La Sección Primera de la Audiencia Provincial juzgará los próximos 21 y 22 de noviembre a seis acusados de introducir inmigrantes en una patera que arribó a Playa Blanca en septiembre de 2013. Fiscalía pide para todos ellos una pena de siete años de prisión, más otros dos años y medio sólo para uno de los procesados por un delito contra la salud pública al encontrarse en el registro a su vivienda 22,75 gramos de hachís.
Según se recoge en el escrito de acusación, "los acusados, puestos de común acuerdo y movidos por el ánimo de lucro ajeno, organizaron la llegada de una embarcación a territorio español cobrando entre un millón y dos millones de dirham a cada uno de los inmigrantes, entre unos 20 y 25 aproximadamente, todos ellos mayores de edad, con el fin de llevarlos con ellos a las costas canarias en una embarcación de madera y tamaño reducido, a sabiendas de que incumplían las normas sobre entrada en el territorio nacional y de que, una vez que arribasen, quedarían a su suerte, al carecer de cualquier sistema de protección que les amparase".
La citada embarcación arribó a Playa Blanca, a la zona de La Calimera, en la madrugada del 28 al 29 de septiembre "con todos los inmigrantes en su interior, consiguiendo así el propósito buscado". Según Fiscalía, "dicha embarcación carecía de cualquier sistema de seguridad y de chalecos salvavidas", por lo que con ello se puso "en peligro la vida de los tripulantes".
El acusado Mohammed E.M. "patroneó" la embarcación, que salio de Asfi (Marruecos), junto a Zakarias G., según sostiene el Ministerio Fiscal, mientras que Rachid E.H.A. "se encontraba en tierra y fue la persona encargada de contactar con uno de los patrones" y "señalarle el punto más adecuado para el desembarco con el fin de eludir a los agentes de la autoridad". Él, junto a otros dos acusados, Hichan E.H. y Faouzi E.Y. "se encargaron de recoger y transportar a los integrantes de la embarcación a una vivienda" de la Urbanización El Partidos de Playa Blanca, "domicilio del acusado Mohammed E.M".
Gestionaron la salida de inmigrantes a otros puntos de España
Una vez los inmigrantes fueron alojados, Rachid E.H.A., Zakarias G., Hichan E.H. y Faouzi E.Y. "se encargaron de la custodia y de proporcionarles lo necesario para su estancia". Posteriormente, Mohammed E.M. contacto "con familiares de las personas que había transportado a territorio español para "facilitarles un número de cuenta para que ingresaran las cantidades adeudadas por el viaje, así como las cantidades precisas para la adquisición de billetes de avión" y "una dirección a donde remitir los pasaportes" para "gestionar la salida de los inmigrantes desde Lanzarote a otros puntos de España".
"Una vez recibidas las cantidades de dinero así como los pasaportes, los acusados se encargaban de tramitar la compra de los billetes de avión y de trasladar físicamente en vehículo de alquiler a los inmigrantes al aeropuerto. Con todo ello, días después del desembarco, diversos ocupantes de la embarcación lograban abandonar la isla de Lanzarote, vía aérea, a diversos puntos de España, como a Barcelona, donde fueron interceptados tres de ellos, y a Bilbao", se señala en el escrito de acusación, donde se menciona un sexto acusado, Moustapha L.
Se incautaron más de 22 gramos de hachís en un registro a una vivienda
Tras las investigaciones de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Arrecife, se realizó una entrada y registro el 4 de octubre al domicilio de Mohamed E.M., así como a otro vivienda, ubicada en los Apartamentos Campos de Playa Blanca, que también utilizaban para "esconder" a los inmigrantes. Allí se encontraron 22,75 gramos de hachís, "que Mohamed E.M. pensaba destinar a la venta a terceras personas, consciente de que con su acción generaba el consiguiente riesgo paa la salud pública".La droga incautada, según apunta Fiscalía, hubiera alcanzado en el mercado ilícito un precio de 31.690,75 euros.
Por estos hechos, a Mohamed E.M., además de los siete años de prisión que se solicitan para él por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, también se piden dos años y seis meses de cárcel y una multa de 63.381,50 euros por un delito contra la salud pública. Los seis acusados, que se encontraban en situación irregular en España, fueron enviados a prisión provisional en octubre de 2013.