Fotos:Sergio Betancort
El juicio principal del caso Stratvs ha arrancado este martes con diez personas en el banquillo de los acusados y con una petición de la Fiscalía de 15 años de cárcel para el dueño de la bodega, Juan Francisco Rosa. Por su parte, la acusación popular ejercida por Transparencia Urbanística eleva la petición para Rosa a cerca de 20 años de cárcel, en un juicio que está previsto que dure 25 jornadas, las primeras en Lanzarote y después en Las Palmas de Gran Canaria, donde están fijadas las últimas sesiones a principios de abril. La Fiscalía solicita la segunda mayor pena, de 10 años de prisión, para el arquitecto de Stratvs y dueño de una parte de los terrenos, Miguel Ángel Armas Matallana.
En total, en la causa había acusadas 17 personas, aunque varias fueron ya juzgadas y condenadas en la pieza que se separó por el aforamiento de Gladys Acuña, que entonces era parlamentaria regional. No obstante, algunos vuelven a estar también en esta segunda vista, ya que en la primera solo se juzgaron los hechos relacionados con la concesión de la licencia de actividad a la bodega, que fue en lo que intervino Acuña.
Junto a Rosa, en este segundo juicio también repiten como acusados el ex concejal de Urbanismo, José Antonio Rodríguez, y el ex alcalde, José Francisco Reyes, que actualmente está en prisión y ha acudido al juicio esposado y custodiado por la Policía. A ellos se suman ahora en el banquillo el aparejador de la Oficina Técnica de Yaiza, Pablo Carrasco, el técnico Andrés Morales y el encargado del Catastro de Yaiza, Blas Noda.
Imagen del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes esposado durante el juicio de Stratus
Además, también se juzga al que era gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, y a otras tres personas que han ocupado cargos técnicos o políticos en el Gobierno de Canarias: Faustino García Márquez, Armando Villavencio y Juan César Muñoz Sosa. Para estos tres últimos, la Fiscalía pide penas de multa e inhabilitación. Los diez acusados, a los que se suma la sociedad BTL como persona jurídica, está previsto que declaren entre este martes y el próximo jueves 16, una vez que se resuelvan las cuestiones previas con las que se ha iniciado el juicio.
"No pusieron traba alguna a sus desmanes urbanísticos y especulativos"
En su escrito de acusación, que se presentó hace ya casi cinco años, la Fiscalía señala que las administraciones públicas que debían velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística y medioambiental "no pusieron traba alguna a los desmanes urbanísticos y especulativos del empresario, ni a su afán de lucro, a costa de atentar gravemente contra el medio ambiente insular en perjuicio de todos los lanzaroteños".
Tal como puso de relieve la instrucción de esta causa, Juan Francisco Rosa pidió licencia para restaurar una vivienda protegida y para construir un almacén-bodega de 900 metros y lo que hizo fue derribar la casa y construir una nueva más grande, levantando a su alrededor un macrocomplejo de 12.000 metros cuadrados en suelo protegido. Así, además de una bodega de grandes dimensiones construyó también una tienda, un restaurante, cocinas, muros y distintas terrazas que no tenían ningún tipo de cobertura legal y donde realizaba todo tipo de eventos pese a carecer de licencia y con la pasividad de las administraciones, hasta que la juez que instruyó esta causa, Silvia Muñoz, ordenó el precinto.
Además, la Fiscalía sostiene que incluso la primera licencia que obtuvo, y que nada tenía que ver con lo que terminó construyendo, también era ilegal, a lo que se suma que el suelo donde levantó Stratvs ni siquiera era suyo. De hecho, fue ante la proximidad del juicio cuando Rosa compró los terrenos a las familias que estaban personadas en la causa como perjudicadas, consiguiendo así que se retiraran del procedimiento y que dejaran de ejercer la acusación particular.
"Una ficción continua y premeditada"
En el auto que puso fin a la instrucción de esta causa, la juez instructora señalaba que la construcción de Stratvs se basó en una "ficción continua y premeditada", que empezó desde la solicitud del primer permiso. Para ello utilizaron esa vivienda protegida preexistente, que ni siquiera pertenecía a Rosa, pero que era clave para pedir esa primera autorización. Ahí fue donde entró en escena el arquitecto, Miguel Ángel Armas Matallana, que tenía parte de la titularidad de ese suelo a través de su familia, aunque no eran los únicos dueños (otros titulares eran los que se habían personado como acusación en esta causa).
