La sección sindical de Acaip-UGT ha denunciado un nuevo episodio de violencia en el Centro Penitenciario de Tahíche, que afirman que se ha saldado con tres funcionarios heridos. Según explica el sindicato, los “graves altercados” se produjeron en la tarde del miércoles, en el módulo de aislamiento.
Allí estaba ingresado uno de los internos “por protagonizar otros incidentes”, pero por la tarde salió a hacer una videollamada y estuvo en contacto con reclusos de otro departamento. A su regreso a aislamiento, según el sindicato, se le informó de que iba a ser cacheado, “por si portaba algún objeto prohibido”. En ese momento, afirman que comenzó “a golpear a puñetazos y patadas tanto al jefe de servicios como a dos funcionarios”, y que cuando finalmente fue reducido, amenazó de muerte “a todos los trabajadores presentes, así como a sus familias”.
“Como consecuencia de estos hechos, tres funcionarios son golpeados y tienen que ser atendidos en la enfermería del centro en una primera exploración, sufriendo numerosas contusiones y lesiones en diferentes partes del cuerpo”, afirma Acaip-UGT.
Además, subrayan que se trata de un interno “especialmente conflictivo” y vuelven a denunciar que la cárcel de Lanzarote no está preparada “ni arquitectónica, ni humana, ni materialmente” para acoger a este tipo de presos que son trasladados desde otras islas. En este caso, el interno procedía de Tenerife y en septiembre había sido derivado a otro centro “tras protagonizar distintos incidentes”, pero regresó a Lanzarote el pasado mes de febrero.
Para Acaip-UGT, “es necesario facilitar a los trabajadores la formación necesaria para enfrentarse a estas situaciones violentas y el apoyo psicológico adecuado cuando se producen ataques verbales y físicos”.
Además, recuerdan que “una de las reivindicaciones históricas de los trabajadores penitenciarios es la consideración de agentes de la autoridad, medida imprescindible para dotar de armas jurídicas a un colectivo muy castigado, para que toda actitud violenta tenga repercusión penal y no solo administrativa”.
Por último, señalan que “es básico que estos aspectos junto con las mejoras retributivas y laborales queden reflejadas en la Ley de Función Pública Penitenciaria, que urge sacar adelante después de más de 4 años de conflicto colectivo”.