El Grupo de Investigación y Análisis (GIAT) del Subsector de Tráfico de Las Palmas de la Guardia Civil, con la colaboración de la Jefatura de Tráfico de la misma provincia, ha procedido a la investigación de 16 directivos y profesores de distintas autoescuelas y de un total de 22 alumnos.
Según ha informado la la Benemérita, las autoescuelas investigadas, tanto de Gran Canaria como de Lanzarote y Fuerteventura, certificaban falsamente a determinados alumnos que habían superado el curso de formación para obtener el permiso de conducción de la clase “A”.
En el transcurso de la investigación, desarrollada entre los años 2019 y 2020, también se pudo detectar una autoescuela en Fuerteventura que expedía, sin cumplir los requisitos legales, certificados que acreditan para la conducción de vehículos de transporte de materias peligrosas, siendo investigados por estos hechos el titular y la directora del centro
Inicio de la investigación
La investigación comenzó a mediados del año 2018, al tenerse informaciones en la Guardia Civil que indicaban que, de forma significativa, alumnos matriculados en algunas autoescuelas para realizar el curso progresivo para la obtención del permiso de conducción de la clase “A”, el cual habilita a conducir motocicletas de más de 125 cc sin límite de potencia, obtenían el citado carnet sin realizar o completar las actividades formativas, siéndoles expedido el Certificado de aptitud de forma fraudulenta.
En este sentido, se apunta que los efectivos de la Guardia Civil eran conocedores de que en los últimos años el índice de siniestros viales de motocicletas con resultado grave se ha venido incrementando, tanto en valores absolutos como en proporción al total de siniestros, según se desprende de los informes del Observatorio Nacional de Seguridad vial. Así, de entre los factores que pueden influir en este aumento, no descartan la falta de conocimientos, mentalización y destreza en el manejo de los vehículos de dos ruedas por parte de los conductores implicados.
Por otra parte, la Jefatura de Tráfico había puesto en conocimiento de los agentes un escrito presentado por el responsable de una autoescuela, dando cuenta de distintas irregularidades detectadas personalmente en la forma de impartir los cursos por parte de otros centros, lo que redundaba en la mala calidad de la formación y en la mala imagen proyectada sobre el sector de la formación vial en general.
Investigación e imputación
Con estas premisas y contando con la colaboración de los responsables de la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas, los agentes iniciaron un seguimiento del desarrollo de los cursos programados por las distintas autoescuelas en las islas de esta provincia, recopilando datos de asistencia de los alumnos matriculados y documentación gráfica de la actividad desarrollada.
El análisis de esta información reveló que en numerosas ocasiones los alumnos no acudían al centro de aprendizaje, o lo hacían por tiempo inferior al programado. Del mismo modo, se comprobó que las prácticas de destreza en circuito cerrado o el manejo de motocicletas en vías abiertas al tráfico en general, no se realizaban o se llevaban a cabo de forma muy superficial y sin ajustarse al programa establecido.
Cursos para el transporte de mercancía peligrosa
En el curso de las investigaciones, que incluyeron a un gran número de centros de formación vial, se detectó uno de ellos radicado en Fuerteventura, el cual venía impartiendo desde el año 2017 cursos para obtener el certificado que habilita para la conducción de vehículos de transporte de materias peligrosas mediante personal docente no titulado, expidiendo las certificaciones bajo el nombre y la firma de profesores si titulados pero que no pertenecían al centro, suplantando su identidad. Se detectaron un total de 14 certificados expedidos en estas circunstancias sin conocimiento de los afectados, que podrían ver revocada la autorización obtenida.
El titular y la directora de la autoescuela fueron investigados por estos hechos y esa parte de la investigación recayó en los Juzgados de Instrucción de Puerto del Rosario.
Una vez en poder de esta información, la Guardia Civil llamó a declarar a las personas implicadas, como supuestos autores del delito de falsedad de documentos oficiales y de certificados.
Desde la Benemérita se recuerda que el delito de falsedad en documentos públicos, oficiales mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación tipificado en el artículo 390 del Código Penal y que, cuando es cometido por particulares, tiene prevista la pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis meses a doce meses.