La patrulla del Seprona de la Guardia Civil de Fuerteventura cerró la pasada semana una segunda instalación de una protectora de animales de la isla vecina, que ya se había enfrentado a otra inspección el 7 de agosto. A raíz de aquella intervención, que terminó con la clausura de las instalaciones y la imputación de la dueña por un presunto delito de maltrato animal, los agentes realizaron la pasada semana una nueva visita a otro "albergue" de la misma asociación, ubicado en la localidad de Puerto Lajas, en Puerto del Rosario.
Los agentes acudieron acompañados por una veterinaria del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y, según han informado este lunes en un comunicado, comprobaron que las instalaciones no eran aptas, "verificándose que las condiciones higiénicas sanitarias no eran las adecuadas", por lo que decidieron proceder a la retirada de los animales.
En total, en las instalaciones había doce perros adultos y tres cachorros, que ya han sido trasladados a Lanzarote, donde se ha hecho cargo de ellos una protectora asentada en Arrecife y llamada Haguayan. Así, por segunda vez llegan a esta isla animales de la asociación intervenida en Fuerteventura.
Tras la primera operación de la Guardia Civil, fue Sara quien se hizo cargo de algunos de los perros. Concretamente, hasta su albergue llegaron siete cachorros con su madre y un bardino de tres meses y medio, que ya está en una casa de acogida. "Se hizo una plataforma en Canarias para ayudar", han explicado a La Voz desde Sara, que tuvo que hacer un esfuerzo para recibir a estos animales, dado que su albergue vuelve a estar desbordado un verano más.
Imputación por un delito de maltrato animal
Mientras tanto, la Guardia Civil ha anunciado que procederá a la imputación de la dueña de las instalaciones de Fuerteventura, de iniciales G.C. y nacionalidad extranjera, por un supuesto delito de maltrato animal, "al poseer en su propiedad varios animales domésticos en condiciones que menoscaban gravemente la salud de los mismos".
Desde este cuerpo recuerdan que este delito puede conllevar penas que van desde los 3 meses a 1 año de prisión, así como una inhabilitación especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.
Paralelamente se comprobará, mediante la base de datos ZOOCAN (Registro Canario de Identificación Animal), "las identificaciones de los animales incautados mediante los preceptivos microchips, para comprobar si sus legítimos dueños han presentado las correspondientes denuncias por su sustracción o desaparición".
En el caso de que los propietarios no hayan denunciado su desaparición, se contactará con ellos para que los recojan o, en caso contrario, serán denunciados en virtud de Ley autonómica de Canarias de Protección de los Animales.