El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, ya ha respondido al último requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que le exigió que explicara por qué no ha ejecutado aún la sentencia sobre uno de los esqueletos de Costa Teguise, ubicado junto a La Mareta, advirtiéndole incluso con multas personales de 1.000 euros mensuales y con acciones personales contra él si sigue sin ejecutar el fallo.
En su escrito, fechado el pasado viernes 4 de febrero, Betancort asegura que el Ayuntamiento “no ha evitado el cumplimiento del mandato judicial en ningún momento”, aunque reconoce que “la tramitación se ha visto demorada en el tiempo, entre otros, pero principalmente, debido a la ingente carga de trabajo que soportan los departamentos a que corresponde de esta Entidad, y la escasez de medios humanos para afrontarla”.
“Con el debido respeto, entiendo que no procede a la imposición de multas coercitivas, toda vez que ésta Alcaldía sí quiere dar cumplimiento a la ejecución de la sentencia”, defiende Betancort, que insiste en las “dificultades” para ejecutar el fallo, que fue dictado en el año 2007 y no se ha cumplido desde entonces, pese a que el 2015 el Tribunal ya requirió expresamente al Consistorio para ello.
Además de la falta de personal, el alcalde achaca el retraso a “la envergadura de la obra a demoler” y al coste que supondrá; y también a que “en los últimos meses del pasado año” tuvieron conocimiento de que una nueva mercantil había comprado la parcela. “Deberán notificársele los trámites realizados en ejecución de sentencia, como la obligación a que viene compelida como propietaria de la parcela; y ello para evitar causarle indefensión en un caso y graves perjuicios económicos a las arcas municipales, en el otro”, añade Betancort.
Aporta una propuesta de licitación del servicio de mayo de 2021
Respecto a esos “trámites” llevados a cabo por el Consistorio para cumplir el fallo -que eran sobre los que le pedía explicaciones el Tribunal-, el alcalde solo hace referencia a uno, que es el que aporta como documento. En concreto, se trata de un informe-propuesta firmado en mayo del pasado año por un ingeniero municipal, defendiendo la necesidad de contratar un servicio de consultoría y asistencia técnica para elaborar el proyecto de demolición de la obra y de limpieza del terreno.
Al respecto, el alcalde afirma que el procedimiento de licitación se está “tramitando”, aunque no concreta qué pasos se han dado desde entonces, ni tampoco si se ha requerido a la propiedad para que derribe el esqueleto con recursos propios.
Cabe recordar que el Cabildo -que fue quien denunció esa licencia ilegal y quien consiguió en su día parar la construcción- había pedido la ejecución de la sentencia y el derribo, pero reclamando en primera instancia que se requiriera a la propiedad para asumirlo, y en caso de que no lo hiciera, que lo llevara a cabo el Ayuntamiento, pero cargando los costes generados a la empresa.
Pide al TSJC que revise los pasos dados dentro de dos meses
Por su parte, el alcalde confirma que la única opción que cabe es el derribo, ante la imposibilidad de legalizarlo, y asegura que “deberá estar materializado en el transcurso del presente ejercicio”.
Así, pide al Tribunal más tiempo y se compromete a informarle “cumplida y puntualmente de todos cuantos trámites se van a realizar en el expediente”. Por un lado, para contratar ese servicio externo, para lo que asegura que se “dotará de más medios al área correspondiente". Por otro, con las comunicaciones que “se dirijan” a la nueva entidad propietaria de la parcela, con la que afirma que intentará realizar “gestiones para acortar los plazos y evitar costo a la entidad local”.
Además, establece un plazo de “dos meses” para que el Tribunal pueda revisar “el cumplimiento de todo ello”, pidiéndole que hasta entonces "deje sin efecto" las multas con las que le había advertido.