Diez días después de que el Hospital Molina Orosa se negara a atender a una embarazada de riesgo y cinco días después de que este medio hiciera pública su historia, Sanidad sigue sin aclarar qué ocurrió con este caso. Mientras tanto, otras funcionarias que pertenecen a la misma mutualidad que la afectada, que al final tuvo que coger un vuelo y salir de la isla en la semana 33 de gestación para recibir asistencia, temen enfrentarse a una situación similar.
Inicialmente, desde la gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote defendieron el pasado lunes el protocolo aplicado, insistiendo en que la paciente no pertenecía a la Seguridad Social, que su aseguradora tenía que hacerse cargo de buscarle atención privada y que solo podía acceder al hospital público por urgencias. Sin embargo, en ese momento no supieron responder si existe un concierto para atender pacientes de mutuas y de aseguradoras que no puedan ofrecer determinados servicios en Lanzarote. Cinco días después, desde el hospital afirman que siguen “estudiando” el caso y no han dado respuesta a esa pregunta, ni tampoco han contestado a la queja presentada el pasado 28 de abril por la paciente, que la pasada semana tuvo que salir de la isla e ingresar en un centro privado en Madrid, ante el riesgo vital para uno de los dos bebés que espera.
Al respecto, la Ley General de Sanidad es clara, y reconoce el derecho de todos los españoles a recibir asistencia médica pública. “Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles” y “las normas de utilización de los servicios sanitarios serán iguales para todos, independientemente de la condición en que se acceda a los mismos”, señala en dos de sus artículos esa Ley, que lo que hace es desarrollar el artículo de la Constitución que reconoce “el derecho a la protección de la salud” de todos los ciudadanos. La única diferencia es que en algunos casos, esa asistencia se facturará después al interesado o a su compañía de seguros, que era exactamente lo que pedía esta paciente.
Regulado en Canarias desde hace más de una década
La Ley, de hecho, recoge expresamente que “los usuarios sin derecho a la asistencia de los Servicios de Salud podrán acceder a los servicios sanitarios con la consideración de pacientes privados”, en las mismas condiciones y con los mismos derechos que cualquier otro. Y en esos casos, establece es que “la facturación por la atención de estos pacientes será efectuada por las respectivas administraciones de los centros, tomando como base los costes efectivos”.
En Canarias, esos costes están incluso regulados por decreto desde hace más de una década, con unas tarifas que están fijadas según el tipo de intervención -incluyendo desde consultas médicas y pruebas diagnósticas hasta operaciones o partos- y que se han ido actualizando en los años siguientes. En ese decreto del Gobierno de Canarias, de 26 de junio de 2009, queda claro que lo que deben hacer los centros públicos cuando un paciente no pertenece a la Seguridad Social es prestar la atención y después “reclamar” el pago, bien a la compañía aseguradora si la tiene o directamente al paciente.
En este caso, la afectada está afiliada a una mutualidad por su condición de funcionaria y a través de ella tiene un seguro privado con Mapfre. Y cuando sufrió complicaciones en la recta final del embarazo, su ginecólogo le indicó que requería un seguimiento hospitalario que excedía ya de su consulta, remitiéndola al Hospital General. Y lo mismo le indicaron desde Mapfre, que afirma que es el protocolo habitual en Lanzarote, donde no tienen otro centro al que derivar a sus pacientes para casos como éste.
La aseguradora se comprometía a correr con todos los gastos e incluso emitió dos volantes, pero en el centro público de la isla se negaron a aceptarlos. Casi diez días después, la afectada ni siquiera ha recibido contestación a la queja que presentó el pasado 28 de abril, y a la que le indicaron que le responderían “en 48 horas”. Eso sí, le adelantaron que la respuesta sería negativa, aunque de momento siguen sin emitir esa contestación por escrito, y la afectada tampoco ha vuelto a recibir ninguna llamada desde el Hospital. Las únicas que recibió fue en los días previos a salir de la isla, cuando desde Atención al Paciente insistían en que no podían darle cita para consulta ni programar una cesárea.
Mapfre afirma que lo ocurrido no tiene precedentes
Por su parte, desde Mapfre afirman que no se explican lo que ha ocurrido con este caso, ya que aseguran que han derivado a otros pacientes al mismo hospital y a otros centros públicos de Canarias sin haber tenido problemas hasta ahora. Al respecto, se remiten entre otras cosas al convenio que tienen con la Mutualidad General Judicial, a la que pertenece esta paciente, que les obliga a prestar servicio a los asegurados en su propio municipio de residencia, bien en centros privados o en “los correspondientes servicios públicos, asumiendo directamente los gastos que pudieran facturarse”. Y eso es lo que pretendían hacer también en este caso, hasta que el hospital denegó esa posibilidad, en circunstancias que siguen sin aclararse.
La propia paciente hacía referencia en su queja a otras tres compañeras y parejas de compañeros que habían pasado por circunstancias similares y que sí habían recibido atención en el Molina Orosa a través de Mapfre, en uno de los casos también con una cesárea programada, que fue precisamente lo que le denegaron a ella.
La postura del hospital fue señalar que solo podían dar atención por urgencias, pero no programar una cesárea o hacer la vigilancia y monitorización previa que requería este caso. Sin embargo, su ginecólogo le había advertido que uno de los bebés que espera se estaba quedando sin líquido amniótico y que era necesario un seguimiento constante. De hecho, desde que llegó a Madrid fue ingresada y ahora sigue en vigilancia permanente, para controlar la evolución del líquido amniótico. El objetivo es retrasar lo más posible la cesárea, porque el crecimiento de ese bebé se había frenado y la intención es darle el máximo tiempo de desarrollo, pero con la vigilancia constante para intervenir en cuanto sea necesario.
Mientras tanto, sigue esperando la respuesta de Sanidad para ver por qué se le denegó esa asistencia en el Hospital de Lanzarote, máxime cuando había entregado los volantes de Mapfre para que la aseguradora corriera con los gastos. Además, ya ha advertido con emprender acciones judiciales una vez que supere esta situación y nazcan los gemelos, que quería haber alumbrado en Lanzarote pero que finalmente nacerán en Madrid, tras una experiencia “angustiosa” que le obligó a coger un avión en la semana 33 de embarazo y en medio de una pandemia. Y también esperan esa respuesta otras funcionarias de la misma mutualidad, ante el temor de que una situación así pueda volver a repetirse si se presenta algún problema en sus embarazos.