El juicio por el presunto expolio de casi un millón de euros del Ayuntamiento de Yaiza ha comenzado este martes, tras fracasar el último intento de la defensa del principal acusado, Felipe Fernández Camero, para que se suspendiera la vista.
Lo que sí ha conseguido evitar es la imagen del banquillo, apelando a su condición de abogado para sentarse junto a sus letrados, José Antonio Choclán Montalvo y su hija, Juana Fernández de las Heras, que representa a la sociedad Adelfas 24, a través de la que Camero también cargó facturas a Yaiza.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha accedido a esta petición, pero ha autorizado que los otros tres acusados -el ex alcalde, José Francisco Reyes, el que era secretario interventor, Vicente Bartolomé Fuentes, y el funcionario que lo sustituía en sus vacaciones, Antonio Fernández- hicieran lo mismo. Así, el banquillo ha quedado vacío y los procesados, tras unos instantes de confusión en la sala para reordenar los asientos, han terminado colocándose junto a sus respectivos abogados.
Antes, los letrados habían estado reunidos con el Ministerio Fiscal y con la abogada de la acusación popular, para ofrecer un acuerdo. Al parecer, su propuesta era reconocer uno de los delitos por los que están acusados, el de prevaricación, si se eliminaba el otro, de malversación, que es el que implica penas de cárcel.
Tanto la fiscal como la acusación popular han rechazado esa propuesta y, con hora y media de retraso, la vista ha comenzado, aunque las defensas han aprovechado las cuestiones previas para volver a intentar que se suspendiera.
En el caso del abogado de Camero, ha presentado un nuevo informe pericial de parte, pretendiendo que se admitiera al inicio de la vista. Según ha subrayado la fiscal, con ello pretendía “forzar la suspensión del juicio”, porque admitirlo hubiera supuesto causar “indefensión” a la acusación, que debe tener tiempo para analizarlo y contrarrestarlo con otro dictamen si fuera necesario.
“No procede admitir la prueba. Es extemporánea y no tiene encaje en la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, ha terminado respondiendo la Sala, recordando los años que ha tenido la defensa para aportar las pruebas que considerara pertinentes.
Además, al igual que habían advertido la Fiscalía y la acusación popular, ha subrayado que admitir ese informe “precisaría la suspensión del juicio”. “Y considera este Tribunal que no es procedente”, ha concluido el presidente de la Sala, dando así por fin comienzo a la vista, ocho años después de que concluyera la instrucción de esta causa.
Las defensas alegan prescripción de uno de los delitos
En cuanto al resto de las cuestiones previas, las defensas de todos los acusados han sostenido que el delito de prevaricación -que era justo el que se habrían mostrado dispuestos a admitir- ya estaría prescrito. Para ello, se han remontado a un acuerdo plenario de 1980, por el que se habría acordado la contratación de Felipe Fernández Camero como asesor jurídico del Ayuntamiento de Yaiza, bajo la Alcaldía de Honoro García Bravo.
Aunque los hechos que se juzgan arrancan en 1996, ya con José Francisco Reyes como alcalde, los cuatro abogados defensores se han aferrado a una especie de situación heredada. Así, han sostenido que el delito que podría imputarse a sus clientes sería de prevaricación por omisión, al haber mantenido esa situación sin legalizarla -con los correspondientes procedimientos de contratación- y han defendido que ese delito ya habría prescrito.
“Es absolutamente inviable que opere la prescripción”, ha respondido la fiscal, que ha recordado que están acusados por una “continuidad delictiva” entre los años 1996 y 2012. En ese periodo, Camero cobró casi un millón de euros de Yaiza, tanto por representación en pleitos como con pagos mensuales en concepto de supuesto asesoramiento. Sin embargo, en la pieza principal del caso Yate no se encontró rastro documental de ese asesoramiento, lo que obligó a archivar la imputación contra él en esa causa -en la que estaba investigado como presunto inductor de la conducta delictiva de Reyes en la concesión de licencias ilegales-, y al mismo tiempo dio lugar a esta pieza separada, acusándolo entonces de malversación.
En este caso, aunque las defensas pedían que esta cuestión previa -sobre la supuesta prescripción de uno de los delitos- se resolviera antes de comenzar el juicio, la Audiencia ha respondido que “dada la complejidad jurídica” y la relación directa que guarda con los hechos que se vayan a considerar probados, se resolverá al dictar la sentencia.
Lo mismo ha respondido a otra cuestión previa, planteada en este caso por la defensa de Antonio Fernández, que alegaba indefensión en relación a un tercer delito por el que está acusado, de falsedad documental. Su abogado ha sostenido que en su día, el juez instructor rechazó citarlo como imputado por ese delito, y tampoco hizo referencia a él cuando lo citó después por los otros dos.
