este Tribunal había ordenado el restablecimiento de "la legalidad urbanística y territorial" y abría la puerta a la demolición total o parcial del hotel.
Sin embargo, la sentencia del TSJC insta a continuar el procedimiento de legalización de las obras de uno de los mayores hoteles de la isla, en contra del criterio sostenido por el anterior Grupo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote, que defendió la inutilidad de concluir ese procedimiento de legalización, dado el carácter ilegalizable de las obras por incumplir la normativa turística y urbanística.
De acuerdo con los Tribunales, el Sandos Papagayo Beach Resort, antes conocido como Papagayo Arenas, incumple el planeamiento municipal y ocupa un vial público de acceso a la playa, que el hotel ha hecho suyo y lo ha integrado en su construcción e instalaciones. Así ha quitado a la población el derecho de acceder por suelo público a esa playa, como parte del dominio público estatal recogido por la Constitución Española.
Esta asociación cívica denuncia el caso del Papagayo Arena porque en un inicio les llamó "especialmente la atención" y después de investigar les "indignó". Así lo revela el vocal y letrado de la asociación, Agustín Bravo de Laguna, en una entrevista con La Voz.
"Digamos que el Papagayo Arenas hizo como algún hotel de Lanzarote en los años setenta del siglo XX, apropiándose de la playa, solo que eso se hace ahora en pleno siglo XXI ", señala Bravo de Laguna.
La decisión de ir en contra de este hotel es porque "es el caso más sangrante que hemos visto", pero entiende que la Fiscalía debe "investigar otras licencias de otros hoteles que están operando pese a tener anuladas sus licencias en sentencia penal. Las licencias en vías de legalización no existen, es un concepto absolutamente inédito en el mundo del derecho", expone.
La pregunta que se hacían desde El sol sale para todos era si "iban a seguir con los expedientes de legalización toda la vida" (uno data de 2013 y otro de 2019, sin resolver ambos). Los tiempos en los Tribunales son los que son y mientras tanto determinados hoteles operan sin problema alguno y, en un claro caso de agravio comparativo con aquellos que sí tienen sus papeles en regla, obtienen sus ingresos a costa de suelo público y de que nos quedemos sin playa".
Bravo de Laguna recuerda al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Yaiza que "tiene labor inspectora" respecto a la actividad turística. En este sentido, añade que hace unas semanas el Ayuntamiento de Arrecife precintó tres locales en la capital por operan sin licencia. Frente a ello, "en Playa Blanca están actuando todos los hoteles a rienda suelta sin sanción, expediente, ni nada".
El descontento ciudadano con las administraciones
Bravo de Laguna resalta que la ocupación de un vial público con fines lucrativos puede suponer un delito penal en contra de la ordenación del territorio. En esta línea, expone que "hay un hecho más grave todavía, que es la desconfianza que se produce en el ciudadano ante la administración pública" con casos como este.
"Aquí lo grave es el silencio de las administraciones. Eso es gravísimo porque no sabemos en qué manos estamos, no sabemos si están defendiendo el interés público. Ahora, con respecto a esto, no lo están defendiendo y eso es de una gravedad y unas consecuencias que son difíciles de restablecer. Si los partidos democráticos ya actúan así, la gente ya pierde la fe y la confianza", continúa durante una conversación telefónica con La Voz.
El papel de la Fiscalía
El abogado indica que no solo el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Yaiza tienen su responsabilidad, "que la tienen y bastante, e incluso más de un funcionario ha debido saltar denunciando esto", sino que cuestiona la labor del Ministerio Fiscal.
"No es de recibo que la Fiscalía, que es parte en un procedimiento de ejecutoria penal, tenga conocimiento de estas licencias ilegales y haya permitido durante más de seis años que se haya perpetuado esta situación", incide.
La asociación cívica expone que "la Fiscalía debería haber investigado con anterioridad a nuestra denuncia por qué no se han cumplido las resoluciones judiciales. La Fiscalía se ha dormido en los laureles. Yo no entiendo una sentencia de 109 folios, diga que el alcalde [José Francisco Reyes] ha recibido dinero por todos lados dando licencias y a los beneficiarios de las licencias fraudulentas no les pasa nada y es que además siguen disfrutando de esas licencias fraudulentas. ¿Esto qué es? Esto es una república bananera", cuestiona Bravo de Laguna.
Mientras tanto, sobre la gestión del Gobierno canario y de Yaiza, defiende que los políticos "cuando tienen que tomar decisiones que nos afectan a todos, como es el tema de la apropiación de una playa de hecho, aquí nadie dice nada. Es una vergüenza que el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Yaiza amparen las licencias en vía de legalización en contra de los ciudadanos de Canarias, a quienes se les ha privado de una playa", continúa.
Además, resalta que no es habitual que en Canarias se derrumben hoteles, aunque sean ilegales. "En general no se tira nada, el tema es que el empresario se escuda en los puestos de trabajo, el político en los votos que va a perder y es todo un mamoneo".
Junto a Bravo de Laguna, como vocal y letrado, la denuncia ha sido suscrita por la totalidad de la junta directiva de la asociación, compuesta por la presidenta Rosario Miranda, catedrática de Filosofía; la vicepresidenta, María Luisa Pita Toledo, exjefa del Servicio de Salud Medioambiental del Gobierno de Canarias; el secretario, Óscar Méndez, que fue jefe del Servicio de Patrimonio del Gobierno de Canarias; el tesorero, Óscar Bermejo, que es economista.
El Sol sale para todos se constituyó en febrero de 2016, con el fin de defender y proteger el interés general. Esta asociación cívica ha estado especialmente activa en asuntos polémicos en la capital grancanaria, como son la polémica implantación de la Metroguagua y la gestión del agua. De hecho, está personada en el procedimiento abreviado que se sigue en la jurisdicción penal contra 14 directivos de Emalsa, la empresa mixta de aguas de Las Palmas de Gran Canaria, por apropiación indebida y administración desleal
Para finalizar, Bravo de Laguna asegura irónicamente que se está planteando cambiar el nombre de la asociación por el título El sol sale para casi todos.