La asociación cívica El sol sale para todos pone en conocimiento de la Físcalía de Arrecife que el hotel ilegal Sandos Papagayo Beach Resort, antes Papagayo Arena, "utiliza recursos públicos" para "el mantenimiento y fomento de la actividad" del establecimiento.
El Sol sale para todos expone en un escrito dirigido al Ministerio Fiscal, que investiga las diligencias de la denuncia interpuesta por la misma asociación contra el Ayuntamiento de Yaiza y el Gobierno de Canarias por presunta dejación de funciones, que los hechos alrededor del Hotel Sandos Papagayo "no solo resultan irreconciliables con el interés general y la legalidad", sino que además "utilizan recursos públicos" para mantenerse. Así lo ha adelantado el digital Canarias Ahora y lo ha podido confirmar La Voz de Lanzarote.
En este sentido, señala la subvención dada por la Dirección General de Promoción y Diversificación Económica del Gobierno de Canarias a la entidad Papagayo Arena SL por valor de 2,45 millones de euros.
A lo que se suma que la Consejería de Turismo y Empleo del Ejecutivo canario firmó en agosto de este año un convenio de colaboración con la empresa para mejorar la cualificación de su personal en el marco de la "renovación y modernización turística" de Canarias.
El sol sale para todos resalta que "no solo se antepone el interés particular de algunos al interés general de todos, sino que se utiliza el dinero de todos para financiar a algunos de forma ilegal e ilícita".
En esta línea, pide a la Fiscalía que la Dirección General de Promoción y Diversidad Económica de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias traslade a la Fiscalía el expediente aportado por Papagayo Arena SL para obtener la subvención de 2,452,630,49 euros millones de euros y al Servicio Canario de Empleo la documentación que le permitió beneficiarse del convenio para formar a trabajadores. Además, solicita que se reintegre a las arcas públicas el dinero obtenido.
Según ha señalado la asociación en el citado escrito, la Fiscalía de Arrecife solicitó una prórroga para ampliar los seis meses que inicialmente tenía de plazo para actuar ante la denuncia.