El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, por el pago adelantado de cuatro millones de euros en mayo de 2020 por una partida de mascarillas que nunca se entregó a la sanidad pública.
En la querella de la Fiscalía también figuran la entonces directora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, quien dimitió del cargo días después de conocerse la investigación iniciada por el Ministerio Público; y el responsable de la empresa RR7 United, Rayco Rubén González, por la presunta comisión de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales relacionados con el llamado "caso Mascarillas".
El instructor ordena en el auto de admisión de la querella, difundido este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la práctica de todas las diligencias solicitadas por el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Javier Ródenas.
El magistrado acuerda por ello que se emita un "urgente" requerimiento al Comité de Gestión de Emergencias Sanitarias de Canarias para que un funcionario competente expida una certificación de los miembros que lo componían desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021 y del que formaba parte Conrado Domínguez antes de ser de nombrado director del SCS.
El instructor reclama las fechas de nombramiento de los integrantes del comité, sus funciones y competencias, así como si tuvieron conocimiento de la adjudicación del contrato a RR7 United SL o, si por el contrario, se trató de una decisión "exclusiva" de Conrado Domínguez como miembro del citado órgano.
El magistrado interesa conocer para su investigación si el resto de los miembros del comité estaban al corriente de las negociaciones de Domínguez -a través de Whatsapp- con los intermediarios de la empresa RR7.
Así mismo, conforme a lo solicitado por la Fiscalía, pide que se proceda al embargo de siete vehículos de alta gama adquiridos por dos empresas ligadas al dueño de RR7: tres Lamborghini, un Bentley, un Mercedes, un Porsche y un Audi, al entender que fueron comprados con el dinero público que obtuvo "de forma ilícita".
Las dos empresas de González con las que compró estos vehículos son Yimbo 7 Inversiones, en la que figura como apoderado, y Berabemar 2017, en la que figura como administradora única su madre y como apoderada la progenitora de los hijos del empresario.
El juez ordena también en su auto, emitido este martes, el bloqueo de los saldos de las cuentas bancarias, depósitos, valores, títulos, acciones, deuda pública, contenido de las cajas de seguridad y otros activos financieros de los investigados.
La querella del "caso Mascarillas" trata de esclarecer una estafa agravada que supuestamente cometió el administrador de RR7 United Limited, Rayco Rubén González, en perjuicio de la sanidad pública, así como las irregularidades que pudo cometer el responsable al director del SCS, Conrado Domínguez, y la directora general de Recursos Económicos de ese organismo en aquellas fechas, Ana María Pérez.
El fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Javier Ródenas, cuestiona que una empresa sin experiencia en la importación de material sanitario, como era RR7 United Limited, con solo un capital social de 3.000 euros, se hiciera con un contrato de suministro a los hospitales públicos de Canarias por un importe de 4 millones de euros.