En Lanzarote hay 124 personas en lista de espera para conseguir una plaza en centros residenciales y diurnos, a pesar de tener reconocido el máximo grado de dependencia, según datos del Cabildo de Lanzarote, recogidos por un informe de la Diputación del Común.
Concretamente, 67 mayores y sus familias esperan día tras día una llamada que no llega, una llamada que les confirme que por fin pueden ingresar en un centro residencial; mientras que otros 37 siguen en la lista para entrar a centros de día. Además, 20 personas con discapacidad intelectual también se encuentran en esta situación.
Sin embargo, el número total de dependientes que esperan por este servicio es mucho mayor, ya que a los que tienen reconocido el Grado III (dependencia grave) se le suman los que tienen los Grados I y II (dependencia moderada y severa), así como aquellas personas que continúan en la "interminable" batalla por su reconocimiento médico.
Además, el informe señala que los canarios piden menos la dependencia que en otras comunidades porque “no confían en el sistema”. “Muchos se preguntan para qué la voy a pedir si nunca llega, aunque también puede haber desconocimiento de las ayudas y de los procedimientos o incapacidad para tramitarlo”, ha explicado Felipe Afonso El Jaber, adjunto primero de la institución.
Actualmente en Lanzarote hay 616 plazas en centros residenciales y diurnos repartidos por la geografía de la isla, que son insuficientes para la demanda.
La construcción del nuevo centro vuelve al punto de partida
Para paliar esta situación, el Cabildo de Lanzarote inició un proyecto para construir un centro sociosanitario para mayores, que contaría con 130 plazas de residencia de alto requerimiento y un centro de día, con 50 plazas más, recogido en el II Plan de Infraestructuras de Canarias.
No obstante, a pesar de que ese proyecto se encontraba en fase de subsanación por parte de la empresa adjudicataria en diciembre de 2021, está lejos de convertirse en una realidad. El Cabildo decidió resolver el contrato y proceder a una nueva adjudicación el pasado mes de marzo por los “incumplimientos continuos” por parte de UTE Residenza Sanitaria, la empresa que había resultado adjudicataria.
Se estimaba que el nuevo centro sociosanitario, que contaba con un presupuesto de 18.882.584 euros entre ejecución y equipamiento esencial, viera la luz en un plazo de 18 meses, un plazo que inevitablemente se alargará mucho más en el tiempo, tras volver al punto de partida.
Además, es importante mencionar que en el informe de la Diputación del Común no confirma que estas nuevas plazas previstas cubran las necesidades reales de la ciudadanía detectadas en Lanzarote, y subraya que no se ha hecho una estimación del número de centros o plazas que se deberían crear, ya que las cifras reflejadas en el informe podrían ser mucho mayores por el lento proceso de reconocimiento médico que sufren estas personas.
“Hay una importante desigualdad en el crecimiento de servicios y plazas de residencia de mayores y de la discapacidad entre las distintas islas, llegando incluso a ocurrir que, en la isla de Lanzarote, no existen servicios específicos para la atención de personas con discapacidad física”, afirman desde el Colegio Profesional del Trabajo Social de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife.
Canarias, la vergüenza de España en términos de dependencia
La situación de Lanzarote no es una excepción en el archipiélago, y el diputado del común concluye que "en Canarias se vulneran los derechos fundamentales de las personas dependientes".
Con un gasto por habitante inferior a la mitad de la media española, Canarias afronta listas de espera de 45 meses, nueve muertes diarias de afectados que no han recibido prestación y un déficit de 8.500 plazas residenciales, por lo que desde la institución señalan que la situación es "grave".
Según el último informe que habían emitido, correspondiente a 2020, la espera estaba en 927 días, pero ahora la sitúa en 1.350.
"Subir el presupuesto para dependencia es una de las conclusiones más obvias, pero también mejorar la organización, facilitar la colaboración entre administraciones y promover residencias sociosanitarias más cercanas y humanas", insiste El Jaber.