Doce años de prisión, orden de alejamiento durante 20 años y una indemnización por daños de 10.000 euros. Ésta es la petición de la Fiscalía para un hombre acusado de agredir sexualmente a su ex pareja, cuando se encontraban en trámites de divorcio. El juicio, que corre a cargo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, está previsto que se celebre el próximo martes por la mañana en Arrecife.
Sobre este hombre, de nacionalidad española, iniciales J.M.B.C. y 57 años, pesa desde el 12 de abril de 2012 una orden de alejamiento de su ex esposa. Un día antes, según el escrito de acusación de la Fiscalía, había golpeado y violado a su expareja. El relato del fiscal explica que el acusado la estaba esperando a las 8.20 horas, cuando ella llevaba al hijo menor de ambos al colegio en Arrecife. La invitó entonces a su domicilio, "para hablar del divorcio de ambos, a lo que su ex pareja accedió".
Sin embargo, cuando abrió la puerta de la casa, "la agarró fuertemente por las manos, arrastrándola hacia el dormitorio y una vez en su interior la empujó encima de la cama, aprovechando ese momento para cerrar con llave el dormitorio y esconderla". En ese momento, continúa el escrito, "se bajó los pantalones" y le quitó la ropa "a la fuerza", "hasta que la desnudó por completo".
Tras despojarla de su ropa, "comenzó a golpearla en los muslos, la cintura y los glúteos mientras le decía 'vas a ser mi esclava'". Ella trató de "zafarse", pero no lo logró. Y él, "lejos de abandonar su propósito, la obligó a practicarle sexo oral a pesar de la negativa de ella". La agresión no quedó ahí y después, según plasma la Fiscalía, la "penetró vaginalmente sin ningún tipo de protección mientras ella lloraba".
Como consecuencia de esa agresión, la mujer sufrió diversas lesiones en la parte baja del vientre, los glúteos y el muslo izquierdo. El fiscal considera que estos hechos constituyen un delito de agresión sexual, por el que pide para J.M.B.C. 12 años de prisión y la prohibición de acercarse, durante 20 años, a menos de 500 metros del lugar de trabajo, el domicilio o cualquier lugar en el que se encuentre la víctima, así como de comunicarse con ella "por cualquier medio". Solicita, además, la indemnización de 10.000 euros por daños morales y que, en caso de que sea condenado, las medidas de protección se mantengan hasta que la sentencia sea firme.