El letrado ha reconocido que en ese interrogatorio, la Fiscalía sí le preguntó expresamente por un certificado que emitió, asegurando que Fernández Camero había prestado unos servicios, pero ha insistido en que no se volvió a mencionar expresamente el delito de falsedad documental hasta que se presentó el escrito de acusación, y después en el auto de apertura de juicio oral.
En su opinión, esto supone una “acusación sorpresiva” que vulnera su derecho de defensa, aunque tanto la Fiscalía como la acusación popular, ejercida por Transparencia Urbanística, han sostenido lo contrario. “Es manifiestamente incierto”, ha respondido la fiscal, subrayando que durante la instrucción ya se le preguntó por “ese documento mendaz”, que considera que firmó siendo “consciente de que esos servicios no se prestaron”.
A esto, la abogada de la acusación popular ha añadido que en el auto que puso fin a la instrucción, al que también se había remitido la defensa, no se “delimitaron” los delitos porque la función de ese auto es “describir hechos”, correspondiendo su calificación a las partes, al formular los escritos de acusación, que además no se elevan a definitivos hasta el final del juicio.
"Yaiza no defiende la legalidad"
A éstas se ha sumado otra cuestión previa, planteada en este caso por el abogado de Camero, que ha cuestionado la “legitimidad” de la acusación popular para realizar reclamaciones civiles, en referencia al dinero malversado que solicita que se devuelva al Ayuntamiento de Yaiza.
Al respecto, Choclán Montalvo se ha referido a que el Consistorio no se ha personado siquiera en la causa, a lo que la letrada de la acusación ha respondido recordando todos los juicios de corrupción relacionados con Yaiza en los que no se ha personado el Ayuntamiento.
“Claro que Yaiza no reclama. De eso trata este juicio. De particulares que usan al Ayuntamiento para sus intereses privados. Yaiza no defiende el interés general y no defiende la legalidad”, ha reprochado.
Cambio de orden y renuncia a varios testigos
La primera sesión del juicio, pese al retraso en la hora de comienzo, ha terminado siendo mucho más breve de lo que se esperaba, al renunciar las partes a la mayoría de los testigos que estaban citados para esta jornada. Entre ellos se encontraban dos ex alcaldes posteriores a José Francisco Reyes, Ángel Domínguez y Gladys Acuña, que han acudido a la sede judicial pero se han terminado marchando, al notificarles que finalmente no iban a declarar.
Además, tampoco han declarado todavía los acusados, ya que contra lo que suele ser habitual, la Sala ha aceptado que lo hagan después de los testigos. En el caso de Reyes, se ha acordado que declare el último en la sesión de este miércoles, y su abogado ha pedido que sea por videoconferencia, ya que ha alegado motivos de salud para pedir que no se le obligue a estar presente durante todo el juicio.
De hecho, tras resolverse las cuestiones previas, se le ha autorizado a abandonar la Sala, ya que ha explicado que tenía que ir al hospital, donde recibe tratamiento diario.
Honorio García Bravo y otros dos testigos en el primer día de juicio
Quien sí ha declarado este martes ha sido el antecesor de Reyes en el cargo, Honorio García Bravo, que fue alcalde entre 1976 y 1994. Su comparecencia había sido solicitada por la defensa de José Francisco Reyes, para preguntarle por la primera contratación de Camero como asesor del Ayuntamiento bajo su mandato.
Sin embargo, García Bravo se ha remitido al tiempo transcurrido y ha respondido que no lo recuerda a la mayoría de las preguntas. Así, ha confirmado que Felipe Fernández Camero fue contratado en su época como asesor jurídico, al igual que otros letrados, pero no ha podido dar precisiones ni sobre el acuerdo plenario de 1980 al que se remiten las defensas, ni sobre otras cuestiones por las que ha sido interrogado.
Junto a él, en esta primera jornada del juicio solo han declarado otros dos testigos. Una de ellas es graduada social y trabaja en el Ayuntamiento como responsable del departamento de Personal. Su intervención en la causa se centra solo en un informe que emitió a petición del Juzgado de instrucción, comunicando los periodos en los que uno de los acusados, Antonio Fernández, había reemplazado a Vicente Bartolomé Fuentes como secretario-interventor.
El otro testigo en declarar ha sido el actual secretario-interventor, que llegó al puesto tiempo después de que Bartolomé Fuentes hubiera sido apartado del cargo por su primera condena penal.
En su declaración, se le ha preguntado también por un informe que elaboró, así como por facturas de Camero que estaban pendientes de pago en 2012, cuando se hizo un pago a proveedores a través de un decreto estatal.
Respecto al informe que tuvo que elaborar para el Juzgado, con la relación de pagos a Fernández Camero durante las dos décadas anteriores, ha señalado que les “costó” encontrar la documentación para elaborarlo.
“Los archivos estaban en varias zonas. Había una especie de buhardilla y algo también por la zona de la escalera. Y también había otro cuarto. Todo repartido, sin mucho orden”, ha recordado.