Incluso, en la primera solicitud de licencia ni siquiera aparece el nombre de Rosa sino el de la mujer del arquitecto, que fue quien pidió el primer permiso. Después, esa solicitud fue "mutando" - ya que inicialmente solo se planteaba la rehabilitación de la vivienda preexistente y después se amplió a "restauración de vivienda y almacén", simulando incluso que también existía una antigua bodega-, y al hacerlo se llegó a "falsificar" la firma de la solicitante, según reconoció en los Juzgados su propio marido.
Sin embargo, pese a no aparecer el nombre de Rosa, el Gobierno de Canarias le enviaba a él las notificaciones sobre este expediente. Después, una vez obtenido el permiso, lo que se construyó nada tenía que ver siquiera con el proyecto que se había autorizado, y que también sería ilegal según la Fiscalía. Y a todo esto se sumaron otros "datos falsos", incluyendo alteraciones catastrales y un retraso de cuatro años en el plazo que se había fijado para terminar la obra, sin que el Ayuntamiento actuara pese a haber abierto expediente.
Además, tanto el Juzgado como la Fiscalía concluyeron que "se alteró de forma irreversible uno de los elementos más claramente diferenciados de este espacio protegido, como era el Barranco del Obispo, y se excavaron al menos 44.000 metros cúbicos, con la consiguiente extracción de piedra, tierra y rofe, recurso este último no renovable y que forma parte de los elementos a proteger en La Geria".
"Grave riesgo" por los vertidos contaminantes
El escrito de acusación firmado en su día por Ignacio Stampa, que actualmente ejerce en la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, incluía además otros delitos cometidos presuntamente tras la apertura de la bodega, ya que había informes desde el año 2006 y hasta diciembre de 2008 advirtiendo de que las instalaciones "no cumplían con la normativa en materia de evacuación de aguas residuales". Sin embargo, el Consejo Insular de Aguas dependiente del Cabildo llegó a otorgarle permisos para el sistema de vertidos, pese a que había informes que advertían de la contaminación.
De hecho, la Fiscalía señala que se provocó un "grave riesgo" para el equilibrio del Espacio Protegido e incluso para la salud de las personas, a la vista de los parámetros de contaminación que arrojan los vertidos procedentes de las instalaciones, destacando que únicamente se puso freno a dicha contaminación por parte del Juzgado de Instrucción, al clausurar cautelarmente el complejo ante la permisividad de las autoridades municipales e insulares competentes.
En su escrito de acusación, además de penas de cárcel e importantes multas económicas, la Fiscalía también reclama la demolición del macrocomplejo Stratvs, la clausura definitiva de la actividad y la nulidad de todas las licencias y permisos que se concedieron, así como de las escrituras públicas e inscripciones registrales practicadas con relación al complejo Stratvs.
Ocho condenados en el primer juicio
En cuanto al primer juicio que ya se celebró, fueron condenadas por prevaricación ocho de las diez personas que se sentaron en el banquillo. Una de ellas fue la que era alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, que se vio obligada a dejar la política tras imponérsele 14 años de inhabilitación y el pago de una multa de 10.800 euros, en una sentencia que ya es firme.
También fueron condenados por prevaricación los concejales que formaban parte de la Junta de Gobierno cuando se autorizó la licencia de actividad de Stratvs: Leonardo Rodríguez, Juan Lorenzo Tavío y Evaristo García, así como el ex alcalde, José Francisco Reyes, con quien se inició ese expediente, y el también ex concejal José Antonio Rodríguez, que gobernó primero con Reyes y después con Gladys Acuña. Al igual que la ex alcaldesa, José Antonio Rodríguez fue condenado por omisión, por no haber adoptado medidas contra la bodega y el resto de instalaciones del macrocomplejo Stratvs pese a ser conocedor de su ilegalidad.
Los otros dos condenados en esa pieza fueron el técnico de Yaiza Andrés Morales y el ex secretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes, mientras que resultaron absueltos el técnico del Cabildo Manuel Jesús Spínola Perdomo y el propio Juan Francisco Rosa, que en aquella primera pieza que se juzgó solo estaba acusado de un delito de tráfico de influencias.
Al respecto, la sentencia señalaba que las llamadas telefónicas que habían sido interceptadas por la UCO, en las que Rosa llamaba al concejal de Urbanismo reclamando esa licencia, "no revelan una presión de entidad suficiente" como para condenarle por ese delito. Por eso, solo fueron condenados los políticos y los técnicos que intervinieron para concederle ese permiso. Ahora, sin embargo, el empresario se enfrenta a cargos por más de una decena de delitos de los que sería autor directo, incluyendo delitos contra el medio ambiente, contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico, de estafa, de falsedad documental y de usurpación, que son los principales que se investigaron en esta causa.