La Guardia Civil ha abierto expedientes disciplinarios a un cabo y a un agente por la difusión del vídeo del operativo en el que fue el juez Ricardo Fiestras fue denunciado por incumplir las medidas contra la Covid, en una reunión privada en un chalet en el municipio de Yaiza, cuando la isla se encontraba en nivel 4 de alerta sanitaria el pasado mes de febrero.
Según ha confirmado el portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles, José Cobo, se trata del cabo que estaba al frente del operativo y del agente que grabó las imágenes, que acabaron llegando a los medios de comunicación. Ambos se enfrentan a una posible sanción grave tras la queja que fue elevada a la Guardia Civil por el magistrado Ricardo Fiestras.
Esa sanción, según ha explicado Cobo, podría ir desde los cuatro días de suspensión de empleo y sueldo hasta la pérdida de destino. No obstante, ha señalado que tras haberse incoado los expedientes por la presunta comisión de una falta grave, los agentes tienen un plazo "para defenderse y presentar alegaciones".
En concreto, fue el Grupo de Intervención Rápida (GIR) de la Guardia Civil quien llevó a cabo dicho operativo en un chalet ubicado entre Puerto Calero y Uga, donde el juez había acudido a pasar unos días con su pareja. Allí, según admitió el propio entorno del magistrado, se juntaron cerca de una decena de personas, cuando la normativa en vigor en ese momento en Lanzarote, que se encontraba en nivel de alerta 4 por la incidencia de la Covid, solo permitía encuentros de un máximo de dos personas no convivientes. Entre ellos, se encontraba Fernando Becerra, condenado en el caso Unión.
En su momento, el propio magistrado reconoció que “pudo haber una vulneración de las normas” y tanto él como los demás participantes estaban dispuestos a aceptar la sanción, aunque discrepaba de las "versiones" que circulaban negando que fuera una fiesta. No obstante, el motivo de su queja ante la Guardia Civil, y que firmaron otras personas que estaban con él, no fue la actuación en sí, sino en el hecho de que los agentes grabaran un vídeo que acabó siendo difundido, según confirmaron entonces fuentes cercanas al magistrado.
Tras ello, se abrió un expediente de información reservada en la Guardia Civil, que es el paso previo para determinar la apertura de un procedimiento disciplinario, como así ha ocurrido. Además de proponer una sanción grave, el portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles ha confirmado que, con carácter previo a la apertura de los expedientes disciplinarios, también se propuso hacer cambios en el Grupo de Intervención Rápida (GIR) y sustituir a los agentes implicados. "Ellos están destinados oficialmente en los distintos puestos de la isla, volverían a esas unidades, y en el GIR entrarían otros agentes", ha señalado.